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LA VIVIENDA, FACTOR CLAVE DE POBREZA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

Andalucía se mantiene entre las tres regiones con peores datos en los principales indicadores de pobreza.

  • El coste de la vivienda, la brecha de género y el apoyo insuficiente a las familias con menores se constituyen como factores clave para la generación de pobreza.

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), a través de su red provincial EAPN Sevilla quiere remarcar los datos referentes a la provincia de Sevilla a partir del XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2022’. Al igual que sucede en el conjunto del territorio nacional, los datos muestran una cierta mejoría en los principales indicadores de pobreza, excepto en la PMSS, respecto al año anterior, aunque Andalucía se mantiene entre las tres regiones con peores datos en los principales indicadores de pobreza.

Los datos oficiales reflejan cómo 3,04 millones de personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Andalucía, cifra inferior a la registrada el año pasado, y que supone que unas 233.000 personas han dejado de estar en situación AROPE. No obstante, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor población lo que, combinado con la alta tasa AROPE que registra, la sitúa como la región con más personas en AROPE.

El deterioro de algunos indicadores de Privación Material Social Severa muestra los efectos del encarecimiento de la vida, especialmente con el alza de precios de alquileres e hipotecas y de la energía. Un 11,3% de la población en Andalucía se encuentran en situación de Privación Material Social Severa, que términos absolutos se traduce en unas 960.000 personas, lo que supone un incremento de 1 punto porcentual respecto a 2021. Andalucía es la segunda región con mayor PMSS solo superada por Canarias.

Todos los ítems en los que se basa la Privación Material Social Severa registran en Andalucía tasas muy superiores a las medias nacionales, donde destacamos el aumento de personas que no pueden permitirse mantener una vivienda con una temperatura adecuada, que prácticamente se dobla en los dos últimos años y pasa del 11,3% en 2020, al 18,0% en 2021 y al 21% de este año.

También se aprecia un incremento destacable de las personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días: en 2021 eran un 6,8 % y en 2022 un 8,0 %, es decir, un 16,4 % más. El 54,6 % de la población experimenta dificultades para llegar a fin de mes, lo que supone una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior (54,7 %).

En la provincia de Sevilla, el tema de la vivienda presenta uno de los ítems más característicos como factor de pobreza. Las ejecuciones hipotecarias suben en el año 2022, por encima de las ejecuciones de 2018, alcanzando las 1.624 ejecuciones totales. Los lanzamientos de hipotecas (compra) reflejan un leve ascenso respecto a los alcanzado desde la pandemia, dónde la cifra de lanzamientos por hipotecas sufre un descenso importante alcanzando en 2020 los 220 lanzamientos en la provincia de Sevilla. Sin embargo, los lanzamientos por arrendamientos (alquiler), en la provincia de Sevilla ya alcanzan una cifra más cercana a los datos de años de prepandemia, ascendiendo a los 648 lanzamientos en 2022 frente a los 402 de 2020. Una vez más, vemos como los alquileres lastran a las personas más vulnerables (a nivel nacional, 34,9% de las personas pobres residen en viviendas de alquiler frente al 14,5% que no lo son).

Desde la red provincial de EAPN Sevilla también queremos destacar la relevancia de viviendas con fines turísticos, ya que em la provincia de Sevilla el número de plazas de viviendas con fines turísticos continua al alza, ascendiendo en 2022 a 42.036 plazas, y siendo la tercera provincia andaluza con mayor número de plazas.

Es necesario establecer medidas que impulsen los Planes de Vivienda, con una coordinación entre las administraciones públicas para poner fin al grave problema habitacional, incrementando las viviendas protegidas, en especial la social para las personas en riesgo de exclusión.

El empleo, otro de los factores determinantes de pobreza, ha variado en los últimos años tal y cómo lo considerábamos, ya que por sí sólo, tener un trabajo no resuelve la garantía de ingresos; es necesario poner en marcha sistemas ágiles que permitan la alternancia o complementariedad entre el empleo y las medidas de protección. La Tasa de Paro de Sevilla en el segundo trimestre de 2023, sufre un leve descenso, con una cifra muy similar a la del segundo trimestre de 2022, con una tasa de 17,73, siendo sin embargo muy superior a la media nacional que alcanza el11,60%. Acentuamos el rango de población más afectado por el paro según sexo y edad, que son las mujeres mayores de 45 años, que ascienden en la provincia de Sevilla a 5.169 en el mes de septiembre de 2023.

La feminización de la pobreza es otro de los elementos clave que se repite en este informe año tras año. El salario medio anual en la provincia de Sevilla de 17.405 euros, siendo el salario medio masculino de 19.332 euros, frente a las mujeres asalariadas que cobran de media al año – 4.113 euros menos que los hombres, siendo de 15.219 euros.

El máximo exponente de la desigualdad en materia de género es el de la violencia de género, que sigue siendo uno de los temas más preocupantes. Las cifras de mujeres víctimas mortales por violencia de género, donde se han incluido los datos a 2 de octubre de 2023 y si el año 2022 finalizó con 11 mujeres asesinadas en Andalucía, ya se ha superado esa cifra ascendiendo a 16, a falta de tres meses para finalizar el año. En la provincia de Sevilla, en 2022 hubo 4 víctimas mortales, siendo la provincia con más fallecidas por violencia de género en Andalucía, y a 2 de octubre de 2023, las fallecidas ascienden a 3.

Recordemos que la ciudad de Sevilla sigue apareciendo con 6 de los 15 barrios más pobres de España, siendo Polígono Sur, con una renta media anual por habitante de 5.816 euros, el barrio más pobre de España.  El año pasado esos ingresos fueron de 5.666 euros. La renta media por persona en Andalucía es de 10.703 €, más de 2.300€ inferior a la renta media nacional y la tercera más baja de todas las regiones. Los Pajaritos y Amate (Cerro-Amate) es la segunda zona más pobre del país, con 6.043 euros por persona; esta cifra se estanca, ya que el año anterior se situaban en 6.042 euros por habitante. Aparecen zonas trabajadas por todas nuestras entidades, tales como Torreblanca, Palmete-Padre Pío, Oliva y Las Letanías y Polígono Norte y Villegas.

Por todo ello, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde la red provincial de EAPN Sevilla vemos necesario mantener e incrementar las políticas de protección social, aumentando su dotación y su alcance. Acabar con la pobreza es una cuestión de garantía de derechos para todas las personas.

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EAPN GRANADA PRESENTA SUS DATOS PROVINCIALES DE POBREZA

DURANTE LA RUEDA DE PRENSA SE COMPARTIERON ALGUNSO TESTIMONIOS DE PERSONAS ATENDIDAS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), a través de su red provincial EAPN Granada ha presentado los datos de su XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2022′, de la mano de Fundación Secretariado Gitano, Amaranta, Arca Empleo, Calor y Café, Fundación Cruz Blanca, INPAVI, Inserta Andalucía, Provivienda, Granada Acoge, Fundación Casas Diocesanas y ONCE.

Desde nuestras entidades, con nuestros diferentes programas, atendemos a colectivos vulnerables, en riesgo de pobreza y exclusión social: población gitana, mujeres que han sufrido o sufren diversas violencias basadas en el género, especialmente, mujeres en contextos de prostitución, trata o violencia sexual, población migrante, personas/familias en riesgo, personas con discapacidad o personas sin hogar, siendo éstas últimas las que reflejan la cara más severa de la pobreza.

En primer lugar, hablamos de los datos cuantitativos más significativos que aparecen reflejados en el Informe 2023.

  • TASA DE PARO / TASA DE EMPLEO

En relación con la Tasa de Paro de Granada en el segundo trimestre de 2023, se aprecia un cierto descenso respecto al segundo trimestre de 2022, con una tasa de 18,23, siendo sin embargo muy superior a la media nacional que alcanza el 11,60%. A su vez, la Tasa de empleo asciende en el 2º trimestre de 2023 a 49,56, lo que supone el tercer año consecutivo de ascenso en la provincia.

  • TASA DE PARO POR SEXO

Comparando los últimos trimestres de los tres últimos años, se puede observar cómo la tasa de paro va descendiendo progresivamente en el caso de los hombres, alcanzando un 17,97% en el último trimestre de 2022, mientras que para las mujeres sufre un incremento, siendo del 21,79%, un 1,81 puntos porcentuales superior. Asimismo, la tasa de paro es mayor en las mujeres, dato que se repite en todas las provincias andaluzas.

  • PARO REGISTRADO

La evolución del paro en el mes de septiembre de 2023 suele tener una tendencia al alza de forma general, donde el paro alcanza a 77.671 personas, aumentando en 1.700 personas respecto al mes anterior y descendiendo en 1.700 respecto a 2022.

El rango de población más afectado por el paro según sexo y edad, son las mujeres mayores de 45 años, que ascienden en la provincia de Granada a 1.655 en el mes de septiembre de 2023.

  • TIPOS DE CONTRATO

Del total de 406.999 contratos registrados en la provincia de Granada en 2022, lo que supuso una caída del 11,64% respecto al año anterior, es significativo el aumento de la contratación indefinida a jornada parcial, con un porcentaje de variación respecto al año anterior del 312,33 %, además del enérgico incremento de los contratos fijos-discontinuos (1.095,57 %). En ambos casos, puede deberse a que gran parte de la contratación temporal se haya canalizado a través de estas vías.

  • BRECHA SALARIAL

El salario medio anual en la provincia de Granada fue de 16.415 euros, siendo el salario medio masculino de 17.685 euros, frente a las mujeres asalariadas que cobran de media al año – 2.669 euros menos que los hombres, siendo de 15.0169 euros. Esta diferencia se ha acrecentado levemente respecto al año anterior.

  • VIOLENCIA DE GÉNERO

Granada es la cuarta provincia andaluza con mayor número de denuncias recibidas por mujeres víctimas de violencia de género en 2022, alcanzando las 5.325 denuncias, y sufriendo un ascenso continuado en comparación con los dos años anteriores.

Más alarmante son las cifras de mujeres víctimas mortales por violencia de género, donde se han incluido los datos a 2 de octubre de 2023, ya que se ha superado el número de mujeres asesinadas, y si el año 2022 finalizó con 11 mujeres asesinadas en Andalucía, ya se ha superado esa cifra ascendiendo a 16, a falta de tres meses para finalizar el año. En la provincia de Granada, en 2022 hubo 2 víctimas mortales, el mismo número de las fallecidas ya a fecha de 2 de octubre de 2023.

  • VALOR DE LA VIVIENDA

La situación respecto a la vivienda, queda reflejada tanto en el informe con los datos provinciales, como en el análisis cualitativo que hacemos desde las distintas Entidades. Sigue aumentando por tercer año consecutivo el valor del metro cuadrado. Ha aumentado también la solicitud de vivienda protegida (pero no aumenta la disposición de vivienda pública).

  • VIVIENDA CON FINES TURÍSTICOS

En la provincia de Granada, el número de plazas de viviendas con fines turísticos asciende en 2022 a 32.775 plazas, continuando su tendencia al alza y siendo la quinta provincia andaluza en cuanto al número de plazas.

  • TASA ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

La tasa de abandono escolar en la provincia de Granada se sitúa en 2021 en el 11,8%, cifra que está por debajo de la media andaluza y española, siendo la provincia andaluza con menor tasa de abandono escolar.

Respecto a la vivienda nos preocupa especialmente a todas las entidades, la situación respecto a la vivienda. Personas en riesgo de exclusión y en riesgo de pobreza, que en este año 2023 han visto mermada su capacidad de acceso a una vivienda o de mantenimiento de la que ya poseían.

La Ley de Vivienda de 2023 fue aprobada y entró en vigor el 26 de mayo de 2023.

Desde su implementación, ha introducido cambios significativos en el panorama inmobiliario español. A pesar de que se recomienda que el gasto en vivienda no supere el 30% del salario, el precio medio del arrendamiento se incrementó hasta un 9,3% interanual en julio que supone más de la mitad del salario mínimo interprofesional. Esto supone una brecha abismal en comparativa con la subida del salario.

El Banco Central Europeo anunció una nueva subida en los tipos de interés en Junio de 2023, dejando la tasa de depósito en el 3,5%, rozando su máximo histórico del 3,75%, algo que no se ve desde el año 2000.

Todo esto contribuye a que familias que no han precisado de ciertos apoyos por Servicios sociales o entidades, se encuentren en riesgo de pérdida de vivienda porque no pueden asumir la subida en los servicios básicos y de vivienda. Teniendo que acudir a entidades o servicios sociales para poder hacer frente a pagos de: luz, agua, renta, alimentación, etc. Dentro de esta ecuación, entra las dificultades de acceso a la vivienda digna, en las que familias y personas solas tienen que presentar una serie de garantías que chocan con la realidad actual, laboral y económica. Se buscan principalmente a inquilinos que carezcan de cargas personales; dispongan de ingresos fijos, estables y prolongados en el tiempo; para poder ser considerada candidatos para el contrato de arrendamiento.

Es decir, las personas más vulnerables y con un mayor riesgo de pobreza, tienen problemas reales para el acceso a la vivienda y presentan serias dificultades para poder cubrir necesidades básicas, por destinar la mayor parte de sus bajos ingresos al pago de la vivienda. Esto ocurre tanto en casos de alquiler como de las personas con compra de vivienda. Hay serias dificultades de hacer frente a los nuevos gastos hipotecarios derivados de la subida de los tipos de interés, y de la subida de precios en general, que les imposibilita a hacer otros gastos que antes sí podían. Deben elegir entre sufragar los costes de la vivienda o pagar otros gastos.

Lógicamente, esto establece barreras para muchas personas que por su edad, origen de nacimiento, idioma, color de piel y características personales diversas; pueden ser perfectamente rechazadas por el mercado libre de vivienda. Pero ahí no acaba la dificultad, sino que muchas inmobiliarias y particulares exigen requisitos que las personas jamás pueden cumplir, tales como avales, nóminas, seguros de impago…aun en casos en los que la vivienda o la habitación no reúnen unas condiciones mínimas de higiene y habitabilidad. En el caso de las habitaciones, habría que sumar dificultades específicas como que, la mayor parte de la oferta está en la economía sumergida, donde casi nunca existen garantías administrativas a la hora de formalizar el alquiler, es decir, todo se limita a un acuerdo verbal en precario donde los derechos básicamente no existen, por ejemplo, la opción de empadronarse en su domicilio habitual, requisito indispensable para acceder al ejercicio de sus derechos.

Debemos decir desde hace unos años, y sobre todo en entornos urbanos como Granada, existen serias dificultades de acceso a una vivienda o habitación en régimen de alquiler, y sobre todo para personas que reciben prestaciones económicas, personas extranjeras, y familias monomarentales con hijos o personas con discapacidad. Estos problemas en el mercado de vivienda, en la práctica están provocando que muchas personas que iniciaron un proceso de cambio personal, vuelvan al punto de partida en el corto o medio plazo por no cumplirse la expectativa de disponer de un hogar seguro.

Otro colectivo que se ve muy perjudicado por la situación actual de la vivienda es el de los jóvenes que perciben como imposible el poder adquirir en corto/medio espacio de tiempo una vivienda en propiedad y el acceder a una en alquiler. La mayoría continúa viviendo en casa de sus padres o en alguna vivienda familiar.

En relación al empleo:

  • Altas tasas de desempleo
  • Altas tasas de temporalidad en los contratos y empleos en la económica sumergida
  • Feminización de profesiones relacionadas con el cuidado y el servicio doméstico
  • Situaciones de explotación de las mujeres trabajadoras como internas en el ámbito doméstico
  • Grandes dificultades para la conciliación Prestaciones sociales y servicios sociales:
  • Prestaciones sociales insuficientes para la cobertura de situaciones de urgencia
  • Servicios sociales saturados y con carencia de profesionales Educativas:
  • Dificultades de las familias para hacer frente de los gastos educativos de los menores
  • Falta de becas suficientes para el estudio de mujeres que necesiten mejorar sus niveles de formación.
  • Dificultades para la escolarización en educación infantil de menores con progenitores en situación administrativa irregular
  • Dificultades en los trámites de homologación de estudios del país de

Seguimos constatando la alta incidencia de la pobreza y la profunda brecha de desigualdad que afecta a la comunidad gitana en los ámbitos de la educación, el empleo o el acceso a una vivienda, entre otros; a ello se suma la discriminación y el antigitanismo que afecta a todas las esferas de la vida de las personas gitanas, situándolas en una clara situación de desventaja. 6 de cada 10 niños o niñas gitanas no consigue el título de la ESO. La situación de desigualdad que afecta al alumnado gitano se produce por diferentes causas, entre ellas, el contexto social en el que viven los hogares gitanos con unas tasas de pobreza del 87,4% y pobreza infantil del 86,8%;

La cara más extrema de la pobreza: el sinhogarismo. Se estima que el 40% de las personas sin hogar carecen de empadronamiento, por lo que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones sociales y económicas básicas.

Privación material: Se estima que aproximadamente que el 70% de las personas demandantes de alimentos acceden a cobertura de alimentos y productos básicos. Sin embargo, se cubren necesidades esenciales, pero no necesidades reales y óptimas para mejorar su calidad de vida, dignificando a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social. La dificulta en el acceso a la vivienda, se vuelve aún mayor en las personas sin hogar.

ALGUNAS PROPUESTAS DE MEJORA EAPN GRANADA

  • Ampliación de recursos del sistema público y entidades sociales para la cobertura de necesidades básicas de las mujeres y menores, así como facilitar el acceso a derechos como vivienda, educación, prestaciones y empleo
  • Desarrollo de políticas públicas sociales y de empleo con perspectiva de género que ponga en el centro las necesidades específicas de las mujeres desde un enfoque
  • Agilizar los trámites para el acceso a prestaciones sociales y reducción de los requisitos exigidos, con el fin de erradicar situaciones de exclusión
  • Protección efectiva frente a la pobreza, garantizando unos ingresos adecuados a las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, y una atención eficaz desde los Centros de Servicios
  • Bolsas de viviendas con requisitos más flexibles y precios
  • Plan de choque para combatir el fracaso escolar y prevenir y combatir la segregación
  • Intensificar medidas adaptadas de formación, capacitación y acceso al empleo por cuenta
  • Priorizar la intervención y rehabilitación de barrios en situación de alta vulnerabilidad, erradicando la infravivienda y el chabolismo y que ponga las bases para acabar con los asentamientos de población
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LA VIVIENDA, LA BRECHA DE GÉNERO Y EL APOYO INSUFICIENTE A LAS FAMILIAS CON MENORES, FACTORES CLAVE DE POBREZA

Andalucía registra 3,04 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

  • Al igual que sucede en el conjunto del territorio nacional, los datos muestran una cierta mejoría en los principales indicadores de pobreza, excepto en la Privación Material Social Severa, respecto al año anterior.
  • A pesar de ello, Andalucía se mantiene entre las tres regiones con peores datos en los principales indicadores de pobreza.

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) ha presentado hoy su XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2022’, donde, al igual que sucede en el conjunto del territorio nacional, los datos muestran una cierta mejoría en los principales indicadores de pobreza, excepto en la PMSS, respecto al año anterior, aunque Andalucía se mantiene entre las tres regiones con peores datos en los principales indicadores de pobreza.

Los datos oficiales reflejan cómo 3,04 millones de personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Andalucía, cifra inferior a la registrada el año pasado, y que supone que unas 233.000 personas han dejado de estar en situación AROPE. No obstante, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor población lo que, combinado con la alta tasa AROPE que registra, la sitúa como la región con más personas en AROPE.

Esto supone que el 35,8% de la población de Andalucía están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2022. La cifra es 2,9 puntos porcentuales inferior a la registrada el año pasado. Andalucía ha soportado y continúa soportando tasas muy elevadas de riesgo de pobreza y/o exclusión social, siempre muy por encima de la media nacional y en las posiciones más altas en la ordenación por regiones.

El deterioro de algunos indicadores de carencia material y social severa muestran los efectos del encarecimiento de la vida, especialmente con el alza de precios de alquileres e hipotecas y de la energía. Un 11,3% de la población en Andalucía se encuentran en situación de Privación Material Social Severa, que términos absolutos se traduce en unas 960.000 personas, lo que supone un incremento de 1 punto porcentual respecto a 2021. Andalucía es la segunda región con mayor PMSS solo superada por Canarias.

Todos los ítems en los que se basa la Privación Material Social Severa registran tasas muy superiores a las medias nacionales, donde destacamos el aumento de personas que no pueden permitirse mantener una vivienda con una temperatura adecuada, que prácticamente se dobla en los dos últimos años y pasa del 11,3% en 2020, al 18,0% en 2021 y al 21% de este año.

También se aprecia un incremento destacable de las personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días: en 2021 eran un 6,8 % y en 2022 un 8,0 %, es decir, un 16,4 % más. El 54,6 % de la población experimenta dificultades para llegar a fin de mes, lo que supone una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior (54,7 %).

Juan Luis Delcan, presidente de EAPN Andalucía, ha remarcado las principales conclusiones que extraen todas estas cifras, resaltando que los datos de 2022 reflejan una cierta mejoría en algunos de los indicadores de pobreza y/o exclusión social; sin embargo, Andalucía continúa en los primeros puestos en las tasas de pobreza y exclusión social, todavía queda mucho por hacer para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030. El informe evidencia la continuación de un proceso de alteración de los factores que tradicionalmente determinan la pobreza y exclusión social, como el empleo, que por sí solo no garantiza ingresos suficientes para salir de la pobreza, es necesario mejorar la calidad y condiciones del mercado laboral, ya que a nivel nacional el 12,5% de las personas ocupadas están en riesgo de pobreza (la cifra mejora casi dos puntos con respecto al año pasado) y una de cada tres personas pobres (32,9%) tiene un empleo remunerado.

Otra cuestión estructural muy importante en la generación de pobreza es la situación con respecto a la vivienda. En Andalucía, el 28,5 % de la población pobre tiene gastos de vivienda superiores al 40% de su renta disponible, sin embargo, entre las personas que no lo son, la cifra se reduce drásticamente hasta el 1,5 %. De 2020 a 2022 el gasto en vivienda en las personas en pobreza creció 11,6 puntos, es decir, un incremento del 68%.

En la presentación de los datos, Concha Danta, coordinadora de la Secretaría Técnica de EAPN Andalucía, ha aportado las diferentes cifras que inciden en la feminización de la pobreza, siendo un problema estructural, observando los datos que nos arroja la tasa AROPE, que a pesar de que ambas tasas disminuyen en este último año en un grado muy similar, 2,9 puntos entre los hombres y 2,8 entre las mujeres, el AROPE femenino llega al 37,3%, cifra que se mantiene en 3,0 puntos porcentuales superior a la de los hombres.

La tasa de pobreza de Andalucía desciende al 29,1%, y a pesar de la reducción en 3,2 puntos porcentuales, nos volvemos a encontrar entre las tres comunidades autónomas con mayor tasa de pobreza, 8,7 puntos por encima de la media nacional (20,4%). En términos absolutos, en Andalucía hay 2,5 millones de personas pobres, 134.000 hombres y 128.000 mujeres menos que el año pasado. En Andalucía, a menor edad, mayor riesgo de estar en situación de pobreza, ya que la tasa de pobreza entre los menores de 18 años es del 38,1%. Así mismo, las personas que viven en hogares con menores económicamente dependientes registran tasas mucho más elevadas que el resto. La tasa de pobreza entre los hogares con menores es de 34,1%, con una diferencia de 10,9 puntos porcentuales con respecto al resto de hogares.

En el año 2022 la tasa de pobreza severa, medida con un umbral del 40% de la mediana de renta nacional, esto es, el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 530 € mensuales por unidad de consumo, en Andalucía es del 14,4 %. Este valor es 1,5 puntos inferior al registrado el año pasado, pero debe destacarse la extrema situación de las personas pobres en Andalucía, en la cual cerca de la mitad de ellas están en pobreza severa.

La renta media por persona en Andalucía es de 10.703 €, más de 2.300€ inferior a la renta media nacional y la tercera más baja de todas las regiones.

Los datos muestran a su vez la importancia de las pensiones en la generación de pobreza en Andalucía; de las 1.626.822 pensiones que se reciben en Andalucía, el 42,1 %, es decir, más de dos de cada cinco, reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre (720 € por paga). En términos absolutos son alrededor de 685.822 personas, unas 20.000 más que el año anterior. El 16 % del total de población pensionista, el importe de su pensión es inferior al umbral de pobreza severa (renta inferior a 480 € en 2022).

El efecto de la acción de las distintas Administraciones del Estado sobre la calidad de vida de las personas es muy importante. De hecho, si no hubiera transferencias del Estado en Andalucía, en 2022 la situación de pobreza se ampliaría a más de la mitad de la población (54,0 %). A su vez, la población en pobreza severa crecería hasta el 41,4 % si no hubiera transferencias de ningún tipo.

Por todo ello, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde EAPN Andalucía queremos reclamar medidas que mejoren las condiciones laborales para que el empleo sea estable, digno, con derechos y en entornos saludables y seguros; es necesario poner en marcha sistemas ágiles que permitan la alternancia o complementariedad entre el empleo y las medidas de protección. Ante los datos de pobreza infantil, es imprescindible poner en marcha mecanismos para reducir el fracaso escolar y abandono educativo temprano de la educación. Y respecto a vivienda, reclamamos la necesidad de establecer medidas que impulsen los Planes de Vivienda desde el gobierno central y que las comunidades autónomas se responsabilicen de aumentar el parque de vivienda protegida, en especial la social para las personas en riesgo de exclusión.

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España, cuarto país de la Unión Europea con más personas en situación de pobreza o exclusión social

• En 2022, 95,3 millones de personas en la Unión Europea estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 21,6 % de la población.

• Las cifras, publicadas este miércoles por Eurostat, sitúan a España como el cuarto país con mayor tasa de pobreza y/o exclusión, solo por detrás de Rumania, Bulgaria y Grecia.

 

En 2022, 95,3 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE, lo que equivalía al 21,6 % de la población. Así lo ha revelado este miércoles la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, que ha hecho públicos los datos de condiciones de vida en Europa referidos a pobreza y exclusión social (tasa AROPE). La cifra se mantiene prácticamente constante respecto a 2021, cuando ascendía al 21,7 %.

En la comparativa por países, España sigue siendo un año más el cuarto país con mayor tasa AROPE, solo por detrás de Rumanía (34,4 %), Bulgaria (32,2 %) y Grecia (26,3 %), pese a que se redujo del 27,8 % al 26 % en 2022, según el Avance de Resultados del XIII Informe sobre el Estado de la Pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

Respecto a la diferencia por colectivos, el riesgo de pobreza o exclusión social fue mayor en toda la UE para las mujeres (en lugar de los hombres), personas jóvenes (en lugar de las personas mayores o de mediana edad), las personas con un nivel educativo bajo (en lugar de las personas con un nivel educativo medio o terciario), las que vivían en hogares con menores a cargo: más de una quinta parte (22,4 %), y aquellas en situación de desempleo (65,2 %).

Desde EAPN-ES, venimos denunciando que las tasas de pobreza y exclusión social en Europa son altas y constantes. Este hecho evidencia causas profundas y estructurales que las sucesivas crisis no han hecho más que agravar. Si analizamos el desglose por colectivos y países, vemos una UE a diferentes velocidades, caracterizada por la desigualdad, lo que requiere de una fuerte transformación social para poner el sistema económico al servicio de las personas.

El pasado mes de febrero se publicó la última encuesta del Eurobarómetro sobre equidad y desigualdad. Los resultados eran claros: una abrumadora mayoría de la ciudadanía de la UE apoya un refuerzo de las políticas sociales a nivel nacional y europeo, así como un incremento del gasto social. Según los datos revelados, más del 81 % de la población europea cree que las diferencias de ingresos son demasiado grandes en su país, y el 78 % considera que el gasto público general en políticas sociales clave debería aumentar, en orden de preferencia, en salud, dependencia, educación, pensiones, vivienda, garantía de ingresos, políticas familiares y apoyo al desempleo.

El abordaje de la pandemia de COVID-19, de la crisis energética y de los efectos de la guerra en Ucrania ha sido muy diferente al que presenciamos en la gran recesión de 2008, priorizando las políticas sociales frente a los recortes y la austeridad, en la senda de lo demandado por la propia ciudadanía de la UE. Sin embargo, como muestran las cifras de Eurostat, aún queda mucho camino por recorrer.

El próximo 1 de julio España asume por seis meses la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. A la vista de los datos, desde EAPN-ES queremos recordar que este hito debe servir para poner en el centro de la agenda política europea la ampliación de las políticas sociales impulsadas frente a las sucesivas crisis, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, y en línea con lo demandado por la ciudadanía de la UE y los compromisos adquiridos en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

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LA MEJORA EN LOS DATOS DE POBREZA MARCA LA DESIGUALDAD EN ANDALUCÍA

Los datos de AROPE, Tasa de Pobreza y otros indicadores de pobreza mejoran en Andalucía, que a pesar de ello sigue manteniéndose como una de las comunidades autónomas más empobrecidas junto con Extremadura y Canarias.  

  • El Informe ‘El Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas’ de EAPN-ES constata la brecha norte-sur entre las Comunidades Autónomas.
  • España y todas sus regiones siguen teniendo un grave problema de pobreza, con 12,3 millones de personas en situación pobreza y/o exclusión social.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado este lunes 22 de mayo el Informe ‘El Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas’, un Avance de Resultados del capítulo de Comunidades Autónomas que se incluirá en el XIII Informe sobre el Estado de la Pobreza el próximo otoño, elaborado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2022, del Instituto Nacional de Estadística.

Con este informe, EAPN-ES ha ofrecido un primer análisis de los datos e indicadores de pobreza y exclusión social autonómicos, poniendo de manifiesto la desigualdad social y económica de los territorios que componen el Estado español, y la necesidad de reducir las importantes brechas que se derivan de ella en la calidad de vida de las personas.

Los datos reflejan una división de España en dos mitades norte-sur con muy diferentes realidades de vida. Aunque se constata un proceso de reducción de la desigualdad territorial desde 2016, es todavía muy insuficiente: las tasas AROPE y de Privación Material y Social Severa (PMSS) regionales más elevadas multiplican por 2,5 y por 3, respectivamente, a las más bajas.

En Andalucía la tasa AROPE en 2022 experimenta un acentuado descenso (-2,9 puntos porcentuales), hasta situarse en un 35,8%, esto supone que 3.049.840 andaluces están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, que, pese a esta mejoría, se mantiene junto a Extremadura y Canarias, entre las tres comunidades con más población en riesgo de pobreza y/o exclusión.

Esta mejora de la tasa AROPE está provocada por la reducción de la tasa de riesgo de pobreza (-3,2 p.p.) y de las personas en hogares con baja intensidad en el empleo (-6,1 p.p.). La nota negativa la pone el incremento de un punto porcentual de la población en privación material y social severa. Además, aunque se reduce la tasa de pobreza severa (-1,5 p.p.), ésta sigue siendo la más elevada de todas las regiones.

La pobreza severa, es decir, las personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725 € por unidad de consumo al año (560€ /mes), en 2022 había en España un total de 4,2 millones de personas, es decir, el 8,9 % de la población. En Andalucía, la tasa de pobreza severa afecta a más de una décima parte de su población: 1.220.214 de la población andaluza se encuentra en esta situación, lo que supone un 14,4%, siendo la comunidad con mayor alto porcentaje de población en situación de pobreza severa, junto con Canarias (13,2 %), Murcia (11,6 %) y Extremadura (10,2 %).

La evolución del indicador de Privación Material y Social Severa con respecto a 2021 se ha visto deteriorada en nuestra comunidad, sobre todo en aspectos como el de pobreza energética: en 2022, un 21% de la población andaluza no tuvo capacidad de mantener su vivienda con una temperatura adecuada, frente al 18% de 2021. Andalucía también presenta un mayor porcentaje de personas que no tienen la capacidad de afrontar gastos imprevistos, además, han empeorado su situación respecto del año pasado, pasando del 42,5% en 2021 al 44,8% en 2022.

Otro de los datos que enmarcan la desigualdad territorial es la renta media por persona para el año 2022, que se se situó a nivel nacional en 13.008 €, suponiendo un incremento del 6 % respecto del año 2021. En Andalucía también crece este dato, ascendiendo en 2022 a 10.703 €, que supone mejoría respecto al año anterior pero que la sitúa en la tercera comunidad con menor renta media por persona después de Extremadura y Murcia.

Es necesario también poner en valor las medidas del Escudo Social, que se han notado en todas las regiones. Una evidencia de que la salida de las crisis por la vía de la garantía de derechos funciona, con una mayor inversión en políticas públicas y en protección social, especialmente relevante si comparamos la situación actual con lo sucedido tras la crisis de 2008.

La desigualdad territorial, que se refleja en la práctica totalidad de los indicadores utilizados para medir pobreza, exclusión y vulnerabilidad, es un factor fundamental para el incumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 comprometidos por España. Este Informe muestra cómo todas las CCAA están alejadas de su grado de cumplimiento, si atendemos a la previsión para el año 2022. Así, se aprecia que, pese a la mayor reducción de las tasas de pobreza en Andalucía, nuestra región está más alejadas de los objetivos que otras del norte del país, con disminuciones menores de su tasa AROPE el pasado año.

Informe ‘El Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas’

EAPN AndalucíaLA MEJORA EN LOS DATOS DE POBREZA MARCA LA DESIGUALDAD EN ANDALUCÍA
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EAPN-ES defiende la imprescindible aplicación de medidas de protección social para atajar la pobreza

  • Según el primer Avance de Resultados del Informe Anual ‘El Estado de la pobreza’ de EAPN-ES, los indicadores de pobreza han experimentado una mejoría respecto a 2021.
  • Sin embargo, el Avance muestra que España sigue teniendo un serio problema de pobreza, con 12,3 millones de personas en situación de pobreza y/o exclusión social.
  • Los datos de carencia material y social severa, que muestran la vulnerabilidad en los sectores más desfavorecidos, recogen los efectos negativos de la crisis energética y del alza de la inflación.

La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha elaborado un primer Avance de Resultados de su Informe Anual ‘El Estado de la Pobreza’, construido a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada este lunes 24 de abril de 2023, y que recoge tanto la tasa AROPE como sus diferentes componentes.

Según el avance, las cifras de pobreza y exclusión social han experimentado una mejoría respecto a 2021, posiblemente debido al colchón de medidas sociales adoptadas y reforzadas frente a la pandemia de COVID-19 y a los efectos de la crisis energética y la guerra en Ucrania, entre ellas, el ingreso mínimo vital y las mejoras en el ámbito laboral.

En este sentido, han descendido todos los indicadores de pobreza, entre ellos la pobreza relativa, la carencia material y social severa y la baja intensidad en el empleo. En este último caso, la reducción ha sido notable, con 1,1 millones de personas que ya no viven en hogares con baja intensidad de empleo, siendo el único indicador que mantiene la evolución necesaria para cumplir con los criterios de la Agenda 2030.

La tasa AROPE -las personas en situación de pobreza y/o exclusión social-, se ha reducido del 27,8 % al 26 %, lo que se traduce en 840.000 personas menos en 2022. Respecto al riesgo de pobreza, también ha descendido la población en esta situación, pasando del 21,7 % al 20,4 %, 609.000 personas menos, recuperándose el deterioro causado en las dos crisis anteriores. Sin embargo, a pesar de esta mejora, alrededor de 9.676.000 personas viven en pobreza, con ingresos inferiores a 10.088 € anuales por unidad de consumo (841 € al mes).

Respecto a la mejora de los indicadores, es especialmente relevante en algunos sectores de la población, como es el caso de las familias monoparentales, la mayoría monomarentales: el riesgo de pobreza y/o exclusión social se reduce del 54,3 % al 49,2 %, aunque sigue siendo una cifra muy preocupante que exige estrategias específicas y urgentes. La misma tendencia positiva se aprecia en el caso de las personas trabajadoras en situación de pobreza y de las personas paradas.

Por edades, el riesgo de pobreza desciende en todas las franjas de edad, menos en mayores de 65 años, que sube 1,2 puntos hasta los 18,7 puntos. Esta subida tiene que ver, entre otros factores, con el aumento del umbral de pobreza por la subida de ingresos medios. Respecto a la pobreza infantil119.000 niños, niñas y adolescentes (NNA, menores de 18 años) han salido del riesgo de pobreza. Sin embargo, aún tenemos una cifra tan elevada como preocupante: 2,2 millones de NNA siguen en esta situación.

En la diferencia por sexos, para la mayoría de los años analizados anteriormente, las tasas de pobreza son más elevadas entre las mujeres. En 2022, la reducción fue ligeramente inferior entre las mujeres, por lo que no se produjo una reducción de la brecha de género. La pobreza sigue teniendo rostro de mujer en nuestro país.

Según los datos del Avance, algunos indicadores -riesgo de pobreza y desigualdad- mejoran hasta devolvernos a valores registrados en 2009, previos a la crisis económica y a las políticas de austeridad, muy diferentes a las impulsadas frente a la pandemia y la guerra en Ucrania. Una prueba de que, frente a las situaciones de crisis, la salida debe hacerse por la vía de la garantía de derechos.

Desde EAPN-ES valoramos positivamente esto datos, ya que muestran una mejora sustancial en la situación de miles de familias. Sin embargo, lejos de ser triunfalistas, es importante recordar que “seguimos teniendo un problema muy serio de pobreza en nuestro país”, como ha señalado Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, con 12’3 millones de personas en situación de pobreza y/o exclusión social.

EFECTOS DE LA INFLACIÓN Y DE LA CRISIS ENERGÉTICA

Para Susías, el Avance evidencia “una realidad con claroscuros”, en referencia a los datos de carencia material y social severa que, pese a la mejora general de este indicador, en el análisis profundo se aprecia un empeoramiento que afecta sobre todo a las familias en situación más vulnerable.

En este sentido, el dato que más empeoró en 2022 respecto al año anterior fue el referido a la pobreza energética de los hogares: un 17,1 % no pueden permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada, frente al 14,3 % de 2021 y 10,9 % en 2020.

Además, también se incrementa al 5,4 % (0,7 puntos más que el año pasado) el número de personas que no pudieron permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada dos días y al 33,5 % aquellos que no pudieron irse de vacaciones al menos una semana al año (+0,8). Por otra parte, se registra un incremento de las personas que llegan con dificultad a fin de mes: del 44,9 % que declaraba algún tipo de dificultad en 2021 se asciende al 47,8 %, lo que supone cerca de 1,4 millones de personas más y llegar, casi, a la mitad de la población española.

“Estas cifras están seguramente asociadas a la subida de la inflación y de los precios de la energía y de la vivienda”, asegura el presidente de EAPN-ES. Para Susías, las mejoras en los indicadores se deben “al escudo social y a otras medidas de protección y de mejora laboral”, lo que demuestra “la necesaria extensión de políticas de protección como el ingreso mínimo vital y el aumento de los salarios”.

AUMENTA LA RENTA Y SE REDUCE LA DESIGUALDAD

Respecto a la renta media por persona, en 2022 se incrementó hasta los 13.008 €, con un aumento de 739 € (6 %). Por su parte, la renta media por unidad de consumo alcanzó los 19.160 €, lo que supone una subida de 1.057 €.

Es importante señalar la reducción en los principales indicadores de desigualdad, que la sitúan en valores anteriores a las recientes crisis, incluida la de 2008. En este sentido, según el indicador S80/S20, en 2022 el 20 % de la población más rica ingresa 5,6 veces más que el 20 % de la población más pobre (se ha reducido un 9,7 % en un año).

BRECHA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El análisis de la situación de las Comunidades Autónomas adquiere especial importancia en el presente año electoral. Se mantiene la tendencia estatal de los principales indicadores, Sin embargo, se siguen apreciando las diferencias norte-sur de años anteriores.

Así, la tasa AROPE desciende en todas las CCAA, sin embargo, seis de ellas están por encima del 26 % que marca la media nacional: Región de Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía.

Por otra parte, el riesgo de pobreza en términos generales también se ha reducido. Sin embargo, en relación con 2015, el año de referencia establecido en los objetivos de la Agenda 2030, el número de CCAA que han aumentado su tasa de riesgo de pobreza se amplía: Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco han visto incrementarse este indicador.

Con este primer Avance de Resultados del Informe ‘El Estado de la Pobreza’, desde EAPN-ES busca ofrecer a la sociedad española una herramienta que permite evaluar el cumplimiento de las metas y compromisos relacionados con la pobreza y vulnerabilidad, adoptados en el marco de prioridades de la Agenda 2030.

Estado de la Pobreza en España 2022. Primer Avance de Resultados

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Casi la mitad de los andaluces, en riesgo de pobreza y exclusión social

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Este es el titular que más nos cuesta escribir. Finaliza el mes de Abril y llagan los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). La ECV, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, recoge los datos más importantes para EAPN-Andalucía. Esta encuesta saca a la luz la realidad social de nuestro país en materia de pobreza y desigualdad guiándose por el indicador europeo AROPE. Los resultados de este año no invitan a ser optimistas. Es cierto que las tasas han bajado levemente pero la realidad sigue siendo preocupante. El 41,7% de los andaluces viven en riesgo de pobreza y exclusión. Esta cifra es notablemente superior a la nacional llegando a  ser la andaluza casi el doble de la española (27,9%).

La ECV da datos muy específicos y relevantes. Así. nos dice que en Andalucía el 10,3% de las personas no tienen ordenador personal. el 11,90% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y, el 2,6% no pueden comer carne, pollo o pescado cada dos días.

Que el ocio está relacionado con la salud está más que demostrado. Es por ello que nos preocupe que el 56,5% de los andaluces no puedan disponer de una semana al año de vacaciones. Parecida es la cifra de las personas andaluzas que no pueden afrontar gastos imprevisto, un 52,8%, y todas las consecuencias que derivan de ello.

Algo no se está haciendo bien desde los asientos políticos. La sociedad civil organizada debe movilizarse más y exigir responsabilidades políticas. Incidencia política por los que más lo necesitan con el fin de tener una sociedad más equitativa y justa.

Cambiar estos datos es el motivo de nuestro trabajo. Coincidimos con UNICEF en que deseamos que las tasas bajen y que no sea necesario nuestro trabajo en Red.

http://www.ine.es/prensa/ecv_2016.pdf

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