La sede de la ONCE en Jerez ha acogido una mesa redonda bajo el título Derechos Sociales de Residentes Extranjeros. Ciudadanía e Inclusión Social, organizada por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A). En este debate participativo, que ha sido inaugurado por la delegada de Igualdad y Acción Social del Ayuntamiento de Jerez, Carmen Collado, han intervenido representantes de entidades que trabajan en el ámbito de migraciones como Fundación Cepaim, Convivencia e Inclusión Social (CEAin), Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Asociación Cardijn, siendo moderada por la ONG Accem.
El objetivo era abordar, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Refugiados, las dificultades de la población inmigrante y las propuestas para salir de su situación. Así, los déficits de acogida, la escasez de permisos legales, la precariedad y el paro, entre otros, han sido algunos de los temas sobre los que se ha reflexionado en este coloquio a cinco bandas que también ha contado con la participación del público asistente.
Albert Bitoden, de Fundación Cepaim, ha afirmado que “es importante estar ahí para acoger a quienes llegan, y la ciudad de Jerez está tratando de hacerlo por todos los medios”. Asimismo, ha hablado de ese proceso de acogida en el que trabajan muchas entidades sociales como “un momento clave, porque muchas de las personas que llegan a nuestras fronteras ni siquiera saben que pueden pedir asilo, ni tampoco muchos de los derechos que las amparan”.
Por su parte, Francisco Morales de CEAin ha destacado la necesidad de que se empiece a hablar del “efecto huida en vez del efecto llamada; eso es lo que habría que analizar”. Durante su intervención, Morales ha sostenido que la problemática actual de la población refugiada “no sucede por casualidad, hay políticas que promueven que se produzcan este tipo de situaciones”.
La portavoz de APDHA Ana Rosado ha comentado, sobre el rol de las entidades sociales que trabajan en el ámbito de migraciones, que “ha de centrarse en la denuncia pública y en hacer que se cumplan las leyes en los juzgados, para impedir la vulneración de derechos a la que estamos asistiendo”.
En nombre de la Asociación Cardijn, Ana Rizo ha abogado por “trabajar en la sensibilización de la sociedad en su conjunto y no dar la espalda a una realidad migratoria que es también consecuencia de nuestro estilo de vida; lo que no se conoce, no se quiere”. Rizo ha querido recordar que las dificultades de la población inmigrante van más allá de los últimos sucesos y que hay reivindicaciones básicas no atendidas para quienes llevan en nuestro país muchos años, como el derecho al voto.
Finalmente, Rodrigo Gómez de la ONG Accem ha expresado que las entidades sociales han de sentirse “obligadas a sentarse como interlocutores y negociar con las administraciones públicas”. En este sentido, Gómez ha querido poner en valor el papel de organizaciones civiles que “acumulan un gran saber sobre temas relacionados con la acogida humanitaria”.