EAPN ANDALUCÍA
La Plataforma por la Justicia Fiscal de Andalucía (PxJF-A), en su compromiso con la justicia fiscal como elemento necesario para avanzar en la justicia social, quiere trasladar a la opinión pública andaluza las siguientes reflexiones ante las próximas elecciones autonómicas:
- Entendemos necesario recordar en este momento que los tributos son las contribuciones de los agentes económicos a la financiación del gasto público y, como tales, deben ser suficientes para el mantenimiento del Estado de Bienestar que la sociedad demanda, así como regirse por los principios de igualdad y de progresividad que marca la Constitución Española en su artículo 31. En dicho artículo, el principio de igualdad, implica que, a igual capacidad económica, la contribución tributaria ha de ser la misma. Y el de progresividad, que garantice que cuanto mayor sea la capacidad económica, mayor debe ser la contribución.
- Andalucía tenía en 2020, según el INE, un PIB por habitante equivalente al 75% de la media nacional y una Tasa de Pobreza del 28,5%, más de un tercio superior a la del conjunto de España. Además, es la tercera Comunidad con una mayor Tasa de Riesgo de Pobreza y Exclusión (Tasa AROPE), un 33% mayor que la media del país. Asimismo, sufre una de las mayores tasas de desigualdad.
- Su financiación es muy insuficiente, siendo en 2021 la penúltima Comunidad Autónoma en presupuesto per cápita de todo el país (Fundación CIVIO).Frente a esta realidad, la inversión por persona en los principales servicios públicos, claves para paliar las desigualdades que produce la economía, en educación es solo ligeramente superior a la media y, en sanidad, muy inferior, lo que ha agravado aún más la atención pública en estos tiempos de crisis sanitaria. Sin esfuerzos públicos adicionales en estos servicios no se puede avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad andaluza.
- En cuanto a la suficiencia, hay que destacar que España tiene todavía una “presión fiscal” menor que la que tiene el conjunto de la UE y mucho menor que la de los países de nuestro entorno. Cualquier disminución de los ingresos fiscales y, más aún en el caso de Andalucía, tan necesitada de más y mejores servicios públicos, tendría un impacto social que puede ser definitivo para personas que están en riesgo de caer o de quedar atrapadas permanentemente en dinámicas de exclusión.
- Y en cuanto a la progresividad, destacamos que cualquier reducción lineal en los tipos de gravamen sobre impuestos progresivos (como en el IRPF) tiene el efecto contrario, así como la reducción de aquellos que afectan en particular a las riquezas más altas, patrimonio o sucesiones, salvo que se compensaran con otras figuras impositivas progresivas.
- Aplicar medidas regresivas en el sistema tributario andaluz conllevaría una reducción de la parte autonómica de inversión en políticas de protección social que amparan especialmente a quienes tienen las rentas más bajas.
- Por otra parte, la realidad se ha encargado de desmentir sobradamente que a una bajada de impuestos seguiría automáticamente una mayor actividad económica por parte del sector privado.
A partir de estas reflexiones, nuestras demandas son:
1. Pedimos que cualquier reducción de los ingresos públicos que se propugne sea evaluada con transparencia, dejando claro a quienes beneficia y en qué cuantía, así como qué reducción del gasto público supondría y a quién le afectaría en particular.
2. Recordando que España tiene todavía menor “presión fiscal” que los países de nuestro entorno y teniendo en cuenta los actuales niveles socioeconómicos de Andalucía, propugnamos medidas que, manteniendo el principio de progresividad, puedan incrementar los recursos públicos de nuestra Comunidad. Esto, más allá de la habitual simplificación limitada a debatir en genérico lo de “si subir o bajar impuestos” que, no olvidemos, son las contribuciones sociales de todos para el mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar.
3. Por lo anterior, instamos a todos los partidos políticos que concurren a estas elecciones a que aporten iniciativas tendentes a aumentar la progresividad fiscal, incrementar la lucha contra el fraude y cumplir el principio de suficiencia, garantizando el sostenimiento de los servicios públicos como el más eficaz camino para la mejora de las condiciones de vida de los andaluces y andaluzas.
La discapacidad no es neutra en términos económicos y de renta. Las familias de personas con discapacidad y por tanto las niñas y los niños con discapacidad que en ellas viven, sufren más intensamente el riesgo de la pobreza y la exclusión, ya que la discapacidad lleva consigo casi siempre menor renta disponible y también mayor gasto, dándose el llamado agravio económico por motivos de discapacidad. Estas familias ingresan menos y gastan más.
