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Los andaluces no pueden esperar dos años para tener una renta básica de inclusión social

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La Plataforma Compromiso Social por el Progreso de Andalucía y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Andalucía califican de inaceptable el rechazo del Gobierno andaluz a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa por una renta básica, que con su firma ha sido avalada por más de 40.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas andaluzas.
[su_pullquote align=»right»]Ley de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por un sistema de renta básica para la inclusión en Andalucía ha sido avalada por más de 40.000 firmas.[/su_pullquote]Desde la Plataforma Compromiso Social por el Progreso  de Andalucía y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) no entendemos  las razones que ha llevado al ejecutivo andaluz a manifestarse en contra  de la tramitación como Ley de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por un sistema de  renta básica para la inclusión en Andalucía, que ha sido  avalada por más de 40.000 firmas, y que ha sido promovida por la Plataforma integrada por organizaciones sociales, sindicatos, y asociaciones  de ámbito andaluz.
[su_pullquote align=»right»]El Gobierno de Andalucía, reunido ayer en Consejo, ha entendido que en Andalucía no hay una urgencia social para atender a más de las 280.000 familias que carecen de todo tipo de recursos.[/su_pullquote]Es la primera vez que una Iniciativa de este calado se pone en marcha en nuestra Comunidad Autónoma. Se ha cumplido sobradamente con todos los requisitos que la legislación establece para la admisión de una Iniciativa por el Parlamento de Andalucía.  Sin embargo, ha sido  el Gobierno de Andalucía, reunido ayer en Consejo,  el que ha entendido que en Andalucía no hay  una urgencia social para atender a más de las 280.000  familias que carecen de todo tipo de recursos, que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que no pueden esperar a   finales del año 2016 a  que se inicie los trabajos que pueda dar lugar en un futuro a  una Ley.

Desde la Plataforma y EAPN-A entendemos que es urgente abordar estas realidades sociales con políticas integradoras de protección y ayuda a favor  de quienes peor lo están pasando. El Gobierno andaluz, según la Plataforma,  ha demostrado con su rechazo que se encuentra muy alejado de las necesidades de los andaluces y andaluzas, y que le falta sensibilidad para entender que hay miles de familias que no pueden esperar.
CKBsL3vWgAApxFvLa Plataforma ciudadana y EAPN-A han presentado al ejecutivo andaluz un texto normativo viable económicamente y socialmente necesario y prioritario. Es preocupante  para la salud democrática de una comunidad que los gobiernos, y en este caso, el gobierno andaluz vete  las Iniciativas de participación ciudadana, escudándose en que ya se está trabajando en la elaboración de un Anteproyecto de Ley sobre la misma materia, despreciando el trabajo de cientos de personas que se han movilizado para dotar a nuestra comunidad de una norma que regula el derecho ya  reconocido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía a una renta básica que garantice a las personas una condiciones de vida digna y  eliminar el riesgo de exclusión social, personal y laboral. Andalucía es, en la actualidad,  de las pocas comunidades que no cuentan con una Ley de Renta Básica.
CKBrvENWUAAWggsLa Plataforma Compromiso Social por el Progreso de Andalucía y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social exigen al Gobierno de Andalucía que no eleve su  Acuerdo de rechazo a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regulación de un Sistema de Renta Básica para la Inclusión en Andalucía  al Pleno del Parlamento y que  todos los grupos parlamentarios puedan exponer su criterio y opinión al respecto.
La Plataforma  considera urgente la aprobación de la norma y reclama al ejecutivo andaluz que no se esconda tras el Reglamento para hurtar el debate de quienes representan a la ciudadanía

EAPN AndalucíaLos andaluces no pueden esperar dos años para tener una renta básica de inclusión social

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