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La “aporofobia”, expresión que lamentablemente está de actualidad, es un término que significa rechazo u odio a la persona pobre y parte de la premisa de que las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social poco o nada pueden aportar a la sociedad.

EAPN Andalucía pretende jugar un papel activo en la lucha contra la intolerancia y la discriminación de todas aquellas personas que experimentan pobreza. Para ello, plantea la implementación de este programa de lucha contra la intolerancia y la aporofobia que sirva para conocer la realidad en Andalucía y abordarla de manera real.

¿Cómo podemos esperar cambios sociales y políticos si la sociedad no percibe y entiende las causas y consecuencias de la situación de la pobreza y la exclusión social y no somos capaces de transformar el rechazo, el odio y el miedo en solidaridad, cooperación e integración social? Sólo desde la consciencia y el conocimiento de los problemas se pueden abordar las realidades más complejas.

Desde EAPN-Andalucía, nos sumamos al Manifiesto del 17 de octubre de EAPN-ES que reclama un Plan de Reconstrucción y Resiliencia de España que ‘reconstruya, pero mejorando lo anterior’

MANIFIESTO 17 DE OCTUBRE 2020

En España, la persistente situación de pobreza y exclusión (AROPE) en la que viven casi 12 millones de personas nos convierte en una de las sociedades más desiguales e injustas de la Europa rica (España aporta el 10,81% del total de personas en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) de la UE, aunque representa el 9,09% de su población). En lugar de reducir la pobreza y exclusión en entre 1,4 y 1,5  millones como nos comprometimos en 2010, hemos aumentado la cifra en aproximadamente 1 millón  de personas, lo cual nos aleja del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Una de las razones que explica esta situación es que la recuperación macroeconómica registrada en la economía española desde 2014 no benefició a las personas en pobreza y exclusión. No todo el mundo sufrió la crisis por igual.  La cuarta parte más pobre de la población ha perdido un 10,4 % de renta real y el resto ha perdido tres veces menos. Dentro del conjunto de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, las mujeres se ven más afectadas (el 26%, frente al 24,6% de los hombres). La pobreza y exclusión incide más en las personas más jóvenes, llegando al 31,7% del grupo de 16 a 29 años, y al 30,1% de la infancia y adolescencia. Aunque 3 de cada 4 personas que están en AROPE son españolas, la afectación es elevada entre las personas con nacionalidad extranjera, alcanzando a 1 de cada 2 de las extracomunitarias (54,2%) y de las comunitarias (46,3%). Con respecto al tipo de hogares, tener hijos/as es un factor de riesgo, que se agrava cuando se trata de hogares monoparentales, mayoritariamente a cargo de mujeres, en los que el 46,8% se encuentra en pobreza y/o exclusión social.

La situación tampoco es homogénea a nivel territorial. Las Comunidades Autónomas (CCAA) del norte tienen bajas tasas de AROPE (entre 3 y 14 puntos por debajo de la media nacional). Las CCAA del sur presentan tasas muy elevadas, (entre 4 y 18 por encima de la media nacional). Las diferencias se relacionan con las variaciones de la renta de los hogares, pero también con la inversión social y las políticas redistributivas realizadas por los gobiernos.

Las cifras de la pobreza y la exclusión son frías representaciones de procesos sociales cargados de angustia y dolor: la frustración vital e invisible de millones de hogares, la falta de oportunidades de millones de niños, niñas y adolescentes y el fracaso colectivo en la creación de una sociedad inclusiva. La pandemia de la  COVID-19 ha empeorado las condiciones de vida de las personas que ya estaban en pobreza y ha incorporado a muchas nuevas que quedaron en situaciones vulnerables hasta un punto aún desconocido por las estadísticas, pero claramente observable en las innumerables colas de familias pidiendo alimentos, en el incremento de las solicitudes de ayudas a los servicios sociales y a las entidades sociales, o la brecha digital que padecen no solo estudiantes en vulnerabilidad, también amplios sectores sociales de distintos colectivos o ámbitos territoriales. Aún contando con las medidas del ‘escudo social’, es probable que la pobreza y exclusión se sitúen por encima del 25,8% actual, debido a la crisis económica y de empleo, así como por la lentitud en la cobertura de asistencia social.

Llevamos más de 10 años dando cifras pormenorizadas; no se trata entonces de que ‘falte información”’para actuar. Desde hace más de 10 años, los gobiernos han elaborado planes de inclusión social y/o estrategias contra la pobreza; no se trata de una “ausencia de ideas o propuestas”. Lo que ha fallado  ha sido la voluntad política sostenida de erradicar la pobreza y de aumentar la inversión social, con metas claras a corto y medio plazo, con transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad.

Necesitamos que los hogares cuenten con ingresos seguros y dignos, mediante un empleo de calidad -que sitúen a las personas por encima del umbral de la pobreza-, un Ingreso Mínimo Vital -que sea accesible para todas las personas que no pueden incorporarse al mercado laboral, adecuado e inclusivo-, y pensiones mínimas inclusivas -que aseguren el bienestar de las personas mayores y con discapacidad-. Necesitamos combatir integralmente la desigualdad de género en la sociedad, en los hogares y en el empleo: las mujeres están sobrerepresentadas entre quienes cobran el salario mínimo y trabajan en el servicio doméstico; también presentan más elevadas tasas de inactividad, de trabajo a tiempo parcial involuntario y de paro. Necesitamos un “boom inmobiliario de la vivienda social”, que elimine el sinhogarismo y reduzca el desorbitado peso de la vivienda sobre aquellos hogares con rentas medias y bajas. Necesitamos una sanidad que esté preparada para los retos epidémicos y de cuidados de larga duración de una sociedad envejecida como la española, que reduzca o elimine los altos niveles de copago actuales, que cubra la salud mental y la bucodental. Necesitamos luchar contra la pobreza infantil, resolviendo la inseguridad y la escasez de la renta familiar mediante una prestación universal por hijo/a a cargo.

Estamos a favor de la digitalización y de la transición verde de la UE. En este sentido, reclamamos que el Plan de Reconstrucción y Resiliencia de España ‘reconstruya, pero mejorando lo anterior’. Para EAPN esto significa asegurar, de forma prioritaria, que todos los cambios que se realicen sean inclusivos y no dejen a nadie atrás.

Hoy 14 de octubre, ha tenido lugar la presentación del X Informe ‘El Estado de la Pobreza en España. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social 2008 – 2019’, al que se le ha denominado POBREZA ESTRUCTURAL. Sin disponer de suficiente perspectiva a la hora de analizar el impacto social provocado por la actual crisis sanitaria, si podemos valorar el punto de partida de Andalucía tras los datos del período de 2008-2019, siendo la comunidad que ha sufrido con mayor intensidad las consecuencias de la crisis y de la evolución del decenio, soportando tasas muy elevadas de riesgo de pobreza y/o exclusión social. El informe, publicado por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), se publica en el marco de la semana en la que se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre).

La vicepresidenta de EAPN-A, Kaoutar Boughlala, ha remarcado que ante la nueva realidad generada por la crisis del COVID-19, el impacto social en cuanto a cifras es aún incierto, pero sin duda nos estamos encontrando ante una nueva realidad de pobreza. La crisis del COVID está generando la acentuación de un Nuevo Perfil de Pobreza, conformado por personas que no viven en la miseria, pero son pobres (entre ellos nos encontramos personas con nivel educativo medio o alto, con trabajo, desempleados, y un elevado porcentaje de personas de nacionalidad española).

Ante esta realidad, Andalucía parte con una situación de absoluta desventaja, pues los datos a nivel nacional recalcan el aumento de las desigualdades entre las comunidades autónomas, y remarcando cada vez más la desigualdad estructural entre norte y sur en España.

“La situación de la pobreza y la exclusión social en Andalucía sigue siendo crítica”. Los datos de 2019 aportan como más de 3 millones de personas (3,17 millones de personas) se encuentran aún en riesgo de pobreza y/o exclusión, lo que supone un 37,7% del total de la población. La cifra está 5 décimas por debajo respecto al año anterior, debido a una mínima mejora de la situación de las mujeres, cuya tasa se ha visto reducida 7 décimas.

La Tasa de Pobreza sigue siendo la segunda más alta en todas las regiones, solo ligeramente inferior a la de Extremadura, a pesar de haberse visto reducida respecto al año anterior, alcanzando en 2019 el 31,3%, lo que supone 12,4 puntos porcentuales más que la media nacional.

Las situaciones más extremas son las que se han visto más afectadas. La Tasa de pobreza severa en Andalucía es del 14,7%, cifra que es 5,5 puntos más elevada que la media nacional y la más alta de todas las comunidades autónomas. En torno al 47%, es decir, prácticamente la mitad, de las personas pobres de Andalucía están en pobreza severa.

Unas 497.000 personas, 174.000 menos que el año pasado, viven en condiciones de Privación Material Severa en Andalucía. A pesar de esta mejora, estos datos representan que el 5,9% de la población no puede hacer frente a situaciones de consumo básicas, como no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. Aún así, esta cifra representa una importante reducción, ya que disminuye un 26% (2,1 puntos porcentuales).

“Un 44% de las personas que residen en Andalucía no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos y, el 47% no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, según ha expuesto José Miguel Morales, miembro de EAPN-Andalucía.

Respecto al empleo, en Andalucía el 18% de la población menor de 60 años vive en hogares con baja intensidad de empleo, siendo la región dónde se mantiene más alta esta cifra, manteniéndose respecto a los datos del año pasado.

La renta media se ha reducido en Andalucía este año en 222 € (-1,6 %) y es, en 2019, de 13.755 € por unidad de consumo (9.160 € por persona). Es una de las cinco comunidades autónomas en las cuales se ha reducido, siendo la tercera más baja de todas ellas, solo inferior a Extremadura y, muy levemente, Murcia. La población andaluza cuyos ingresos por unidad de consumo están en el tramo más bajo de renta se ha vuelto a incrementar por segundo año consecutivo, lo que es consistente con los datos que indican el aumento de la población en pobreza severa.

Sin duda, estos datos aportan cómo aquella parte de la población que ya sufre precariedad en sus necesidades más básicas es la que más crece en cifras. Algo más de 583.000 personas -unas 23.000 más que el año anterior- reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre. Es decir, el 36,9 % de todas las pensiones y, si se consideran solo las de viudedad, casi todas de mujeres, el 41,2%.