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La Mesa del Tercer Sector de Andalucía considera “necesaria y justa” la reforma de financiación autonómica

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Representantes de organizaciones sociales integrantes de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía han mantenido una reunión con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para abordar la financiación autonómica en relación con estas entidades y la propuesta de reforma recientemente aprobada por el Parlamento andaluz. Al término del encuentro, el presidente de la Mesa, Manuel Sánchez Montero, ha destacado el “apoyo pleno” de la plataforma a estas reivindicaciones que consideran “necesarias y justas”.

“Andalucía no se puede permitir seguir perdiendo financiación, ya que se podrían dejar de garantizar servicios esenciales para la población andaluza”, ha dicho Sánchez Montero, que ha cifrado en más de 1.000 millones de euros el importe que la comunidad viene perdiendo durante los últimos años. La Mesa del Tercer Sector de Andalucía se suma por tanto al “apoyo casi unánime hacia un reparto más igualitario y en el que la región reciba un trato fiscal justo, sin dar lugar además a que en el Estado español se incumpla el principio de solidaridad”, y ha valorado de forma positiva la postura común en este tema de partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y otros sectores de referencia.

El máximo responsable de la Mesa, además, se ha mostrado “muy preocupado” por la financiación del Tercer Sector andaluz, especialmente estos días en que se ha iniciado la campaña del IRPF. El impacto de la llamada X Solidaria y la recaudación del 0,7% de los impuestos en la Declaración de la Renta “vino muy tarde” en 2017, de ahí que este año haya cierto temor al “desgaste” que eso supone para técnicos de las organizaciones sociales y de la propia Administración.

Sánchez Montero ha señalado que marcar la casilla 106 destinada a fines sociales resulta “fundamental” para que puedan reforzarse los servicios destinados a personas en situación de vulnerabilidad, y ha criticado el hecho de que la nueva aplicación móvil no permita hacerlo –ya que la app solo sirve para confirmar el borrador y no marca la casilla por defecto. En este sentido, el presidente de la Mesa ha hecho público el compromiso de la presidenta de la Junta para elevar esta queja del Tercer Sector al Gobierno central.

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La Junta y el Tercer Sector reforzarán su colaboración a través del contrato social

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La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado en el Pleno del Parlamento que la Junta de Andalucía y el Tercer Sector reforzarán su colaboración a través del contrato social, y además ha informado sobre la incorporación de cláusulas sociales en la gestión de los servicios sociales públicos, que se va a llevar a cabo de forma paulatina a partir del próximo año. El objetivo es promover una contratación responsable en la gestión de servicios públicos, introduciendo factores sociales como la apuesta por el empleo de personas pertenecientes a colectivos con dificultades de acceso al mismo. María José Sánchez Rubio ha especificado que la incorporación de criterios sociales en la contratación pública es una forma de «apostar por empresas responsables y sensibilizadas».

En su intervención, y en respuesta a una pregunta planteada por el Grupo Socialista, Sánchez Rubio ha aclarado que el cambio en la fórmula actual de la gestión de estos servicios obedece a las nuevas exigencias legales. Ha especificado que la incorporación de criterios sociales en la contratación pública es una forma de «apostar por empresas responsables y sensibilizadas» con el cumplimiento de unos requisitos que van más allá de la solvencia y la capacidad técnica. A modo de ejemplo, se ha referido a la promoción de empleo entre personas con discapacidad.

Ha insistido en que, independientemente de la fórmula, «lo importante es garantizar la asistencia a las personas y la prestación de los servicios» y, en este sentido, ha asegurado que el cambio de modalidad no afectará al contenido, puesto que se trata sólo de una modificación del procedimiento actual. El sistema también permitirá a las entidades sociales acceder a la concertación en materia de servicios sociales con la Administración andaluza.

Sánchez Rubio también ha destacado que la futura Ley de Servicios Sociales de Andalucía, cuya tramitación parlamentaria se está ultimando, contempla la gestión de servicios públicos y espera que el proyecto sea aprobado lo antes posible para regular el sistema de los servicios sociales y garantizar los derechos subjetivos de las personas más vulnerables. En total, en la Mesa del Tercer Sector están representadas 1.672 organizaciones sin ánimo de lucro, de las que 1.225 son de la plataforma de discapacidad, 400 de voluntariado y 47 de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza.

Por último, la consejera ha recordado que la presidenta de la Junta ha informado a la Mesa del Tercer Sector de Andalucía sobre esta modalidad que será «prioritaria una vez se apruebe la Ley de Servicios Sociales». La Mesa está integrada por organizaciones y entidades de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (Cermi-Andalucía), la Plataforma Andaluza de Voluntariado, Cáritas Regional de Andalucía y Cruz Roja Española en Andalucía y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Andalucía.

En total, en la Mesa del Tercer Sector están representadas 1.672 organizaciones sin ánimo de lucro, de las que 1.225 son de la plataforma de discapacidad, 400 de voluntariado y 47 de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza.

Este sector está integrado en Andalucía por más de 45.000 trabajadores, 50.000 personas voluntarias y más de 150.000 que colaboran para desempeñar una actividad de la que se benefician más de 1,8 millones de personas en riesgo de exclusión social.

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