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Cada 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, recordamos que la igualdad entre mujeres y hombres no es solo una aspiración simbólica, sino una condición imprescindible para la justicia social. La pobreza y la exclusión social continúan teniendo un claro componente de género y afectan de forma desproporcionada a las mujeres, limitando su autonomía económica, su participación social y el ejercicio pleno de sus derechos.

En Andalucía, esta realidad adquiere una dimensión especialmente preocupante. Los datos del XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía muestran que más de 3 millones de personas —el 35,6 % de la población— se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación impacta con mayor intensidad sobre las mujeres: la tasa AROPE femenina alcanza el 37,3 %, casi cuatro puntos por encima de la masculina. La pobreza severa también mantiene una brecha persistente, reflejando que la desigualdad económica y social continúa reproduciéndose con un marcado sesgo de género.

La feminización de la pobreza no es un fenómeno puntual ni resultado de decisiones individuales. Es la consecuencia de una acumulación de desigualdades estructurales que se producen a lo largo de la vida: menor acceso a empleos estables, mayor presencia en sectores laborales precarizados, interrupciones en las trayectorias laborales vinculadas a los cuidados y menores niveles de protección social. En Andalucía, el desempleo femenino supera el 17 %, más de cuatro puntos por encima del masculino, y más de la mitad de las mujeres ocupadas perciben salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. A ello se suma una elevada presencia en contratos parciales —muchos de ellos involuntarios— y en sectores altamente feminizados como los cuidados, la limpieza, el comercio o la atención domiciliaria, caracterizados por salarios bajos y escaso reconocimiento social.

Estas desigualdades laborales tienen consecuencias directas en las condiciones de vida presentes y futuras de las mujeres. La precariedad se traduce en menores ingresos, mayor inseguridad económica y pensiones más bajas, reforzando un ciclo de vulnerabilidad que se prolonga en el tiempo. Al mismo tiempo, la sobrecarga de los cuidados no remunerados continúa recayendo de forma mayoritaria sobre las mujeres, limitando sus oportunidades de empleo, formación y participación social.

La feminización de la pobreza también tiene una clara dimensión interseccional. Determinados grupos de mujeres se enfrentan a mayores niveles de vulnerabilidad, como las mujeres migrantes, las familias monomarentales, las mujeres jóvenes, las mujeres mayores con trayectorias laborales intermitentes o las mujeres que viven en entornos rurales. En estos casos, las desigualdades se acumulan y se refuerzan mutuamente, generando situaciones de exclusión más profundas y persistentes.

La desigualdad impacta además en la infancia. En Andalucía, casi la mitad de los niños y niñas vive en riesgo de pobreza o exclusión social, una realidad estrechamente vinculada a la precariedad de los hogares y especialmente significativa en aquellos encabezados por mujeres. La pobreza infantil no solo condiciona el presente, sino que compromete las oportunidades futuras y perpetúa los ciclos de desigualdad entre generaciones.

A este contexto se suma el impacto creciente de la crisis de acceso a la vivienda, que afecta de manera particularmente intensa a las mujeres con menores ingresos o con responsabilidades familiares. Las dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible agravan las situaciones de vulnerabilidad económica y social, especialmente en el caso de hogares monomarentales.

Desde EAPN Andalucía, recordamos que la pobreza no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales. Combatir la feminización de la pobreza requiere políticas públicas ambiciosas, sostenidas en el tiempo y con una perspectiva de género transversal.

Por ello, reclamamos:

• La incorporación efectiva de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, especialmente en las estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

• Un sistema integral de garantía de rentas que proteja a las mujeres a lo largo de todo el ciclo vital y reduzca las situaciones de vulnerabilidad económica.

• Medidas reales de corresponsabilidad en los cuidados, junto al refuerzo de los servicios públicos de atención y apoyo a las familias.

• Empleo digno, estable y con derechos, que reduzca la precariedad laboral y cierre las brechas salariales y de participación.

• Políticas que garanticen el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible, especialmente para los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

La igualdad requiere inversión social sostenida, reformas estructurales y voluntad política. Mientras las mujeres sigan soportando mayores tasas de pobreza, mayor precariedad laboral y una carga desigual de los cuidados, no podremos hablar de cohesión social ni de igualdad real.

Este 8M reivindicamos que erradicar la pobreza es también una cuestión feminista, y avanzar hacia la igualdad real es una condición imprescindible para garantizar los derechos, la autonomía y la participación plena de todas las mujeres en la sociedad.

La Asamblea General Anual de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía ha elegido a Juan Luis Delcán González como nuevo presidente para el actual mandato, tras la renuncia de Manuel Sánchez Montero, quien ha dirigido la entidad desde su creación en 2012.

Delcán, actual presidente de EAPN Andalucía y director territorial de Fundación Atenea, asume esta responsabilidad en un momento estratégico para el fortalecimiento del Tercer Sector de Acción Social y su papel como interlocutor ante las administraciones públicas.

Durante la Asamblea se confirmaron las vicepresidencias que integran la Mesa: Armando Rotea Molero, en representación de la Plataforma Andaluza de Voluntariado; Jerónimo Vera Marín por Cruz Roja; Marta Castillo Díaz por CERMI Andalucía; Francisco José Sánchez Heras por Cáritas Regional de Andalucía; y Juan Luis Muñoz Escassi por AFA – Asociaciones y Fundaciones de Andalucía. Continúa como secretaria general Isabel Viruet García, representante de la ONCE. Asimismo, participaron representantes de la Coordinadora Andaluza de ONG para el Desarrollo, LARES Andalucía y la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Andalucía.

La sesión permitió agradecer públicamente la labor desarrollada por Manuel Sánchez Montero al frente de la entidad durante más de una década, destacando su contribución al reconocimiento institucional del Tercer Sector y a la consolidación de espacios de diálogo social en Andalucía.

Entre los principales retos del nuevo mandato destaca el impulso y desarrollo de la recién aprobada Ley del Tercer Sector de Acción Social de Andalucía, así como el fortalecimiento de la incidencia política del sector, la mejora de la cooperación interinstitucional y el refuerzo del tejido asociativo andaluz.

Desde EAPN Andalucía se valora positivamente este nuevo ciclo, que refuerza la presencia de la Red en los espacios de representación del Tercer Sector y contribuye a situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de las políticas públicas.

El Gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros del 17 de febrero la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026–2030, una hoja de ruta que incorpora medidas estructurales para garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía. La aprobación coincide con la Semana Europea contra la Pobreza Energética y llega en un contexto de fuerte impacto social de este fenómeno en España.

Según el avance del XVI Informe El Estado de la Pobreza elaborado por EAPN-ES, en 2025 al menos 7,8 millones de personas (15,9 % de la población) no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Además, 4,5 millones de personas (9,3 %) registraron retrasos en el pago de suministros básicos como electricidad, gas o agua. Aunque algunos indicadores han mejorado respecto a 2024, la evolución desde 2019 muestra un deterioro significativo: la proporción de población incapaz de calentar su hogar se ha duplicado y los retrasos en facturas han aumentado más de un 40 %.

La nueva Estrategia incorpora trece medidas orientadas a reforzar la equidad energética. Entre ellas destacan la garantía de suministro para consumidores vulnerables y electrodependientes, la mejora del bono social energético y el impulso de programas de rehabilitación energética en viviendas de hogares en situación de vulnerabilidad. También se prevé adaptar los criterios de acceso al bono social para vincularlo de forma más directa al nivel de renta.

Desde EAPN-ES se valora positivamente la aprobación de la Estrategia como un paso necesario ante la magnitud del problema. La Red subraya, no obstante, la importancia de dotarla de financiación suficiente y de reforzar su implementación mediante la cooperación con las comunidades autónomas. Asimismo, se insiste en avanzar hacia la automatización del bono social para reducir la brecha de acceso que actualmente deja fuera a numerosos hogares vulnerables.

Entre los instrumentos previstos figura la creación de un Observatorio estatal de la pobreza energética, destinado a centralizar información, mejorar el seguimiento de políticas públicas y facilitar la participación de entidades sociales y personas con experiencia directa en esta problemática.

La aprobación de la ENPE se produce en paralelo al debate parlamentario sobre la continuidad de medidas del denominado escudo social, entre ellas la protección frente a cortes de suministro para hogares vulnerables y la extensión de los descuentos del bono social energético. EAPN-ES ha instado a las fuerzas políticas a consolidar estas medidas con carácter estructural dentro de las políticas públicas de lucha contra la pobreza.

El concepto de pobreza energética se define en el marco europeo mediante varios indicadores, entre ellos el gasto energético desproporcionado respecto a los ingresos, el gasto energético insuficiente, la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada o los retrasos en el pago de suministros. Según Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, basta con cumplir uno de estos criterios para considerar a un hogar en situación de pobreza energética.

A escala europea, el problema continúa siendo relevante. Datos de Eurostat señalan que en 2024 el 9,2 % de la población de la Unión Europea no podía permitirse mantener una temperatura adecuada en su vivienda, con diferencias significativas entre países.

Desde EAPN Andalucía recordamos que la pobreza energética está estrechamente vinculada a la crisis ecosocial y afecta de forma desproporcionada a los hogares en situación de pobreza y exclusión social, que suelen residir en viviendas con baja eficiencia energética y mayores déficits de habitabilidad. Por ello, dese la Red insistimos en que la transición energética debe desarrollarse desde un enfoque de justicia social, garantizando el derecho efectivo a la energía, la vivienda digna y la salud para toda la ciudadanía.

La pobreza y la exclusión social continúan siendo un problema estructural en Andalucía, incluso en un contexto de mejora de los ingresos y de leve descenso de algunos indicadores. Así lo confirman los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y analizados por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía).

En 2025, la tasa AROPE —que mide el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social— se sitúa en Andalucía en el 34,7 %, frente al 25,7 % de la media estatal. Aunque el indicador registra una ligera bajada respecto a 2024, cuando alcanzó el 35,6 %, la comunidad mantiene una distancia cercana a los diez puntos con el conjunto del país. Andalucía encabeza, además, cuatro de los cinco principales indicadores de pobreza y exclusión social: AROPE, Riesgo de Pobreza, Carencia Material y Social Severa y Baja Intensidad en el Empleo.

Desde EAPN Andalucía advierten de que esta leve mejoría no puede interpretarse como un cambio de tendencia. “La ligera mejora de algunos datos no puede ocultar la realidad: Andalucía sigue encabezando la pobreza en España y la recuperación no está llegando a una parte muy importante de la población”, ha señalado Juan Luis Delcán, presidente de la Red.

Más ingresos, pero sin mejora real de las condiciones de vida

Los datos de ingresos reflejan un aumento de la renta neta media por persona en Andalucía, que alcanza los 13.079 euros anuales, frente a los 12.191 euros registrados en 2024. También se incrementa la renta media por unidad de consumo, que se sitúa en 19.292 euros. Sin embargo, esta mejora nominal no se traduce en una mejora efectiva de las condiciones de vida de una parte significativa de la población.

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional y la revalorización de las pensiones han contribuido a elevar las rentas medias, pero su impacto ha sido limitado. Según EAPN Andalucía, estas medidas han actuado como un amortiguador que ha evitado escenarios más graves, sin lograr revertir la exclusión estructural que padece la comunidad.

Esta realidad se refleja con claridad en la evolución de la Carencia Material y Social Severa, el indicador que mide la imposibilidad de acceder a bienes y servicios básicos. En Andalucía, este porcentaje aumenta del 10,6 % al 10,9 %, mientras que en el conjunto del Estado desciende hasta el 8,1 %. El dato evidencia una pérdida real de poder adquisitivo, estrechamente vinculada al encarecimiento de la vivienda, la energía y los gastos cotidianos.

La vivienda y el coste de la vida, ejes de la exclusión cronificada

La falta de recursos ha dejado de ser una abstracción estadística para convertirse en un factor que condiciona de forma directa la vida diaria de miles de familias andaluzas. El hogar se consolida como uno de los principales focos de vulnerabilidad. El 18,7 % de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 14,1 % acumula retrasos en el pago del alquiler, la hipoteca o los suministros básicos.

Esta presión económica se traduce en un dato especialmente preocupante: el 46,4 % de la población andaluza no dispone de una red mínima de seguridad y no puede afrontar gastos imprevistos, lo que consolida una situación de vulnerabilidad estructural y prolongada en el tiempo.

Ante este escenario, la vivienda emerge como uno de los principales motores del empobrecimiento en Andalucía. Desde EAPN Andalucía reclamamos que el actual “escudo social” se transforme en un sistema de protección estructural y permanente. Consideramos urgente consolidar la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, establecer mecanismos efectivos de control de los precios del alquiler y ampliar de forma ambiciosa el parque público de vivienda social, que en España apenas alcanza el 2,5 %, muy lejos del 9 % de la media europea.

Empobrecimiento material y aislamiento social

La exclusión en Andalucía no se limita al ámbito económico, sino que avanza también sobre las relaciones sociales y la participación comunitaria. La imposibilidad de permitirse calzado adecuado o ropa nueva afecta ya al 10,6 % de la población, mientras que el 17,6 % no puede participar regularmente en actividades de ocio y el 12,8 % no puede reunirse con amigos o familiares al menos una vez al mes.

En total, diez de los quince indicadores de carencia han empeorado en el último año. Estos datos confirman que la crisis de precios está erosionando de forma profunda el bienestar material y relacional de los hogares con menos recursos, con una intensidad muy superior a la capacidad de amortiguación que ofrece el aumento de las rentas.

La feminización de la pobreza sigue siendo una brecha estructural

A la espera del desglose por sexos de la última encuesta, EAPN Andalucía advierte de que la feminización de la pobreza continúa siendo una de las brechas más persistentes de la región. Los datos más recientes disponibles muestran que la pobreza en Andalucía tiene rostro de mujer. En el último ejercicio con información segregada, la tasa AROPE femenina superó en más de tres puntos a la masculina, consolidando la mayor brecha de la última década.

Esta desigualdad no es coyuntural ni puntual. Las mujeres andaluzas registran mayores tasas de riesgo de pobreza y una mayor incidencia de la pobreza severa, lo que evidencia que las formas más extremas y estructurales de exclusión las afectan con mayor intensidad. Desde la red subrayan que cualquier proceso de recuperación será incompleto si no se abordan de manera específica las causas de esta brecha, estrechamente ligadas a la precariedad laboral femenina y a la sobrecarga de los cuidados.

Empleo insuficiente y desigualdad persistente

El empleo continúa sin funcionar como un mecanismo eficaz de protección frente a la pobreza. La Baja Intensidad en el Empleo se mantiene estancada en el 12 %, lo que sitúa a Andalucía un 50 % por encima de la media nacional, que se sitúa en el 8 %. Al mismo tiempo, los niveles de desigualdad apenas registran cambios significativos. El índice S80/S20 alcanza el 5,4 y el índice de Gini se sitúa en 31,2, reflejando una distribución de la renta profundamente desigual.

Las dificultades para llegar a fin de mes siguen siendo una experiencia cotidiana para una parte muy significativa de la población. El 27,7 % de las personas en Andalucía declara llegar a fin de mes con mucha dificultad o con dificultad, mientras que solo el 17,8 % lo hace con facilidad o mucha facilidad, porcentajes sensiblemente peores que los del conjunto del Estado.

La necesidad de respuestas estructurales

Desde EAPN Andalucía insisten en que, aunque las transferencias públicas evitan escenarios aún más graves, el nivel actual de protección social resulta claramente insuficiente para frenar la cronificación de la pobreza. En un año marcado por el calendario electoral, reclamamos que estos datos ocupen un lugar central en el debate público y que las políticas públicas avancen de la mera contención hacia una transformación real.

En este contexto, la Red considera imprescindible situar el Pacto Andaluz contra la Pobreza, recientemente impulsado, como eje vertebrador de las políticas sociales. Este marco debe articular políticas transversales que garanticen condiciones de vida dignas, blindar el gasto social y asegurar que la recuperación llegue de forma efectiva a los hogares con menos recursos. No se trata únicamente de aplicar medidas urgentes o moratorias temporales, sino de convertir los actuales mecanismos de alivio —como los descuentos en suministros o el apoyo a la vivienda— en derechos estructurales y permanentes, que no dependan de acuerdos políticos coyunturales.

“No estamos ante un problema coyuntural. Los datos muestran una pobreza estructural que afecta ya al consumo más básico y a la vida diaria de miles de personas. Andalucía necesita políticas más ambiciosas, con mayor alcance e intensidad, que garanticen condiciones de vida dignas y reduzcan de forma real la desigualdad”, ha concluido Juan Luis Delcán.

Andalucía continúa siendo una de las comunidades autónomas con mayores niveles de pobreza y exclusión social. Actualmente, más de un tercio de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, y cientos de miles de hogares viven en situaciones de precariedad persistente que afectan al acceso a derechos básicos como la vivienda, el empleo o la salud.

En este contexto, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) impulsa el Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social, una iniciativa colectiva orientada a promover medidas estructurales y sostenidas que permitan reducir la pobreza, garantizar derechos y fortalecer la cohesión social en Andalucía.

El Pacto nace con la voluntad de convertirse en un marco estratégico compartido, capaz de orientar las políticas públicas y las actuaciones sociales desde un enfoque de derechos humanos, equidad e inclusión, situando a las personas en el centro de las decisiones.

Un Pacto para proteger lo esencial

La pobreza y la exclusión social no son únicamente una cuestión económica, sino una vulneración de derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, a la salud, al empleo, a la educación o a la protección social. En este contexto, el Pacto Andaluz contra la Pobreza se presenta como una herramienta para abordar estos retos de forma integral y coordinada.

El Pacto se articula en torno a dos documentos complementarios:

• Un Informe Ejecutivo, que establece las metas, objetivos y líneas estratégicas de actuación.

• Un documento de Ideas Clave, que recoge los fundamentos, recomendaciones prioritarias y orientaciones esenciales que sustentan el acuerdo.

Ambos documentos están concebidos como herramientas abiertas y dinámicas, orientadas a facilitar la acción conjunta y el seguimiento de los compromisos adquiridos.

Un proceso abierto y participativo

El Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social se construye desde un enfoque participativo. Entidades sociales, instituciones, Administraciones Públicas, agentes sociales y ciudadanía pueden implicarse activamente, ya sea mediante la adhesión formal al Pacto o a través de la realización de aportaciones que contribuyan a mejorar su contenido y aplicabilidad.

Desde EAPN Andalucía se subraya la importancia de sumar voluntades y conocimientos diversos para avanzar hacia políticas más eficaces, inclusivas y alineadas con los Derechos Humanos.

Consulta el Pacto y participa

Toda la información relativa al Pacto, así como los documentos y los formularios habilitados para la adhesión y la presentación de aportaciones, están disponibles en la página web: https://eapn-andalucia.org/pacto/

Con este Pacto, EAPN Andalucía refuerza su compromiso con la lucha contra la pobreza y la exclusión social y hace un llamamiento a la corresponsabilidad de todos los actores implicados para construir una Andalucía más justa, cohesionada y con derechos garantizados.

Comunicado institucional de EAPN Andalucía con motivo del 25 de noviembre

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social – EAPN Andalucía reafirmamos nuestro compromiso firme con la erradicación de todas las formas de violencia machista y con la defensa de los derechos de las mujeres que viven situaciones de pobreza o exclusión social. Lo hacemos desde una perspectiva feminista, interseccional y de justicia social, reafirmando de que no habrá fin de las violencias sin igualdad real y sin garantía plena de derechos.

La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, es la expresión más extrema de un sistema basado en desigualdades de género que se agravan cuando confluyen la pobreza, la discriminación y la exclusión. En Andalucía, esta realidad se manifiesta con especial crudeza; según los datos recogidos en el XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía, nuestra Comunidad volvió a registrar en 2024 el mayor número de mujeres víctimas y denuncias del país, además de concentrar más de un tercio de las víctimas mortales de violencia machista en 2025.

Este año, además, se cumplen 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que situó en el centro global los derechos humanos de las mujeres, la lucha contra la pobreza y la erradicación de todas las formas de violencia. Tres décadas después, muchos de aquellos retos siguen vigentes, y en Andalucía siguen condicionando la vida de miles de mujeres.

Las violencias machistas afectan a todas las mujeres, pero no afectan a todas por igual. La desigualdad de género se cruza con otros ejes de discriminación —como la clase social, el origen étnico, la discapacidad, la orientación o identidad de género, el estatus administrativo o el territorio donde viven— generando vulnerabilidades específicas. Una mujer migrante sin autorización de residencia puede temer denunciar; una mujer con discapacidad puede depender de su agresor; una mujer gitana puede encontrarse con prejuicios institucionales; una mujer trans puede ver negado su derecho a la vivienda o al empleo, exponiéndola aún más a la violencia; y las mujeres en situación de sinhogarismo sufren violencias múltiples, invisibles y normalizadas.

Por todo ello, reclamamos que las políticas públicas incorporen una mirada interseccional, capaz de comprender cómo interactúan las desigualdades y cómo condicionan el acceso a la protección, a la justicia y a las oportunidades. No se trata de sumar etiquetas, sino de garantizar justicia y derechos reales para todas las mujeres.

A escala internacional, no podemos olvidar a las mujeres y niñas que sufren violencias extremas en contextos de guerra. En Palestina, donde la devastación continúa a pesar del acuerdo de paz, las mujeres siguen enfrentándose a situaciones de violencia física, institucional y estructural, vulnerando los compromisos asumidos por la comunidad internacional hace tres décadas.

Desde EAPN Andalucía, y en consonancia con el posicionamiento de EAPN España, consideramos imprescindible que las administraciones públicas y los poderes políticos impulsen medidas urgentes y sostenidas:

Recomendaciones prioritarias

• Incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y servicios públicos, especialmente en los dirigidos a mujeres en situación de pobreza o exclusión.

• Garantizar formación en perspectiva de género interseccional para profesionales de servicios sociales, sanitarios, educativos, de empleo, seguridad y justicia.

• Reforzar la coordinación entre recursos y sistemas de atención, garantizando una respuesta integral, accesible y efectiva.

• Evaluar el impacto de todas las políticas desde la diversidad, corrigiendo los sesgos y desigualdades que afectan de forma diferenciada a las mujeres.

En este 25N, reafirmamos que romper la desigualdad es condición imprescindible para acabar con todas las forma de violencia. Desde EAPN Andalucía seguimos trabajando cada día por una sociedad libre de violencias, donde todas las mujeres puedan vivir con dignidad, autonomía, seguridad y derechos.

25 de noviembre de 2025
EAPN Andalucía

Esta mañana, con motivo del 17 de Octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Andalucía) ha presentado el XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030, que analiza la situación social de la Comunidad Autónoma y el impacto de la desigualdad económica.

Durante la presentación, han participado Juan Luis Delcán, presidente de EAPN Andalucía, y Salima El Meziani, vocal de la Junta Directiva, quienes han destacado y valorado los principales datos y las prioridades de actuación.

El informe revela que, en 2024, alrededor de 3 millones de personas en Andalucía estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE del 35,6 %), situando a la comunidad autónoma a la cabeza de España en cuatro de los cinco indicadores principales de pobreza: Tasa AROPE, Tasa de Riesgo de Pobreza, Pobreza Severa y Baja Intensidad de Empleo.

Juan Luis Delcán ha señalado que «aunque los indicadores muestran una ligera mejoría, la pobreza en Andalucía sigue siendo estructural y profundamente desigual. No podemos hablar de recuperación cuando más de una cuarta parte de la población continúa en riesgo de exclusión social. Detrás de las cifras hay vidas y derechos de personas vulnerados, y eso exige decisiones políticas valientes y sostenidas en el tiempo.”

El informe también destaca la feminización de la pobreza, con tasas más elevadas entre mujeres que entre hombres en AROPE, Pobreza general y Pobreza Severa, así como la persistencia de la pobreza infantil, que afecta al 40,5 % de los menores (tasa AROPE infantil) y refleja la urgencia de políticas educativas y de protección social.

Por su parte, Salima El Meziani ha afirmado que “la pobreza tiene rostro de mujer. Las desigualdades en el empleo, los salarios, las pensiones o la carga de los cuidados siguen situando a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad. Mientras no se incorporen la perspectiva de género y la corresponsabilidad al diseño de las políticas sociales y laborales, seguiremos perpetuando una pobreza que se hereda de generación en generación”.

Además, el informe analiza otros factores de desigualdad, como el problema de la vivienda y la Baja Intensidad de Empleo, mostrando cómo la precariedad laboral y el elevado coste de la vida afectan directamente al poder adquisitivo y la calidad de vida de los andaluces y andaluzas.

Desde EAPN Andalucía reclamamos medidas urgentes y estructurales que afronten la pobreza infantil, la feminización de la pobreza y la desigualdad territorial. Erradicar la pobreza es, ante todo, una decisión política. Es momento de impulsar el Pacto Andaluz de Lucha contra la Pobreza, con consenso político y social, que permita el desarrollo e inversión en gasto social, trace una estrategia a medio y largo plazo dirigida a alcanzar los objetivos marcados en la Agenda 2030 y marque una hoja de ruta clara hacia una Andalucía más justa, igualitaria y cohesionada.

Consulta el informe completo aquí: XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030

XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía

El pasado 7 de octubre, EAPN España organizó en Sevilla, en el Hogar Virgen de los Reyes, el taller presencial “Fortalecimiento Territorial y Estatal para una Transición Ecológica Justa. Pobreza, territorio y transición ecosocial: construyendo una transición justa en Andalucía”.

La jornada reunió a profesionales de entidades sociales y medioambientales de toda Andalucía con el objetivo de fortalecer la acción local y autonómica en el marco de la transición ecológica desde una perspectiva de justicia social. Este encuentro se enmarca en el proyecto ‘Cerrando la brecha: acción climática y equidad social’, que EAPN-ES impulsa desde 2024 para promover una transición ecosocial justa, inclusiva y centrada en las personas. En esta edición, el foco se ha puesto en el ámbito territorial, reforzando las capacidades de las redes autonómicas para incidir en los procesos de transformación ecológica desde una mirada social y equitativa.

Durante la sesión, los participantes reflexionaron sobre cómo las políticas climáticas y de descarbonización afectan a las personas en situación de pobreza y exclusión, identificando tanto los riesgos como las oportunidades que presenta el proceso de transición ecológica para reducir desigualdades y avanzar en la cohesión social.

De la mano de Anabel Suso Araico, de la consultora Red2Red, y María Gangutia Fernández, de EAPN España, se profundizó en los impactos sociales de la transición ecológica, con especial atención a los ámbitos del transporte, la edificación y la pobreza energética. También se abordaron propuestas de incidencia política y mecanismos de participación ciudadana que garanticen que las voces de las personas más vulnerables estén presentes en la toma de decisiones.

El taller fue un espacio de aprendizaje y diálogo colectivo, que permitió compartir herramientas y experiencias prácticas para fortalecer las capacidades de las entidades sociales andaluzas en su trabajo por una transición ecológica que no deje a nadie atrás.

Desde EAPN Andalucía queremos agradecer la participación de las entidades asistentes, por su compromiso con una acción climática justa y centrada en las personas. Con iniciativas como esta, desde EAPN España y EAPN Andalucía continuamos impulsando una visión de la transición ecológica que combine la sostenibilidad ambiental con la equidad social, garantizando que el cambio climático no amplíe las brechas de pobreza y desigualdad, sino que sea una oportunidad para construir una sociedad más justa y sostenible.

Declaración de EAPN Andalucía sobre la situación de catástrofe humanitaria que se está dando en Gaza y que ha costado la vida a más de 61.000 personas, incluidos más de 18.000 niños y niñas.

Desde la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) queremos sumarnos a la condena expresada por la Red estatal y denunciar la situación de catástrofe humanitaria que se está viviendo en Gaza, que ha costado la vida a más de 61.000 personas, entre ellas más de 18.000 niños y niñas.

Durante más de veinte meses, la población civil ha sido víctima de ataques, desplazamientos forzados y privaciones constantes debido a las operaciones militares israelíes y al bloqueo de la Franja de Gaza. A esta dramática realidad se suma la situación de hambruna denunciada por organismos internacionales, medios de comunicación y actores de la sociedad civil. Según alerta la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA), la tasa de desnutrición ha alcanzado el 21,5% en la ciudad de Gaza. Más de un millón de menores sufren las consecuencias de una hambruna provocada, que tendrá efectos irreversibles en su desarrollo físico y cognitivo.

EAPN Andalucía, al igual que EAPN España, denuncia que la pobreza se está utilizando como un arma de guerra en Gaza, mediante el desplazamiento forzado de la población civil y la destrucción sistemática de viviendas, escuelas, hospitales, sistemas de agua e infraestructuras críticas. Todo ello deja a la región sin esperanza de reconstrucción y agrava la vulnerabilidad de quienes sobreviven en condiciones extremas. A esto se suman casi dos años de restricciones en alimentos, agua, electricidad y suministros médicos, con un bloqueo sistemático de los convoyes humanitarios.

Del mismo modo, queremos denunciar los ataques contra actores de la sociedad civil, el asesinato de trabajadores humanitarios, periodistas, activistas y personas expertas que arriesgan su vida para auxiliar a la población palestina y defender los derechos humanos.

Desde EAPN Andalucía nos sumamos también a la condena del atentado perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.200 israelíes y el secuestro de más de 253. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y pedimos la liberación inmediata de los rehenes. Pero reiteramos que la respuesta no puede justificar actos de genocidio contra el pueblo palestino, tal y como ha reconocido el propio Comité Especial de la ONU encargado de investigar las prácticas israelíes.

En este sentido, desde EAPN Andalucía nos sumamos a las demandas de EAPN España y EAPN Europa para exigir:

• Alto el fuego inmediato. 
• El regreso de las personas refugiadas a lugares seguros. 
• Fin de la ocupación militar y la colonización. 
• Reexamen de la asociación económica entre la UE e Israel. 
• Embargo de armas contra Israel para poner fin a cualquier complicidad de los Estados europeos en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 

Como red autonómica que forma parte de un proyecto europeo de paz, cohesión social y defensa de los derechos humanos, apelamos a las instituciones y a los gobiernos de los Estados europeos a que actúen de forma urgente y contundente para detener la catástrofe humanitaria en Gaza y garantizar la protección de los derechos de la población civil.

Garantizar los derechos humanos es una cuestión de voluntad política.