EAPN ANDALUCÍAUn compromiso colectivo para garantizar derechos y reducir desigualdades: Andalucía no puede esperar.
Más de 3 millones de personas en Andalucía (35,6%) están en riesgo de pobreza y exclusión social. La pobreza afecta especialmente a mujeres, niñas y niños, adolescentes, personas mayores y hogares con menores a cargo.
El Pacto Andaluz contra la Pobreza, impulsado por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, nace como una hoja de ruta compartida entre entidades sociales, instituciones y ciudadanía para avanzar hacia una Andalucía más justa y equitativa.
El Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social se articula a través de dos documentos complementarios: un Informe Ejecutivo, que establece las metas en base a objetivos claros y líneas estratégicas, y un documento de Ideas Clave, que desarrolla los aspectos esenciales y recomendaciones estructuradas por áreas.
Todas las entidades, instituciones y agentes sociales de Andalucía pueden adherirse al Pacto, comprometiéndose con sus objetivos, y tanto ellos como la ciudadanía en general pueden realizar aportaciones para enriquecer su contenido de forma participativa.
Ya se han sumado
¿Cómo participar?
Aportaciones al borrador
Abierto a las entidades sociales, instituciones y ciudadanía que deseen realizar sus aportaciones al Pacto en cualquiera de las materias a las que se refiere.
Adhesión al Pacto
Aquellas entidades e instituciones que quieran sumarse formalmente a los objetivos del Pacto Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social puede cumplimentar el siguiente formulario:
Objetivos estratégicos
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Garantizar ingresos mínimos suficientes para todos los hogares vulnerables.
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Reducir la tasa AROPE del 35,6% al 25%.
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Reducir la pobreza del 29,2% al 15% y la pobreza severa del 12,8% al 5%.
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Implementar políticas fiscales y económicas progresivas que disminuyan la desigualdad.
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Fomentar empleo digno y formación, especialmente para mujeres y jóvenes.
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Alcanzar la media europea de empleo femenino: 70,8%.
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Reducir desempleo juvenil del 30,7% al 20%.
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Garantizar educación equitativa e inclusiva, reduciendo el abandono escolar temprano al 9,3%.
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Vivienda digna y acceso a suministros básicos para todas las personas.
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Universalidad en la sanidad y cobertura completa en salud mental, bucodental, oftalmológica y auditiva.
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Servicios sociales de calidad, coordinados y adaptados a cada territorio.
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Protección reforzada para menores, mayores y familias.
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Reducción de desigualdades territoriales y demográficas.
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Incorporar medidas frente al cambio climático que protejan a las personas vulnerables.
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Reconocer y fortalecer el papel del Tercer Sector de Acción Social.
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Financiación sostenible y estable para organizaciones sociales.
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Participación activa de la ciudadanía en la implementación y evaluación de políticas públicas.
Pilares transversales
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Enfoque de Derechos Humanos.
Todas las actuaciones se orientan a garantizar derechos fundamentales: vivienda, educación, salud, ingresos adecuados, protección social y participación ciudadana. La pobreza no es una circunstancia: es una vulneración de derechos.
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Igualdad de Género e Interseccionalidad.
Las respuestas deben atender las desigualdades estructurales que afectan especialmente a mujeres, familias monomarentales, personas migrantes, jóvenes, mayores y personas con discapacidad. El Pacto incorpora un enfoque transversal de género y diversidad.
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Participación Social y Gobernanza Compartida.
El Pacto reconoce el papel esencial del Tercer Sector y de la ciudadanía. Las decisiones deben tomarse de manera transparente, con mecanismos permanentes de participación, seguimiento y evaluación.
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Transición ecosocial justa.
La lucha contra la pobreza debe integrar la adaptación y mitigación climática. El Pacto incorpora medidas para proteger a las personas más vulnerables ante fenómenos extremos, pobreza energética y desigualdades ambientales.
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Cohesión territorial.
El Pacto integra medidas adaptadas a la realidad rural, urbana y periférica, para reducir las desigualdades regionales y garantizar el acceso equitativo a servicios básicos, empleo, oportunidades educativas y vivienda en todo el territorio andaluz.
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Digitalización inclusiva.
El Pacto incorpora un compromiso firme con la reducción de la brecha digital, garantizando que ninguna persona quede excluida de oportunidades, trámites o servicios por falta de competencias, acceso o recursos tecnológicos.