2025

• El 44,9 % de la población andaluza no puede irse de vacaciones al menos una semana al año, según el Avance de Resultados del XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES.

• La brecha entre quienes pueden acceder a actividades de ocio y descanso se ve afectada por un mercado laboral precario, el aumento del coste de la vida, o la falta de servicios públicos que favorezcan la conciliación.

Cuando se habla del derecho al descanso y al ocio, pocas veces se repara en cuántas personas están privadas de ejercerlo. Según los últimos datos recogidos por EAPN España, en el 2024 el 44,9 % de la población andaluza no pudo permitirse salir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Esta cifra, basada en datos procedentes de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, refleja un aumento de un punto porcentual respecto a 2023 (43,9 %) y sitúa a Andalucía cómo la segunda Comunidad Autónoma con mayores niveles de privación vinculada al ocio y el bienestar a nivel nacional, justo por detrás de Canarias (con un 45,3%).

A nivel estatal, dicho porcentaje se sitúa es del 33,4 %, ya de por sí alarmante. Es decir, más de uno de cada tres españoles no puede permitirse una experiencia básica como son las vacaciones anuales, que representan mucho más que un lujo, son una necesidad ligada a la salud física y mental, a la conciliación familiar y a la cohesión social.

En Andalucía, la brecha se acentúa. Uno de cada dos andaluces no puede descansar fuera de casa al menos una semana al año, lo que no solo evidencia desigualdad económica, sino también desigualdad de derechos. Este dato forma parte de los indicadores de Carencia Material y Social Severa, que se refiere a la situación en la que un hogar no puede permitirse cubrir ciertas necesidades básicas y participar plenamente de la sociedad. La Carencia Material y Social Severa es uno de los indicadores que conforman la Tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social y que sitúa a Andalucía en un preocupante 35,6 %, frente al 25,8 % nacional

Cuando descansar es un privilegio

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho al descanso, al tiempo libre y a unas vacaciones periódicas pagadas. Sin embargo, la realidad en Andalucía dista mucho de este estándar internacional. La imposibilidad de disfrutar de vacaciones es solo una de las múltiples expresiones de la pobreza y la desigualdad estructural que afecta a cientos de miles de personas en nuestra comunidad. Este derecho se ve cada vez más condicionado por factores como:

• El aumento del coste de la vida, con especial incidencia en los bienes básicos (alimentación, energía, vivienda).

• La precariedad laboral, que ha hecho que tener empleo ya no sea garantía de poder cubrir necesidades esenciales.

• La ausencia de servicios y políticas públicas suficientes que favorezcan la conciliación y el acceso al ocio asequible, especialmente en los meses estivales.

Esta falta de acceso al descanso vacacional tiene también un impacto directo en la infancia, al limitar oportunidades de socialización, desarrollo y bienestar durante las vacaciones escolares.

Desde EAPN Andalucía reivindicamos que el descanso y el ocio no pueden seguir siendo un privilegio reservado a quienes pueden pagarlo. Desde nuestra Red, trabajamos por una Andalucía más justa, inclusiva y solidaria, en la que todas las personas tengan garantizados sus derechos, también los que se vinculan al bienestar emocional, la salud mental o la participación social.

Para ello, creemos que es necesario reforzar políticas públicas que aseguren el acceso a actividades recreativas, culturales y de ocio educativo gratuitas o asequibles, invirtiendo en recursos comunitarios y servicios públicos que garanticen la conciliación y el derecho al descanso. Es necesario abordar la pobreza desde un enfoque estructural y con mirada de ciclo vital, con medidas como rentas mínimas suficientes, garantía de ingresos y políticas de empleo dignas. Y, por supuesto, afrontar urgentemente las altas y constantes tasas de pobreza y exclusión social en nuestra Comunidad, especialmente la pobreza infantil y la severa, con ingresos mínimos durante todo el ciclo vital como estrategia de garantía de derechos para todas las personas.

Reconocer y garantizar el derecho al descanso como una cuestión de justicia social y no solo de capacidad económica.