Ponemos el foco en dos realidades que afectan a miles de hogares: no poder permitirse una semana de vacaciones o mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

El verano suele asociarse al descanso, al ocio o a unos días de desconexión. Sin embargo, para miles de personas en Andalucía esta época del año también pone de manifiesto una realidad muy distinta: la imposibilidad de disfrutar de unas vacaciones o de mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de más calor.

Desde EAPN Andalucía queremos visibilizar cómo la pobreza también condiciona el bienestar durante el periodo estival y recordar que aspectos que deberían formar parte de una vida digna continúan siendo inalcanzables para una parte importante de la población.

Más de cuatro de cada diez personas en Andalucía no pueden permitirse una semana de vacaciones

Según el Avance de Resultados del XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza, elaborado por EAPN España, el 43,2 % de la población andaluza no puede permitirse salir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, once puntos por encima de la media nacional (32,2 %).

Aunque este indicador mejora ligeramente respecto a 2024, sigue reflejando una realidad que afecta a cientos de miles de hogares y evidencia que el derecho al descanso continúa dependiendo, en demasiadas ocasiones, de la situación económica de las personas.

La pobreza energética también se vive en verano

La campaña también pone el foco en otra realidad cada vez más visible: la pobreza energética.

El avance del XVI Informe señala que el 18,7 % de la población andaluza no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, frente al 15,9 % del conjunto de España. Aunque este indicador se calcula a partir de la capacidad de climatizar el hogar durante el invierno, también refleja las dificultades de muchas familias para afrontar el coste de refrigerar sus viviendas durante las olas de calor.

Para la Red, este dato pone de manifiesto que la pobreza energética no es un problema estacional, sino una vulnerabilidad estructural que afecta a la salud, al bienestar y a la calidad de vida de miles de personas.

Una realidad que va mucho más allá del verano

Los llamados «lujos del verano» son, en realidad, la consecuencia de una situación de desigualdad más profunda.

El Avance de Resultados del XVI Informe sitúa a Andalucía con una tasa AROPE del 34,7 %, casi nueve puntos por encima de la media nacional (26,1 %). Además, el 25,8 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, el 10,9 % sufre carencia material y social severa y el 55,1 % de los hogares manifiestan dificultades para llegar a fin de mes.

Estos datos muestran que la pobreza no solo limita los ingresos. También condiciona el acceso a la vivienda, la salud, el empleo, el ocio o el descanso, restringiendo el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.

«La pobreza no solo significa tener menos ingresos. También significa no poder irse de vacaciones, vivir con preocupación cada vez que sube la temperatura o tener que elegir entre encender el aire acondicionado o afrontar otros gastos esenciales. Cuando cuestiones tan básicas se convierten en un lujo, estamos hablando de una desigualdad que exige respuestas estructurales y sostenidas en el tiempo», señala José Miguel Morales, presidente de EAPN Andalucía.

El Pacto Andaluz contra la Pobreza como hoja de ruta

Frente a esta realidad, desde EAPN Andalucía defendemos la necesidad de impulsar políticas públicas capaces de garantizar derechos y reducir las desigualdades.

En este sentido, la Red continúa promoviendo el Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social, una iniciativa impulsada junto a entidades sociales, universidades, sindicatos y otros agentes de la sociedad civil para situar la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda política andaluza.

Garantizar ingresos suficientes, facilitar el acceso a una vivienda digna y energéticamente eficiente, reforzar la protección social y favorecer un empleo de calidad son algunas de las medidas necesarias para que aspectos tan cotidianos como disfrutar de unos días de descanso o mantener una vivienda en condiciones adecuadas dejen de ser un privilegio y vuelvan a ser un derecho.

La Asamblea General de la Red, celebrada en Sevilla el jueves 21 de mayo, marca el relevo de Juan Luis Delcán y refuerza la demanda de situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social entre las prioridades de la agenda pública andaluza.

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) ha celebrado este jueves en Sevilla su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en una jornada marcada por la renovación de su presidencia y Junta Directiva, así como por el análisis de los principales retos sociales y políticos en materia de pobreza y exclusión en Andalucía.

En el marco de la Asamblea Extraordinaria, las entidades miembro han elegido como nuevo presidente de la Red a José Miguel Morales, director general de Federación Sur Acoge, quien asume la presidencia en una etapa orientada a reforzar el trabajo conjunto del Tercer Sector y a consolidar a EAPN Andalucía como espacio de incidencia política y defensa de derechos frente a las desigualdades persistentes.

Morales releva en el cargo a Juan Luis Delcán, quien ha presidido la organización en los últimos años y que, desde febrero de 2026, ocupa la presidencia de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía. Desde la Red se ha agradecido su labor, destacando su impulso al Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social y su contribución al fortalecimiento del trabajo en red entre entidades sociales.

En su primera intervención como presidente, José Miguel Morales ha subrayado la necesidad de que la nueva legislatura traduzca el consenso social existente en medidas concretas y sostenidas: “Andalucía necesita políticas públicas capaces de garantizar derechos, reducir desigualdades y responder a la realidad de miles de personas que continúan viviendo en situación de pobreza y exclusión social”.

El resto de cargos unipersonales electos estarán ocupados por Salima El Meziani en la vicepresidencia, Pepa Muñoz en la secretaría y Juan Manuel Reyes en la tesorería. La nueva dirección afronta esta etapa con el objetivo de reforzar la coordinación interna de la Red, impulsar su capacidad de incidencia política y promover una agenda compartida de propuestas frente a la pobreza y la desigualdad.

Asimismo, han reivindicado la necesidad de una financiación pública estable que garantice la sostenibilidad de la labor de la Red en Andalucía. En este sentido, EAPN Andalucía defiende la puesta en marcha de una subvención nominativa, similar a la de otras entidades de segundo nivel en la comunidad, que permita consolidar una estructura mínima de funcionamiento y reforzar su trabajo de incidencia, coordinación y defensa de derechos.

Encuentro-coloquio previo sobre inclusión y desigualdad

Antes de la Asamblea, se celebró el encuentro-coloquio “Andalucía ante el reto de la inclusión: estrategias integrales frente a la desigualdad cronificada”, un espacio de reflexión sobre los desafíos sociales que enfrenta la comunidad autónoma y la necesidad de respuestas integrales frente a la pobreza y la exclusión social.

El acto contó con la intervención del Dr. Evaristo Barrera Algarín, catedrático del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, quien analizó los retos de la inclusión social en Andalucía y la importancia de avanzar hacia políticas públicas integrales, coordinadas y centradas en la garantía de derechos.

Durante la jornada también se puso en valor el trabajo de incidencia desarrollado por la Red en los últimos meses, especialmente a través del Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social y del decálogo de prioridades trasladado a las fuerzas políticas de cara a la nueva legislatura.

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social – EAPN Andalucía ha formalizado un convenio de colaboración con FEPA, la Red de entidades para la emancipación juvenil con el objetivo de desarrollar iniciativas conjuntas que favorezcan la inclusión social y la defensa de los derechos de la juventud en situación de vulnerabilidad en nuestra Comunidad.

La firma de este acuerdo da continuidad a una relación de colaboración previa entre ambas Redes, que ya se ha materializado en iniciativas como el Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social, al que FEPA se ha adherido aportando la mirada y las necesidades específicas de la juventud extutelada. Según este marco, más de 3 millones de personas en Andalucía, el 35,6% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

El presidente de EAPN Andalucía, Juan Luis Delcán, ha señalado que “este convenio refuerza la capacidad de las entidades sociales para trabajar de manera coordinada frente a las situaciones de pobreza y exclusión que afectan a muchas personas jóvenes en Andalucía. La juventud vulnerable necesita de políticas públicas que garanticen derechos, oportunidades y acompañamiento en sus procesos de emancipación e inclusión social”.

Por su parte, la vicepresidenta de FEPA, Ester Muñoz, ha destacado la importancia de este acuerdo: “En un contexto marcado por el aumento de las desigualdades, resulta imprescindible construir respuestas coordinadas para garantizar la inclusión social de los grupos de población más vulnerabilizados, como la juventud que ha estado en el sistema de protección, y situar sus derechos en el centro de la agenda pública”.

Acciones conjuntas

El acuerdo permitirá desarrollar líneas de trabajo conjuntas en ámbitos como la sensibilización social, la elaboración de propuestas de mejora de políticas públicas, la participación en espacios de diálogo institucional y el análisis de las realidades que afectan a la juventud vulnerable en Andalucía.

Entre las prioridades compartidas destacan la mejora de las oportunidades para las personas jóvenes, la promoción del acceso a derechos y el reconocimiento del papel de las entidades sociales en el desarrollo de políticas públicas más inclusivas y eficaces.

Sobre FEPA
FEPA es la principal representante en España de la población joven en situación de vulnerabilidad y, particularmente, de la juventud tutelada y extutelada. Trabaja para promover que las personas jóvenes alcancen una emancipación efectiva, sostenible e inclusiva y representa los derechos de más de 6.000 jóvenes. Actualmente, está integrada por 78 entidades en 13 comunidades.

La Red sitúa el Pacto Andaluz contra la Pobreza como eje estratégico y reclama compromisos políticos concretos, medibles y sostenidos en el tiempo

En el contexto previo a las próximas elecciones autonómicas del día 17 de mayo, EAPN Andalucía ha presentado a las fuerzas políticas un decálogo de prioridades para orientar la acción pública en la próxima legislatura, con el objetivo de avanzar de forma estructural en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Este documento se enmarca en el Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social, una hoja de ruta construida de manera participativa que ya cuenta con el respaldo de 93 organizaciones sociales, universidades y agentes clave. La Red hace un llamamiento a que este Pacto sea incorporado a los programas electorales y se convierta en un eje vertebrador de las políticas públicas en Andalucía.

El posicionamiento de EAPN Andalucía responde a una realidad persistente: el 34,7 % de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que un 10,9 % sufre carencia material y social severa. Estos datos evidencian que el crecimiento económico no está llegando a los hogares más vulnerables y refuerzan la necesidad de impulsar medidas estructurales.

En este sentido, el presidente de la Red, Juan Luis Delcán, ha subrayado que “la próxima legislatura debe ser, sin ambigüedades, la legislatura de la lucha contra la pobreza en Andalucía”, insistiendo en la necesidad de traducir el consenso social existente en compromisos políticos concretos.

Un decálogo para orientar la acción política

El decálogo presentado por EAPN Andalucía concreta diez ámbitos estratégicos de intervención que abordan de manera integral las principales dimensiones de la pobreza y la exclusión social. Entre las prioridades señaladas destacan el acceso a una vivienda digna y la lucha contra la exclusión residencial, el impulso de políticas activas de empleo que reduzcan la precariedad laboral y la garantía de una educación inclusiva que combata el abandono escolar. Asimismo, el documento incide en la necesidad de reforzar el sistema público de salud, especialmente en ámbitos como la salud mental, y de fortalecer los servicios sociales como pilar del Estado del bienestar.

El decálogo también incorpora medidas específicas en materia de igualdad, con especial atención a la feminización de la pobreza, así como propuestas dirigidas a la inclusión de colectivos especialmente vulnerables, como la infancia, la población migrante, las personas mayores o las personas con discapacidad.

Otro de los ejes fundamentales es el refuerzo del sistema de prestaciones sociales y la garantía de ingresos, junto con una financiación suficiente y estable de las políticas sociales. En este marco, la Red subraya el papel clave del Tercer Sector de Acción Social como agente imprescindible en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Finalmente, el documento plantea la necesidad de abordar la transición ecológica desde una perspectiva de justicia social, asegurando que sus impactos no recaigan de forma desproporcionada sobre las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

De la propuesta social a la acción institucional

EAPN Andalucía insiste en que el principal reto de cara a la próxima legislatura es trasladar el amplio consenso social existente al ámbito institucional. El Pacto y su decálogo no deben quedarse en una declaración de intenciones, sino convertirse en un marco efectivo de actuación que garantice derechos, reduzca desigualdades y sitúe la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda política.

La Red reclama, en este sentido, compromisos claros, evaluables y sostenidos en el tiempo por parte de las fuerzas políticas, que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, inclusivo y alineado con la Agenda 2030.

Consulta aquí el decálogo completo

El Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social sigue avanzando en su proceso de construcción colectiva, incorporando aportaciones clave de distintas organizaciones sociales que refuerzan su alcance y concreción. Entre las contribuciones más destacadas se encuentran las de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI Andalucía), la Red de Entidades para la Emancipación Juvenil (FEPA) y la entidad miembro de la Red, la Fundación Calor y Café, que aportan enfoques complementarios para atender a los colectivos más vulnerables de Andalucía.

En esta fase, FEPA Andalucía ha presentado un paquete de medidas minuciosas para garantizar que la juventud extutelada no quede diluida bajo categorías genéricas de infancia y adolescencia. La red, integrada por entidades como Accem, Aldeas Infantiles SOS, AFASODE, Nuevo Futuro, Asociación Paz y Bien, Casa Paco Girón, CONVIVE Fundación Cepaim, Federación SUR Acoge, Fundación Don Bosco y Hogar La Salle, exige que esta juventud sea reconocida como grupo de especial vulnerabilidad, con metas y líneas de financiación propias. Entre sus propuestas destacan la prevención del sinhogarismo juvenil mediante plazas de autonomía y alquiler social adaptado, el desarrollo de itinerarios de vida personalizados que combinen formación y acompañamiento socioeducativo hasta los 25 años, y la apuesta por un modelo de gobernanza que garantice estabilidad financiera y continuidad en la atención.

POI Andalucía, por su parte, refuerza la protección de la infancia y adolescencia, incorporando medidas orientadas a garantizar derechos y oportunidades a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Calor y Café Granada aporta recomendaciones centradas en la atención integral de personas en exclusión severa y sinhogarismo, con especial énfasis en vivienda, inclusión comunitaria y apoyo psicosocial.

Estas aportaciones se producen en un contexto crítico: según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025, el 34,7 % de la población andaluza está en riesgo de pobreza o exclusión social, y la carencia material y social severa alcanza el 10,9 %. A pesar del incremento de ingresos medios, muchas familias siguen sin poder acceder a bienes y servicios básicos.

Impulsado por EAPN Andalucía, el Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social cuenta ya con 93 organizaciones adheridas, incluyendo entidades sociales, universidades públicas, sindicatos y otros actores clave. Este respaldo diverso refuerza su capacidad de incidencia y muestra un consenso social amplio en torno a la necesidad de actuar de manera coordinada frente a la pobreza.

Las aportaciones de estas organizaciones evidencian que el Pacto no es solo un documento, sino una herramienta viva, capaz de transformar propuestas en acciones concretas que protejan la infancia, acompañen a la juventud extutelada y garanticen inclusión para quienes viven en exclusión severa. A pocos días de cerrar el plazo de adhesiones, el reto es claro: convertir el consenso social en políticas públicas que construyan una Andalucía más justa y equitativa.

Cada 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, recordamos que la igualdad entre mujeres y hombres no es solo una aspiración simbólica, sino una condición imprescindible para la justicia social. La pobreza y la exclusión social continúan teniendo un claro componente de género y afectan de forma desproporcionada a las mujeres, limitando su autonomía económica, su participación social y el ejercicio pleno de sus derechos.

En Andalucía, esta realidad adquiere una dimensión especialmente preocupante. Los datos del XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía muestran que más de 3 millones de personas —el 35,6 % de la población— se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación impacta con mayor intensidad sobre las mujeres: la tasa AROPE femenina alcanza el 37,3 %, casi cuatro puntos por encima de la masculina. La pobreza severa también mantiene una brecha persistente, reflejando que la desigualdad económica y social continúa reproduciéndose con un marcado sesgo de género.

La feminización de la pobreza no es un fenómeno puntual ni resultado de decisiones individuales. Es la consecuencia de una acumulación de desigualdades estructurales que se producen a lo largo de la vida: menor acceso a empleos estables, mayor presencia en sectores laborales precarizados, interrupciones en las trayectorias laborales vinculadas a los cuidados y menores niveles de protección social. En Andalucía, el desempleo femenino supera el 17 %, más de cuatro puntos por encima del masculino, y más de la mitad de las mujeres ocupadas perciben salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. A ello se suma una elevada presencia en contratos parciales —muchos de ellos involuntarios— y en sectores altamente feminizados como los cuidados, la limpieza, el comercio o la atención domiciliaria, caracterizados por salarios bajos y escaso reconocimiento social.

Estas desigualdades laborales tienen consecuencias directas en las condiciones de vida presentes y futuras de las mujeres. La precariedad se traduce en menores ingresos, mayor inseguridad económica y pensiones más bajas, reforzando un ciclo de vulnerabilidad que se prolonga en el tiempo. Al mismo tiempo, la sobrecarga de los cuidados no remunerados continúa recayendo de forma mayoritaria sobre las mujeres, limitando sus oportunidades de empleo, formación y participación social.

La feminización de la pobreza también tiene una clara dimensión interseccional. Determinados grupos de mujeres se enfrentan a mayores niveles de vulnerabilidad, como las mujeres migrantes, las familias monomarentales, las mujeres jóvenes, las mujeres mayores con trayectorias laborales intermitentes o las mujeres que viven en entornos rurales. En estos casos, las desigualdades se acumulan y se refuerzan mutuamente, generando situaciones de exclusión más profundas y persistentes.

La desigualdad impacta además en la infancia. En Andalucía, casi la mitad de los niños y niñas vive en riesgo de pobreza o exclusión social, una realidad estrechamente vinculada a la precariedad de los hogares y especialmente significativa en aquellos encabezados por mujeres. La pobreza infantil no solo condiciona el presente, sino que compromete las oportunidades futuras y perpetúa los ciclos de desigualdad entre generaciones.

A este contexto se suma el impacto creciente de la crisis de acceso a la vivienda, que afecta de manera particularmente intensa a las mujeres con menores ingresos o con responsabilidades familiares. Las dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible agravan las situaciones de vulnerabilidad económica y social, especialmente en el caso de hogares monomarentales.

Desde EAPN Andalucía, recordamos que la pobreza no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales. Combatir la feminización de la pobreza requiere políticas públicas ambiciosas, sostenidas en el tiempo y con una perspectiva de género transversal.

Por ello, reclamamos:

• La incorporación efectiva de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, especialmente en las estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

• Un sistema integral de garantía de rentas que proteja a las mujeres a lo largo de todo el ciclo vital y reduzca las situaciones de vulnerabilidad económica.

• Medidas reales de corresponsabilidad en los cuidados, junto al refuerzo de los servicios públicos de atención y apoyo a las familias.

• Empleo digno, estable y con derechos, que reduzca la precariedad laboral y cierre las brechas salariales y de participación.

• Políticas que garanticen el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible, especialmente para los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

La igualdad requiere inversión social sostenida, reformas estructurales y voluntad política. Mientras las mujeres sigan soportando mayores tasas de pobreza, mayor precariedad laboral y una carga desigual de los cuidados, no podremos hablar de cohesión social ni de igualdad real.

Este 8M reivindicamos que erradicar la pobreza es también una cuestión feminista, y avanzar hacia la igualdad real es una condición imprescindible para garantizar los derechos, la autonomía y la participación plena de todas las mujeres en la sociedad.

La Asamblea General Anual de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía ha elegido a Juan Luis Delcán González como nuevo presidente para el actual mandato, tras la renuncia de Manuel Sánchez Montero, quien ha dirigido la entidad desde su creación en 2012.

Delcán, actual presidente de EAPN Andalucía y director territorial de Fundación Atenea, asume esta responsabilidad en un momento estratégico para el fortalecimiento del Tercer Sector de Acción Social y su papel como interlocutor ante las administraciones públicas.

Durante la Asamblea se confirmaron las vicepresidencias que integran la Mesa: Armando Rotea Molero, en representación de la Plataforma Andaluza de Voluntariado; Jerónimo Vera Marín por Cruz Roja; Marta Castillo Díaz por CERMI Andalucía; Francisco José Sánchez Heras por Cáritas Regional de Andalucía; y Juan Luis Muñoz Escassi por AFA – Asociaciones y Fundaciones de Andalucía. Continúa como secretaria general Isabel Viruet García, representante de la ONCE. Asimismo, participaron representantes de la Coordinadora Andaluza de ONG para el Desarrollo, LARES Andalucía y la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Andalucía.

La sesión permitió agradecer públicamente la labor desarrollada por Manuel Sánchez Montero al frente de la entidad durante más de una década, destacando su contribución al reconocimiento institucional del Tercer Sector y a la consolidación de espacios de diálogo social en Andalucía.

Entre los principales retos del nuevo mandato destaca el impulso y desarrollo de la recién aprobada Ley del Tercer Sector de Acción Social de Andalucía, así como el fortalecimiento de la incidencia política del sector, la mejora de la cooperación interinstitucional y el refuerzo del tejido asociativo andaluz.

Desde EAPN Andalucía se valora positivamente este nuevo ciclo, que refuerza la presencia de la Red en los espacios de representación del Tercer Sector y contribuye a situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de las políticas públicas.

El Gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros del 17 de febrero la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026–2030, una hoja de ruta que incorpora medidas estructurales para garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía. La aprobación coincide con la Semana Europea contra la Pobreza Energética y llega en un contexto de fuerte impacto social de este fenómeno en España.

Según el avance del XVI Informe El Estado de la Pobreza elaborado por EAPN-ES, en 2025 al menos 7,8 millones de personas (15,9 % de la población) no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Además, 4,5 millones de personas (9,3 %) registraron retrasos en el pago de suministros básicos como electricidad, gas o agua. Aunque algunos indicadores han mejorado respecto a 2024, la evolución desde 2019 muestra un deterioro significativo: la proporción de población incapaz de calentar su hogar se ha duplicado y los retrasos en facturas han aumentado más de un 40 %.

La nueva Estrategia incorpora trece medidas orientadas a reforzar la equidad energética. Entre ellas destacan la garantía de suministro para consumidores vulnerables y electrodependientes, la mejora del bono social energético y el impulso de programas de rehabilitación energética en viviendas de hogares en situación de vulnerabilidad. También se prevé adaptar los criterios de acceso al bono social para vincularlo de forma más directa al nivel de renta.

Desde EAPN-ES se valora positivamente la aprobación de la Estrategia como un paso necesario ante la magnitud del problema. La Red subraya, no obstante, la importancia de dotarla de financiación suficiente y de reforzar su implementación mediante la cooperación con las comunidades autónomas. Asimismo, se insiste en avanzar hacia la automatización del bono social para reducir la brecha de acceso que actualmente deja fuera a numerosos hogares vulnerables.

Entre los instrumentos previstos figura la creación de un Observatorio estatal de la pobreza energética, destinado a centralizar información, mejorar el seguimiento de políticas públicas y facilitar la participación de entidades sociales y personas con experiencia directa en esta problemática.

La aprobación de la ENPE se produce en paralelo al debate parlamentario sobre la continuidad de medidas del denominado escudo social, entre ellas la protección frente a cortes de suministro para hogares vulnerables y la extensión de los descuentos del bono social energético. EAPN-ES ha instado a las fuerzas políticas a consolidar estas medidas con carácter estructural dentro de las políticas públicas de lucha contra la pobreza.

El concepto de pobreza energética se define en el marco europeo mediante varios indicadores, entre ellos el gasto energético desproporcionado respecto a los ingresos, el gasto energético insuficiente, la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada o los retrasos en el pago de suministros. Según Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, basta con cumplir uno de estos criterios para considerar a un hogar en situación de pobreza energética.

A escala europea, el problema continúa siendo relevante. Datos de Eurostat señalan que en 2024 el 9,2 % de la población de la Unión Europea no podía permitirse mantener una temperatura adecuada en su vivienda, con diferencias significativas entre países.

Desde EAPN Andalucía recordamos que la pobreza energética está estrechamente vinculada a la crisis ecosocial y afecta de forma desproporcionada a los hogares en situación de pobreza y exclusión social, que suelen residir en viviendas con baja eficiencia energética y mayores déficits de habitabilidad. Por ello, dese la Red insistimos en que la transición energética debe desarrollarse desde un enfoque de justicia social, garantizando el derecho efectivo a la energía, la vivienda digna y la salud para toda la ciudadanía.