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LA VIVIENDA, FACTOR CLAVE DE POBREZA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

Andalucía se mantiene entre las tres regiones con peores datos en los principales indicadores de pobreza.

  • El coste de la vivienda, la brecha de género y el apoyo insuficiente a las familias con menores se constituyen como factores clave para la generación de pobreza.

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), a través de su red provincial EAPN Sevilla quiere remarcar los datos referentes a la provincia de Sevilla a partir del XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2022’. Al igual que sucede en el conjunto del territorio nacional, los datos muestran una cierta mejoría en los principales indicadores de pobreza, excepto en la PMSS, respecto al año anterior, aunque Andalucía se mantiene entre las tres regiones con peores datos en los principales indicadores de pobreza.

Los datos oficiales reflejan cómo 3,04 millones de personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Andalucía, cifra inferior a la registrada el año pasado, y que supone que unas 233.000 personas han dejado de estar en situación AROPE. No obstante, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor población lo que, combinado con la alta tasa AROPE que registra, la sitúa como la región con más personas en AROPE.

El deterioro de algunos indicadores de Privación Material Social Severa muestra los efectos del encarecimiento de la vida, especialmente con el alza de precios de alquileres e hipotecas y de la energía. Un 11,3% de la población en Andalucía se encuentran en situación de Privación Material Social Severa, que términos absolutos se traduce en unas 960.000 personas, lo que supone un incremento de 1 punto porcentual respecto a 2021. Andalucía es la segunda región con mayor PMSS solo superada por Canarias.

Todos los ítems en los que se basa la Privación Material Social Severa registran en Andalucía tasas muy superiores a las medias nacionales, donde destacamos el aumento de personas que no pueden permitirse mantener una vivienda con una temperatura adecuada, que prácticamente se dobla en los dos últimos años y pasa del 11,3% en 2020, al 18,0% en 2021 y al 21% de este año.

También se aprecia un incremento destacable de las personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días: en 2021 eran un 6,8 % y en 2022 un 8,0 %, es decir, un 16,4 % más. El 54,6 % de la población experimenta dificultades para llegar a fin de mes, lo que supone una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior (54,7 %).

En la provincia de Sevilla, el tema de la vivienda presenta uno de los ítems más característicos como factor de pobreza. Las ejecuciones hipotecarias suben en el año 2022, por encima de las ejecuciones de 2018, alcanzando las 1.624 ejecuciones totales. Los lanzamientos de hipotecas (compra) reflejan un leve ascenso respecto a los alcanzado desde la pandemia, dónde la cifra de lanzamientos por hipotecas sufre un descenso importante alcanzando en 2020 los 220 lanzamientos en la provincia de Sevilla. Sin embargo, los lanzamientos por arrendamientos (alquiler), en la provincia de Sevilla ya alcanzan una cifra más cercana a los datos de años de prepandemia, ascendiendo a los 648 lanzamientos en 2022 frente a los 402 de 2020. Una vez más, vemos como los alquileres lastran a las personas más vulnerables (a nivel nacional, 34,9% de las personas pobres residen en viviendas de alquiler frente al 14,5% que no lo son).

Desde la red provincial de EAPN Sevilla también queremos destacar la relevancia de viviendas con fines turísticos, ya que em la provincia de Sevilla el número de plazas de viviendas con fines turísticos continua al alza, ascendiendo en 2022 a 42.036 plazas, y siendo la tercera provincia andaluza con mayor número de plazas.

Es necesario establecer medidas que impulsen los Planes de Vivienda, con una coordinación entre las administraciones públicas para poner fin al grave problema habitacional, incrementando las viviendas protegidas, en especial la social para las personas en riesgo de exclusión.

El empleo, otro de los factores determinantes de pobreza, ha variado en los últimos años tal y cómo lo considerábamos, ya que por sí sólo, tener un trabajo no resuelve la garantía de ingresos; es necesario poner en marcha sistemas ágiles que permitan la alternancia o complementariedad entre el empleo y las medidas de protección. La Tasa de Paro de Sevilla en el segundo trimestre de 2023, sufre un leve descenso, con una cifra muy similar a la del segundo trimestre de 2022, con una tasa de 17,73, siendo sin embargo muy superior a la media nacional que alcanza el11,60%. Acentuamos el rango de población más afectado por el paro según sexo y edad, que son las mujeres mayores de 45 años, que ascienden en la provincia de Sevilla a 5.169 en el mes de septiembre de 2023.

La feminización de la pobreza es otro de los elementos clave que se repite en este informe año tras año. El salario medio anual en la provincia de Sevilla de 17.405 euros, siendo el salario medio masculino de 19.332 euros, frente a las mujeres asalariadas que cobran de media al año – 4.113 euros menos que los hombres, siendo de 15.219 euros.

El máximo exponente de la desigualdad en materia de género es el de la violencia de género, que sigue siendo uno de los temas más preocupantes. Las cifras de mujeres víctimas mortales por violencia de género, donde se han incluido los datos a 2 de octubre de 2023 y si el año 2022 finalizó con 11 mujeres asesinadas en Andalucía, ya se ha superado esa cifra ascendiendo a 16, a falta de tres meses para finalizar el año. En la provincia de Sevilla, en 2022 hubo 4 víctimas mortales, siendo la provincia con más fallecidas por violencia de género en Andalucía, y a 2 de octubre de 2023, las fallecidas ascienden a 3.

Recordemos que la ciudad de Sevilla sigue apareciendo con 6 de los 15 barrios más pobres de España, siendo Polígono Sur, con una renta media anual por habitante de 5.816 euros, el barrio más pobre de España.  El año pasado esos ingresos fueron de 5.666 euros. La renta media por persona en Andalucía es de 10.703 €, más de 2.300€ inferior a la renta media nacional y la tercera más baja de todas las regiones. Los Pajaritos y Amate (Cerro-Amate) es la segunda zona más pobre del país, con 6.043 euros por persona; esta cifra se estanca, ya que el año anterior se situaban en 6.042 euros por habitante. Aparecen zonas trabajadas por todas nuestras entidades, tales como Torreblanca, Palmete-Padre Pío, Oliva y Las Letanías y Polígono Norte y Villegas.

Por todo ello, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde la red provincial de EAPN Sevilla vemos necesario mantener e incrementar las políticas de protección social, aumentando su dotación y su alcance. Acabar con la pobreza es una cuestión de garantía de derechos para todas las personas.

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EAPN GRANADA PRESENTA SUS DATOS PROVINCIALES DE POBREZA

DURANTE LA RUEDA DE PRENSA SE COMPARTIERON ALGUNSO TESTIMONIOS DE PERSONAS ATENDIDAS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), a través de su red provincial EAPN Granada ha presentado los datos de su XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2022′, de la mano de Fundación Secretariado Gitano, Amaranta, Arca Empleo, Calor y Café, Fundación Cruz Blanca, INPAVI, Inserta Andalucía, Provivienda, Granada Acoge, Fundación Casas Diocesanas y ONCE.

Desde nuestras entidades, con nuestros diferentes programas, atendemos a colectivos vulnerables, en riesgo de pobreza y exclusión social: población gitana, mujeres que han sufrido o sufren diversas violencias basadas en el género, especialmente, mujeres en contextos de prostitución, trata o violencia sexual, población migrante, personas/familias en riesgo, personas con discapacidad o personas sin hogar, siendo éstas últimas las que reflejan la cara más severa de la pobreza.

En primer lugar, hablamos de los datos cuantitativos más significativos que aparecen reflejados en el Informe 2023.

  • TASA DE PARO / TASA DE EMPLEO

En relación con la Tasa de Paro de Granada en el segundo trimestre de 2023, se aprecia un cierto descenso respecto al segundo trimestre de 2022, con una tasa de 18,23, siendo sin embargo muy superior a la media nacional que alcanza el 11,60%. A su vez, la Tasa de empleo asciende en el 2º trimestre de 2023 a 49,56, lo que supone el tercer año consecutivo de ascenso en la provincia.

  • TASA DE PARO POR SEXO

Comparando los últimos trimestres de los tres últimos años, se puede observar cómo la tasa de paro va descendiendo progresivamente en el caso de los hombres, alcanzando un 17,97% en el último trimestre de 2022, mientras que para las mujeres sufre un incremento, siendo del 21,79%, un 1,81 puntos porcentuales superior. Asimismo, la tasa de paro es mayor en las mujeres, dato que se repite en todas las provincias andaluzas.

  • PARO REGISTRADO

La evolución del paro en el mes de septiembre de 2023 suele tener una tendencia al alza de forma general, donde el paro alcanza a 77.671 personas, aumentando en 1.700 personas respecto al mes anterior y descendiendo en 1.700 respecto a 2022.

El rango de población más afectado por el paro según sexo y edad, son las mujeres mayores de 45 años, que ascienden en la provincia de Granada a 1.655 en el mes de septiembre de 2023.

  • TIPOS DE CONTRATO

Del total de 406.999 contratos registrados en la provincia de Granada en 2022, lo que supuso una caída del 11,64% respecto al año anterior, es significativo el aumento de la contratación indefinida a jornada parcial, con un porcentaje de variación respecto al año anterior del 312,33 %, además del enérgico incremento de los contratos fijos-discontinuos (1.095,57 %). En ambos casos, puede deberse a que gran parte de la contratación temporal se haya canalizado a través de estas vías.

  • BRECHA SALARIAL

El salario medio anual en la provincia de Granada fue de 16.415 euros, siendo el salario medio masculino de 17.685 euros, frente a las mujeres asalariadas que cobran de media al año – 2.669 euros menos que los hombres, siendo de 15.0169 euros. Esta diferencia se ha acrecentado levemente respecto al año anterior.

  • VIOLENCIA DE GÉNERO

Granada es la cuarta provincia andaluza con mayor número de denuncias recibidas por mujeres víctimas de violencia de género en 2022, alcanzando las 5.325 denuncias, y sufriendo un ascenso continuado en comparación con los dos años anteriores.

Más alarmante son las cifras de mujeres víctimas mortales por violencia de género, donde se han incluido los datos a 2 de octubre de 2023, ya que se ha superado el número de mujeres asesinadas, y si el año 2022 finalizó con 11 mujeres asesinadas en Andalucía, ya se ha superado esa cifra ascendiendo a 16, a falta de tres meses para finalizar el año. En la provincia de Granada, en 2022 hubo 2 víctimas mortales, el mismo número de las fallecidas ya a fecha de 2 de octubre de 2023.

  • VALOR DE LA VIVIENDA

La situación respecto a la vivienda, queda reflejada tanto en el informe con los datos provinciales, como en el análisis cualitativo que hacemos desde las distintas Entidades. Sigue aumentando por tercer año consecutivo el valor del metro cuadrado. Ha aumentado también la solicitud de vivienda protegida (pero no aumenta la disposición de vivienda pública).

  • VIVIENDA CON FINES TURÍSTICOS

En la provincia de Granada, el número de plazas de viviendas con fines turísticos asciende en 2022 a 32.775 plazas, continuando su tendencia al alza y siendo la quinta provincia andaluza en cuanto al número de plazas.

  • TASA ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

La tasa de abandono escolar en la provincia de Granada se sitúa en 2021 en el 11,8%, cifra que está por debajo de la media andaluza y española, siendo la provincia andaluza con menor tasa de abandono escolar.

Respecto a la vivienda nos preocupa especialmente a todas las entidades, la situación respecto a la vivienda. Personas en riesgo de exclusión y en riesgo de pobreza, que en este año 2023 han visto mermada su capacidad de acceso a una vivienda o de mantenimiento de la que ya poseían.

La Ley de Vivienda de 2023 fue aprobada y entró en vigor el 26 de mayo de 2023.

Desde su implementación, ha introducido cambios significativos en el panorama inmobiliario español. A pesar de que se recomienda que el gasto en vivienda no supere el 30% del salario, el precio medio del arrendamiento se incrementó hasta un 9,3% interanual en julio que supone más de la mitad del salario mínimo interprofesional. Esto supone una brecha abismal en comparativa con la subida del salario.

El Banco Central Europeo anunció una nueva subida en los tipos de interés en Junio de 2023, dejando la tasa de depósito en el 3,5%, rozando su máximo histórico del 3,75%, algo que no se ve desde el año 2000.

Todo esto contribuye a que familias que no han precisado de ciertos apoyos por Servicios sociales o entidades, se encuentren en riesgo de pérdida de vivienda porque no pueden asumir la subida en los servicios básicos y de vivienda. Teniendo que acudir a entidades o servicios sociales para poder hacer frente a pagos de: luz, agua, renta, alimentación, etc. Dentro de esta ecuación, entra las dificultades de acceso a la vivienda digna, en las que familias y personas solas tienen que presentar una serie de garantías que chocan con la realidad actual, laboral y económica. Se buscan principalmente a inquilinos que carezcan de cargas personales; dispongan de ingresos fijos, estables y prolongados en el tiempo; para poder ser considerada candidatos para el contrato de arrendamiento.

Es decir, las personas más vulnerables y con un mayor riesgo de pobreza, tienen problemas reales para el acceso a la vivienda y presentan serias dificultades para poder cubrir necesidades básicas, por destinar la mayor parte de sus bajos ingresos al pago de la vivienda. Esto ocurre tanto en casos de alquiler como de las personas con compra de vivienda. Hay serias dificultades de hacer frente a los nuevos gastos hipotecarios derivados de la subida de los tipos de interés, y de la subida de precios en general, que les imposibilita a hacer otros gastos que antes sí podían. Deben elegir entre sufragar los costes de la vivienda o pagar otros gastos.

Lógicamente, esto establece barreras para muchas personas que por su edad, origen de nacimiento, idioma, color de piel y características personales diversas; pueden ser perfectamente rechazadas por el mercado libre de vivienda. Pero ahí no acaba la dificultad, sino que muchas inmobiliarias y particulares exigen requisitos que las personas jamás pueden cumplir, tales como avales, nóminas, seguros de impago…aun en casos en los que la vivienda o la habitación no reúnen unas condiciones mínimas de higiene y habitabilidad. En el caso de las habitaciones, habría que sumar dificultades específicas como que, la mayor parte de la oferta está en la economía sumergida, donde casi nunca existen garantías administrativas a la hora de formalizar el alquiler, es decir, todo se limita a un acuerdo verbal en precario donde los derechos básicamente no existen, por ejemplo, la opción de empadronarse en su domicilio habitual, requisito indispensable para acceder al ejercicio de sus derechos.

Debemos decir desde hace unos años, y sobre todo en entornos urbanos como Granada, existen serias dificultades de acceso a una vivienda o habitación en régimen de alquiler, y sobre todo para personas que reciben prestaciones económicas, personas extranjeras, y familias monomarentales con hijos o personas con discapacidad. Estos problemas en el mercado de vivienda, en la práctica están provocando que muchas personas que iniciaron un proceso de cambio personal, vuelvan al punto de partida en el corto o medio plazo por no cumplirse la expectativa de disponer de un hogar seguro.

Otro colectivo que se ve muy perjudicado por la situación actual de la vivienda es el de los jóvenes que perciben como imposible el poder adquirir en corto/medio espacio de tiempo una vivienda en propiedad y el acceder a una en alquiler. La mayoría continúa viviendo en casa de sus padres o en alguna vivienda familiar.

En relación al empleo:

  • Altas tasas de desempleo
  • Altas tasas de temporalidad en los contratos y empleos en la económica sumergida
  • Feminización de profesiones relacionadas con el cuidado y el servicio doméstico
  • Situaciones de explotación de las mujeres trabajadoras como internas en el ámbito doméstico
  • Grandes dificultades para la conciliación Prestaciones sociales y servicios sociales:
  • Prestaciones sociales insuficientes para la cobertura de situaciones de urgencia
  • Servicios sociales saturados y con carencia de profesionales Educativas:
  • Dificultades de las familias para hacer frente de los gastos educativos de los menores
  • Falta de becas suficientes para el estudio de mujeres que necesiten mejorar sus niveles de formación.
  • Dificultades para la escolarización en educación infantil de menores con progenitores en situación administrativa irregular
  • Dificultades en los trámites de homologación de estudios del país de

Seguimos constatando la alta incidencia de la pobreza y la profunda brecha de desigualdad que afecta a la comunidad gitana en los ámbitos de la educación, el empleo o el acceso a una vivienda, entre otros; a ello se suma la discriminación y el antigitanismo que afecta a todas las esferas de la vida de las personas gitanas, situándolas en una clara situación de desventaja. 6 de cada 10 niños o niñas gitanas no consigue el título de la ESO. La situación de desigualdad que afecta al alumnado gitano se produce por diferentes causas, entre ellas, el contexto social en el que viven los hogares gitanos con unas tasas de pobreza del 87,4% y pobreza infantil del 86,8%;

La cara más extrema de la pobreza: el sinhogarismo. Se estima que el 40% de las personas sin hogar carecen de empadronamiento, por lo que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones sociales y económicas básicas.

Privación material: Se estima que aproximadamente que el 70% de las personas demandantes de alimentos acceden a cobertura de alimentos y productos básicos. Sin embargo, se cubren necesidades esenciales, pero no necesidades reales y óptimas para mejorar su calidad de vida, dignificando a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social. La dificulta en el acceso a la vivienda, se vuelve aún mayor en las personas sin hogar.

ALGUNAS PROPUESTAS DE MEJORA EAPN GRANADA

  • Ampliación de recursos del sistema público y entidades sociales para la cobertura de necesidades básicas de las mujeres y menores, así como facilitar el acceso a derechos como vivienda, educación, prestaciones y empleo
  • Desarrollo de políticas públicas sociales y de empleo con perspectiva de género que ponga en el centro las necesidades específicas de las mujeres desde un enfoque
  • Agilizar los trámites para el acceso a prestaciones sociales y reducción de los requisitos exigidos, con el fin de erradicar situaciones de exclusión
  • Protección efectiva frente a la pobreza, garantizando unos ingresos adecuados a las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, y una atención eficaz desde los Centros de Servicios
  • Bolsas de viviendas con requisitos más flexibles y precios
  • Plan de choque para combatir el fracaso escolar y prevenir y combatir la segregación
  • Intensificar medidas adaptadas de formación, capacitación y acceso al empleo por cuenta
  • Priorizar la intervención y rehabilitación de barrios en situación de alta vulnerabilidad, erradicando la infravivienda y el chabolismo y que ponga las bases para acabar con los asentamientos de población
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LA EAPN-HUELVA RECLAMA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÁS MEDIDAS Y ESTRATEGIAS A LAS ADMINISTRACIONES PARA ACABAR CON LOS ELEVADOS ÍNDICES DE POBREZA

Actualmente, un total de 3,04 millones de personas en Andalucía están en riesgo de pobreza. El año pasado eran 3,27 millones, lo que supone que 233.000 personas han dejado de estar en situación AROPE, según el último informe sobre el estado de la pobreza de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A).

  • En la provincia de Huelva, la brecha salarial entre hombres y mujeres, en términos generales, es notable un año más. Dependiendo del sector de actividad, oscila entre el 11,6 % y el 80,7%, siendo el salario medio anual de 13.832 euros, el salario masculino medio de 16.620 euros y el femenino medio de 11.099 euros; esto es 5.521 euros menos ellas que ellos. Se trata de la diferencia salarial más alta de las 8 provincias de Andalucía.
  • En cuanto a la tasa de paro por sexos, analizando la comparativa de los últimos trimestres de 2020, 2021 y 2022, se aprecia un llamativo ascenso en la femenina, pasando del 22,71% en 2021 al 31,47% en 2022. Sin embargo, en la masculina hay una bajada del 4%; esto es del 17,08% en 2021 al 13,01% en 2022. El paro se ha cebado especialmente con las mujeres.

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) reclama la implementación de más medidas y estrategias a las Administraciones Públicas para acabar con los altos índices de pobreza, exclusión social y desigualdad que siguen existiendo en Andalucía, y que reflejan una cronificación y una realidad de la pobreza estructural. Igualmente, las entidades que constituyen la EAPN-A piden el diseño y desarrollo de Políticas Sociales Integrales que ayuden a mitigar las bolsas y realidades de pobreza que se reiteran año tras año.

Actualmente, un total de 3,04 millones de personas en Andalucía están en riesgo de pobreza. y/o exclusión social. El año pasado la cifra alcanzaba los 3,27 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza. Esto supone que 233.000 personas han dejado de estar en situación AROPE, pero la comunidad autónoma sigue en unos niveles muy por encima de la media nacional, según refleja el XII Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2022’, en el que se han recogido los datos oficiales de pobreza a través de un análisis pormenorizado de todos los indicadores sociales disponibles, tanto a nivel estatal como autonómico.

En la provincia de Huelva, la brecha salarial entre hombres y mujeres, en términos generales, es importante otro año más. Dependiendo del sector de actividad, oscila entre el 11,6 % y el 80,7%, siendo el salario medio anual de 13.832 euros, el salario masculino medio de 16.620 euros y el femenino medio de 11.099 euros; esto es 5.521 euros menos ellas que ellos. Se trata de la diferencia salarial más elevada de todas las provincias de Andalucía.

Otro de los datos recogidos en el informe de la EAPN-A sobre la provincia de Huelva es la tasa de paro por sexos. Analizando la comparativa de los últimos trimestres de 2020, 2021 y 2022, se observa un llamativo ascenso en la de las mujeres, pasando del 22,71% en el de 2021 al 31,47% en el de 2022. Sin embargo, la tasa de paro masculina ha percibido una bajada de un 4%; esto es del 17,08% en el cuatro trimestre de 2021 al 13,01% en el cuarto trimestre de 2022. Por tanto, destacamos que el paro se ha cebado especialmente con la población femenina.

Con respecto a las empleadas del hogar, un sector con una alta tasa de feminización, precariedad y pobreza, el número de afiliaciones en la provincia de Huelva en diciembre de 2022 fue de 1.314,85, siendo 1274,44 mujeres y 40,41 hombres), según los datos recogidos por el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones. No olvidemos que estas trabajadoras, que representan una de las principales fuerzas de trabajo femenina asalariada, y a pesar de los avances burocráticos en los últimos tiempos, son frecuentemente excluidas de la protección social y laboral al encuadrarse su actividad en un mercado de trabajo informal, favoreciendo su alta presencia femenina a su infravaloración debido a ese machismo que, lamentablemente, sigue arraigado.

En cuanto a la tasa de paro de la provincia de Huelva, comparando los últimos datos correspondientes al segundo trimestre de 2023 con los de 2021 y 2022, se aprecia un incremento respecto a la de 2022, con un 15,28%, siendo  superior a la media nacional, que alcanza el 11,60%; esto es casi un 4% más. Por su parte, la tasa de empleo desciende en el segundo trimestre de 2023 al 43,07%, mientras que en 2021 y 2022 rondaban el 49%.

El informe de la EAPN-A subraya que, en referencia al paro registrado en el territorio provincial onubense, el rango de población más afectado según sexo y edad son las mujeres mayores de 45 años, que ascienden a un total de 769 en septiembre. El año pasado, en el mismo mes, llegaron a las 831.

Con respecto a las contrataciones, el año pasado estuvo marcado por la entrada en vigor del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, ya que introdujo importantes novedades que giran en torno a tres ejes u objetivos principales: la reducción de la tasa de temporalidad; la modernización y refuerzo de la negociación colectiva; y la potenciación en el uso de los mecanismos de flexibilidad interna.

En el año 2022, se formalizaron un total de 403.800 contratos en la provincia de Huelva, un 11,90% menos que en el 2021, que fueron 458.334. Se comunicaron más contratos a tiempo parcial que a tiempo completo: en la jornada completa prevaleció la contratación masculina, con el 61,81 %, y a tiempo parcial las mujeres con el 64,56 %. El contrato de forma parcial y temporal fue la modalidad que más firmaron las mujeres (65,76 %). Las contratadas a jornada completa indefinido no llegaron a cuatro de cada diez (24,80 %).

El impulso al contrato fijo discontinuo de la reforma laboral se flexibiliza con el objetivo de canalizar una parte de la contratación que tradicionalmente se había realizado de forma temporal. Esta flexibilización ha supuesto una variación positiva de la contratación del 1.457,37 % respecto al año anterior. Es decir, se ha pasado de 6.885 contratos en 2021 a 107.225 contratos en 2022.

En cuanto a las solicitudes de vivienda protegida, en 2022 se produjeron 13.226 (7.092 hombres y 6.134 mujeres), cifra superior a la de 2021, cuando llegaron a 12.310 las peticiones (6.531 de mujeres y 5.779 de hombres) en la provincia de Huelva.

Continúa siendo preocupante la tasa de abandono escolar en el territorio provincial onubense, que alcanzó el 23,6% en el año 2021, siendo la segunda tasa más alta de las ocho provincias de Andalucía. Si bien es cierto que se ha producido un descenso del 5%, ya que en el año 2020 fue del 28,8%. Vuelve a ser un año más la segunda provincia con mayor tasa de abandono escolar de Andalucía, por detrás de Almería, que es del 37% (del 39,1% en 2020). La tasa andaluza ha bajado al 17,7% en 2021 desde el 21,8% en 2020. La tasa de abandono escolar de Huelva supera en más de 10 puntos porcentuales a la nacional, que se sitúa en el 13,3% (en el año 2020 fue del 16%).

Sobre las migraciones, en 2022 había 51.173 personas extranjeras residiendo en la provincia de Huelva. Se aprecia un incremento con respecto al año 2021, cuando se contabilizaron 48.304. Por otra parte, un total de 49.618 personas extranjeras tenían certificado de registro o tarjeta de residencia en territorio onubense en 2022, lo que supone un descenso de casi 20.000 personas con respecto a 2021, cuando se registraron 69.401. Además, se produjeron 18.707 inmigraciones el pasado año (20.792 en el 2021) y 14.546 migraciones (16.721 en el 2021). En total, un saldo migratorio de 4.161 personas en 2022, el mismo exactamente que en el año 2020. El del año 2021 fue ligeramente inferior: de  4.071.

A tenor de los múltiples datos que se ofrecen en nuestro XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2022’, siguen detectándose una carencia e insuficiencia en las estrategias tradicionales de protección y lucha contra la pobreza, basadas en el crecimiento puro; e insuficiencia tanto del aumento del PIB como de políticas centradas en el empleo puro, basadas en la protección: insuficiente protección contra el desempleo y de las políticas contra la pobreza vinculadas a la búsqueda de empleo; y a nivel personal, los factores tradicionales de protección, tales como conseguir un empleo y un nivel educativo.

Por todo ello, en esta semana que se reivindica el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde la EAPN-A reclamamos más medidas y estrategias concretas y conjuntas por parte de las Administraciones Públicas que pongan freno a los elevados índices de pobreza, exclusión social y desigualdad que siguen existiendo en Andalucía. Las entidades que conforman la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza pedimos el diseño de Políticas Sociales Integrales que ayuden a paliar las bolsas y realidades de pobreza que, año tras año, se perpetuán en nuestra región.

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PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE POBREZA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Además de la vivienda, el empleo ha dejado de ser una garantía para tener estabilidad económica, convirtiéndose en otro factor determinante de pobreza.

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), a través de su red provincial EAPN Málaga ha presentado los datos de su XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2022’, de la mano de Yolanda Florido (Prodiversa) y Julio García (Arrabal AID), en la sede del Colegio de Trabajo Social de Málaga, coincidiendo con la celebración esta semana del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Al igual que sucede en el conjunto del territorio nacional, los datos muestran una cierta mejoría en los principales indicadores de pobreza, excepto en la PMSS, respecto al año anterior, aunque Andalucía se mantiene entre las tres regiones con peores datos en los principales indicadores de pobreza.

Los datos oficiales reflejan cómo 3,04 millones de personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Andalucía, cifra inferior a la registrada el año pasado, y que supone que unas 233.000 personas han dejado de estar en situación AROPE. No obstante, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor población lo que, combinado con la alta tasa AROPE que registra, la sitúa como la región con más personas en AROPE.

El deterioro de algunos indicadores de Privación Material Social Severa muestra los efectos del encarecimiento de la vida, especialmente con el alza de precios de alquileres e hipotecas y de la energía. Un 11,3% de la población en Andalucía se encuentran en situación de Privación Material Social Severa, que términos absolutos se traduce en unas 960.000 personas, lo que supone un incremento de 1 punto porcentual respecto a 2021. Andalucía es la segunda región con mayor PMSS solo superada por Canarias.

En la provincia de Málaga, el tema de la vivienda presenta uno de los ítems más característicos como factor de pobreza. Los lanzamientos por arrendamientos (alquiler) en la provincia de Málaga se han mantenido estables durante los últimos años, con cifras más cercanas a la situación previa a la pandemia, con 1423 lanzamientos. Los alquileres lastran a las personas más vulnerables (a nivel nacional, 34,9% de las personas pobres residen en viviendas de alquiler frente al 14,5% que no lo son).

Se ha destacado a su vez los datos de alquileres turísticos, ya que, en la provincia de Málaga, el número de plazas de viviendas con fines turísticos asciende en 2022 a 284.860 plazas, continuando su tendencia al alza respecto a años posteriores, y siendo la provincia andaluza con mayor número de plazas con este fin, muy por encima de Cádiz, alcanzando con 75.841 plazas la segunda provincia.

Es necesario establecer medidas que impulsen los Planes de Vivienda, con una coordinación entre las administraciones públicas para poner fin al grave problema habitacional, incrementando las viviendas protegidas, en especial la social para las personas en riesgo de exclusión.

El empleo, otro de los factores determinantes de pobreza, ha variado en los últimos años tal y cómo lo considerábamos, ya que por sí sólo, tener un trabajo no resuelve la garantía de ingresos; es necesario poner en marcha sistemas ágiles que permitan la alternancia o complementariedad entre el empleo y las medidas de protección. Acentuamos el rango de población más afectado por el paro según sexo y edad, que son las mujeres mayores de 45 años, que ascienden en la provincia de Málaga a 4.391 en el mes de septiembre de 2023.

La feminización de la pobreza es otro de los elementos clave que se repite en este informe año tras año. Yolanda Florido ha querido remarcar cómo el máximo exponente de la desigualdad en materia de género es el de la violencia de género, que sigue siendo uno de los temas más preocupantes. Las cifras de mujeres víctimas mortales por violencia de género, donde se han incluido los datos a 2 de octubre de 2023, ya que se ha superado el número de mujeres asesinadas, y si el año 2022 finalizó con 11 mujeres asesinadas en Andalucía, ya se ha registrado la cifra de 16 muertes, a falta de tres meses para finalizar el año. La provincia de Málaga fue en 2022 la segunda provincia con mayor número de víctimas, con 3 fallecidas, cifra que se repite a octubre de 2023.

Por su parte, Julio García, ha puesto el foco entre otras cosas en la pobreza infantil, siendo esta el inicio de una cadena perversa que suele mantenerse a lo largo de toda la vida, generando que los niños y niñas pobres ocupen posiciones rezagadas en educación, salud, alimentación, oportunidades laborales; sufran segregación y situaciones de discriminación. La educación es un factor clave, es imprescindible poner en marcha mecanismos para reducir el fracaso escolar y abandono educativo temprano de la educación. Reivindicamos especialmente para la provincia de Málaga la necesidad de ampliar la oferta de plazas públicas de Formación Profesional.

No queremos dejar pasar estas reclamaciones sin solicitar los responsables de la Junta de Andalucía el desbloqueo de los fondos europeos para luchar contra la pobreza y evitar su devolución por no ser ejecutado.

 

EAPN AndalucíaPRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE POBREZA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
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LA VIVIENDA, LA BRECHA DE GÉNERO Y EL APOYO INSUFICIENTE A LAS FAMILIAS CON MENORES, FACTORES CLAVE DE POBREZA

Andalucía registra 3,04 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

  • Al igual que sucede en el conjunto del territorio nacional, los datos muestran una cierta mejoría en los principales indicadores de pobreza, excepto en la Privación Material Social Severa, respecto al año anterior.
  • A pesar de ello, Andalucía se mantiene entre las tres regiones con peores datos en los principales indicadores de pobreza.

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) ha presentado hoy su XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2022’, donde, al igual que sucede en el conjunto del territorio nacional, los datos muestran una cierta mejoría en los principales indicadores de pobreza, excepto en la PMSS, respecto al año anterior, aunque Andalucía se mantiene entre las tres regiones con peores datos en los principales indicadores de pobreza.

Los datos oficiales reflejan cómo 3,04 millones de personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Andalucía, cifra inferior a la registrada el año pasado, y que supone que unas 233.000 personas han dejado de estar en situación AROPE. No obstante, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor población lo que, combinado con la alta tasa AROPE que registra, la sitúa como la región con más personas en AROPE.

Esto supone que el 35,8% de la población de Andalucía están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2022. La cifra es 2,9 puntos porcentuales inferior a la registrada el año pasado. Andalucía ha soportado y continúa soportando tasas muy elevadas de riesgo de pobreza y/o exclusión social, siempre muy por encima de la media nacional y en las posiciones más altas en la ordenación por regiones.

El deterioro de algunos indicadores de carencia material y social severa muestran los efectos del encarecimiento de la vida, especialmente con el alza de precios de alquileres e hipotecas y de la energía. Un 11,3% de la población en Andalucía se encuentran en situación de Privación Material Social Severa, que términos absolutos se traduce en unas 960.000 personas, lo que supone un incremento de 1 punto porcentual respecto a 2021. Andalucía es la segunda región con mayor PMSS solo superada por Canarias.

Todos los ítems en los que se basa la Privación Material Social Severa registran tasas muy superiores a las medias nacionales, donde destacamos el aumento de personas que no pueden permitirse mantener una vivienda con una temperatura adecuada, que prácticamente se dobla en los dos últimos años y pasa del 11,3% en 2020, al 18,0% en 2021 y al 21% de este año.

También se aprecia un incremento destacable de las personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días: en 2021 eran un 6,8 % y en 2022 un 8,0 %, es decir, un 16,4 % más. El 54,6 % de la población experimenta dificultades para llegar a fin de mes, lo que supone una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior (54,7 %).

Juan Luis Delcan, presidente de EAPN Andalucía, ha remarcado las principales conclusiones que extraen todas estas cifras, resaltando que los datos de 2022 reflejan una cierta mejoría en algunos de los indicadores de pobreza y/o exclusión social; sin embargo, Andalucía continúa en los primeros puestos en las tasas de pobreza y exclusión social, todavía queda mucho por hacer para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030. El informe evidencia la continuación de un proceso de alteración de los factores que tradicionalmente determinan la pobreza y exclusión social, como el empleo, que por sí solo no garantiza ingresos suficientes para salir de la pobreza, es necesario mejorar la calidad y condiciones del mercado laboral, ya que a nivel nacional el 12,5% de las personas ocupadas están en riesgo de pobreza (la cifra mejora casi dos puntos con respecto al año pasado) y una de cada tres personas pobres (32,9%) tiene un empleo remunerado.

Otra cuestión estructural muy importante en la generación de pobreza es la situación con respecto a la vivienda. En Andalucía, el 28,5 % de la población pobre tiene gastos de vivienda superiores al 40% de su renta disponible, sin embargo, entre las personas que no lo son, la cifra se reduce drásticamente hasta el 1,5 %. De 2020 a 2022 el gasto en vivienda en las personas en pobreza creció 11,6 puntos, es decir, un incremento del 68%.

En la presentación de los datos, Concha Danta, coordinadora de la Secretaría Técnica de EAPN Andalucía, ha aportado las diferentes cifras que inciden en la feminización de la pobreza, siendo un problema estructural, observando los datos que nos arroja la tasa AROPE, que a pesar de que ambas tasas disminuyen en este último año en un grado muy similar, 2,9 puntos entre los hombres y 2,8 entre las mujeres, el AROPE femenino llega al 37,3%, cifra que se mantiene en 3,0 puntos porcentuales superior a la de los hombres.

La tasa de pobreza de Andalucía desciende al 29,1%, y a pesar de la reducción en 3,2 puntos porcentuales, nos volvemos a encontrar entre las tres comunidades autónomas con mayor tasa de pobreza, 8,7 puntos por encima de la media nacional (20,4%). En términos absolutos, en Andalucía hay 2,5 millones de personas pobres, 134.000 hombres y 128.000 mujeres menos que el año pasado. En Andalucía, a menor edad, mayor riesgo de estar en situación de pobreza, ya que la tasa de pobreza entre los menores de 18 años es del 38,1%. Así mismo, las personas que viven en hogares con menores económicamente dependientes registran tasas mucho más elevadas que el resto. La tasa de pobreza entre los hogares con menores es de 34,1%, con una diferencia de 10,9 puntos porcentuales con respecto al resto de hogares.

En el año 2022 la tasa de pobreza severa, medida con un umbral del 40% de la mediana de renta nacional, esto es, el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 530 € mensuales por unidad de consumo, en Andalucía es del 14,4 %. Este valor es 1,5 puntos inferior al registrado el año pasado, pero debe destacarse la extrema situación de las personas pobres en Andalucía, en la cual cerca de la mitad de ellas están en pobreza severa.

La renta media por persona en Andalucía es de 10.703 €, más de 2.300€ inferior a la renta media nacional y la tercera más baja de todas las regiones.

Los datos muestran a su vez la importancia de las pensiones en la generación de pobreza en Andalucía; de las 1.626.822 pensiones que se reciben en Andalucía, el 42,1 %, es decir, más de dos de cada cinco, reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre (720 € por paga). En términos absolutos son alrededor de 685.822 personas, unas 20.000 más que el año anterior. El 16 % del total de población pensionista, el importe de su pensión es inferior al umbral de pobreza severa (renta inferior a 480 € en 2022).

El efecto de la acción de las distintas Administraciones del Estado sobre la calidad de vida de las personas es muy importante. De hecho, si no hubiera transferencias del Estado en Andalucía, en 2022 la situación de pobreza se ampliaría a más de la mitad de la población (54,0 %). A su vez, la población en pobreza severa crecería hasta el 41,4 % si no hubiera transferencias de ningún tipo.

Por todo ello, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde EAPN Andalucía queremos reclamar medidas que mejoren las condiciones laborales para que el empleo sea estable, digno, con derechos y en entornos saludables y seguros; es necesario poner en marcha sistemas ágiles que permitan la alternancia o complementariedad entre el empleo y las medidas de protección. Ante los datos de pobreza infantil, es imprescindible poner en marcha mecanismos para reducir el fracaso escolar y abandono educativo temprano de la educación. Y respecto a vivienda, reclamamos la necesidad de establecer medidas que impulsen los Planes de Vivienda desde el gobierno central y que las comunidades autónomas se responsabilicen de aumentar el parque de vivienda protegida, en especial la social para las personas en riesgo de exclusión.

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LA MEJORA EN LOS DATOS DE POBREZA MARCA LA DESIGUALDAD EN ANDALUCÍA

Los datos de AROPE, Tasa de Pobreza y otros indicadores de pobreza mejoran en Andalucía, que a pesar de ello sigue manteniéndose como una de las comunidades autónomas más empobrecidas junto con Extremadura y Canarias.  

  • El Informe ‘El Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas’ de EAPN-ES constata la brecha norte-sur entre las Comunidades Autónomas.
  • España y todas sus regiones siguen teniendo un grave problema de pobreza, con 12,3 millones de personas en situación pobreza y/o exclusión social.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado este lunes 22 de mayo el Informe ‘El Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas’, un Avance de Resultados del capítulo de Comunidades Autónomas que se incluirá en el XIII Informe sobre el Estado de la Pobreza el próximo otoño, elaborado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2022, del Instituto Nacional de Estadística.

Con este informe, EAPN-ES ha ofrecido un primer análisis de los datos e indicadores de pobreza y exclusión social autonómicos, poniendo de manifiesto la desigualdad social y económica de los territorios que componen el Estado español, y la necesidad de reducir las importantes brechas que se derivan de ella en la calidad de vida de las personas.

Los datos reflejan una división de España en dos mitades norte-sur con muy diferentes realidades de vida. Aunque se constata un proceso de reducción de la desigualdad territorial desde 2016, es todavía muy insuficiente: las tasas AROPE y de Privación Material y Social Severa (PMSS) regionales más elevadas multiplican por 2,5 y por 3, respectivamente, a las más bajas.

En Andalucía la tasa AROPE en 2022 experimenta un acentuado descenso (-2,9 puntos porcentuales), hasta situarse en un 35,8%, esto supone que 3.049.840 andaluces están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, que, pese a esta mejoría, se mantiene junto a Extremadura y Canarias, entre las tres comunidades con más población en riesgo de pobreza y/o exclusión.

Esta mejora de la tasa AROPE está provocada por la reducción de la tasa de riesgo de pobreza (-3,2 p.p.) y de las personas en hogares con baja intensidad en el empleo (-6,1 p.p.). La nota negativa la pone el incremento de un punto porcentual de la población en privación material y social severa. Además, aunque se reduce la tasa de pobreza severa (-1,5 p.p.), ésta sigue siendo la más elevada de todas las regiones.

La pobreza severa, es decir, las personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725 € por unidad de consumo al año (560€ /mes), en 2022 había en España un total de 4,2 millones de personas, es decir, el 8,9 % de la población. En Andalucía, la tasa de pobreza severa afecta a más de una décima parte de su población: 1.220.214 de la población andaluza se encuentra en esta situación, lo que supone un 14,4%, siendo la comunidad con mayor alto porcentaje de población en situación de pobreza severa, junto con Canarias (13,2 %), Murcia (11,6 %) y Extremadura (10,2 %).

La evolución del indicador de Privación Material y Social Severa con respecto a 2021 se ha visto deteriorada en nuestra comunidad, sobre todo en aspectos como el de pobreza energética: en 2022, un 21% de la población andaluza no tuvo capacidad de mantener su vivienda con una temperatura adecuada, frente al 18% de 2021. Andalucía también presenta un mayor porcentaje de personas que no tienen la capacidad de afrontar gastos imprevistos, además, han empeorado su situación respecto del año pasado, pasando del 42,5% en 2021 al 44,8% en 2022.

Otro de los datos que enmarcan la desigualdad territorial es la renta media por persona para el año 2022, que se se situó a nivel nacional en 13.008 €, suponiendo un incremento del 6 % respecto del año 2021. En Andalucía también crece este dato, ascendiendo en 2022 a 10.703 €, que supone mejoría respecto al año anterior pero que la sitúa en la tercera comunidad con menor renta media por persona después de Extremadura y Murcia.

Es necesario también poner en valor las medidas del Escudo Social, que se han notado en todas las regiones. Una evidencia de que la salida de las crisis por la vía de la garantía de derechos funciona, con una mayor inversión en políticas públicas y en protección social, especialmente relevante si comparamos la situación actual con lo sucedido tras la crisis de 2008.

La desigualdad territorial, que se refleja en la práctica totalidad de los indicadores utilizados para medir pobreza, exclusión y vulnerabilidad, es un factor fundamental para el incumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 comprometidos por España. Este Informe muestra cómo todas las CCAA están alejadas de su grado de cumplimiento, si atendemos a la previsión para el año 2022. Así, se aprecia que, pese a la mayor reducción de las tasas de pobreza en Andalucía, nuestra región está más alejadas de los objetivos que otras del norte del país, con disminuciones menores de su tasa AROPE el pasado año.

Informe ‘El Estado de la Pobreza en las Comunidades Autónomas’

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LA SITUACIÓN DE LA POBREZA EN LA PROVINCIA DE GRANADA

  • El 38,7 % de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
  • Doce municipios de la provincia de Granada están en situación de pobreza severa.
  • El paro en el sexo femenino ha bajado casi 10% entre 2020; no obstante, la brecha salarial es de 17,8%.
  • 10,3% de la población en Andalucía se encuentra en situación de Privación Material Social Severa (PMSS).
  • La tasa de abandono escolar en Andalucía es casi 5% mayor que la nacional.

El pasado lunes 17 de octubre fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y desde la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) se publicó el 12º informe sobre su estado en nuestra Comunidad.

En el caso de la provincia de Granada, Elisabeth Herrera, Delegada provincial en Granada de EAPN-A ha compartido, entre otros, los siguientes datos:

  • Andalucía ocupa el primer lugar, junto a Extremadura, en AROPE y en riesgo de pobreza y el segundo en personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo (BITH) y en personas en privación material social y severa (PMSS).
  • El 38,7 % de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2021. Esto es un incremento de 1,8 puntos respecto al año pasado, lo que implica 157.294 personas más. El aumento es 1 punto mayor que el total nacional, dado que este ha sido de 0,8 puntos.
  • La tasa de pobreza en Andalucía aumenta este año y pasa a ser del 32,3%, cifra que es la más alta de todas las regiones, junto con Esto supone estar 10,6 puntos por encima de la media nacional.
  • El paro en el sexo femenino ha bajado casi 10% entre 2020 y 2021, de 29,89 a 19,98 En cambio, en hombres se mantiene estable, con un descenso menor a una décima porcentual, de 20,72 a 20,65.
  • A pesar de lo anterior, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo significativa en la provincia de Granada, es de 17,8%. Las mujeres cobran de media al año 596 euros menos que los hombres.
  • Un 10,3% de la población en Andalucía se encuentra en situación de Privación Material Social Severa (PMSS), que términos absolutos se traduce en unas 873.522 personas, situándose como segunda región con mayor PMSS. Los datos a nivel nacional se sitúan en el 8,3%.
  • La tasa de abandono escolar en Granada se sitúa en 2020 en el 21,8%, cifra que coincide con la de la media andaluza, pero por encima de la nacional que es del 16%La provincia de Granada presenta la tasa de paro más alta de toda Andalucía. 3,5 puntos sobre la media de la Comunidad y casi 10% de la media.

MANIFIESTO ENTIDADES MIEMBRO:

Inserta Andalucía destaca las actuaciones necesarias en prevención del absentismo y el abandono escolar temprano -como los centros de día para la infancia en riesgo- las intervenciones en inserción sociolaboral para erradicar la pobreza de forma permanente a través de programas de empleo para familias en riesgo y colectivos vulnerables que lleva a cabo en varios puntos de la geografía granadina con altos índices de pobreza y la atención a las personas sin hogar a través de centros de día, de noche y recursos residenciales que gestiona en Granada a través de EAPN- A, los cuales, los últimos tienen un índice de éxito en inserción sociolaboral superior al 90%.

Granada Acoge manifiesta las dificultades en empleo, vivienda y migraciones, con recursos residenciales para personas en riesgo y apoyo en gestión jurídica a personas migrantes.

Desde INPAVI, durante este año, continúan viendo un incremento significativo en el número de personas a las que atienden, siendo más de 60 familias al mes. Tras el estudio y diagnóstico social, detectan diferentes problemáticas:

  • Se detecta una gran dificultad en las familias por la inflación y el pago de las facturas diarias, donde se presentan muchos casos de impago por la falta de solvencia económica. Por otro lado, esto tiene como consecuencia que, gran parte de nuestros beneficiarios y beneficiarias no lleven una alimentación adecuada, incluso sin poder consumir proteína ni una vez al día. Esto afecta a su salud derivando en ocasiones en algunas enfermedades. Encontramos a muchas familias en la disyuntiva de dar prioridad a la alimentación o pagar los servicios básicos (luz, agua, etc…). Esta situación se hace más notable en los menores, donde han atendido a niñas y niños con problemas de desnutrición.
  • Un incremento del 10% en familias migrantes en riesgo de exclusión y pobreza, las cuales tienen grandes dificultades para regular su situación legal, lo cual provoca que no puedan acceder a un empleo digno.
  • El 80% de las familias en riesgo de exclusión se encuentran en situación de desempleo, por diferentes motivos. Y el otro 20% con empleo precarios, con una reducción de jornada laboral y sueldos.
  • Todo ello provoca conflictos familiares, en la relación entre las parejas e hijos/as del 70%, haciendo muy complicada la convivencia. Por otro lado, han atendido un 15% más de familias monoparentales.
  • Parte de las familias se están encontrando con unos grandes impedimentos para poder acceder a una vivienda Muchas de estas, han perdido sus hogares, y a parte se encuentra en situación de desigualdad para poder acceder a otro por sus altos precios.

Desde Secretariado Gitano, destacan como datos principales de este año aspectos relacionados con EMPLEO, EDUCACIÓN Y POBLACIÓN ROMA.

  • La población gitana sigue estando en clara desigualdad en el mercado laboral, su situación está marcada por la precariedad y la débil protección, con una tasa de paro que alcanza el 52% (lo que supone más del doble respecto a la población general en Granada, del 22%), y donde las mujeres gitanas padecen una mayor desventaja en todos los ámbitos debido a su doble condición, como mujeres y gitanas, con una tasa de empleo que solo llega al 16%. Durante este año han atendido 804 personas, un 61% han sido mujeres. De éstas, 517 personas han demandado ayuda en el ámbito del empleo.
  • Educación. Desde la Fundación secretariado gitano llaman la atención sobre la situación de segregación escolar del alumnado La desproporcionada incidencia de la segregación escolar en el alumnado gitano y el impacto negativo en su educación, afecta a la calidad y al rendimiento escolar y tiene un claro impacto en el fracaso escolar de niñas y niños. El alumnado gitano continúa con trayectorias escolares muy cortas si está en un centro segregado, tendiendo al abandono en torno a 2º de la ESO. Sin embargo, tiene más probabilidad de continuar con estudios posobligatorios si la escolarización se produce en centros no segregados. La escasez de respuesta legislativa hasta el momento, el efecto composición, junto con la “huida” de las escuelas de otros sectores sociales con mayor poder adquisitivo, son algunos de los elementos, que explican esta dificultad para invertir la situación de los centros segregados, a pesar de implementar metodologías innovadoras e incluso incorporar algún tipo de medidas reguladoras ad hoc.
  • Población ROMA. Denuncian la grave situación de exclusión residencial y pobreza que sufre sobre todo la población Roma, en asentamientos chabolistas informales y segregados en Reclamamos, medidas efectivas para prevenir y combatir el sinhogarismo y la exclusión residencial.

Fundación de Solidaridad Amaranta. Entidad sin ánimo de lucro, que desarrolla un proyecto de acogida y apoyo a la incorporación social de mujeres que han sufrido o sufren diversas violencias basadas en género, especialmente, mujeres en contextos de prostitución, trata, violencia sexual.

En relación al empleo:

  • Altas tasas de desempleo
  • Altas tasas de temporalidad en los contratos y empleos en la económica sumergida
  • Feminización de profesiones relacionadas con el cuidado y el servicio doméstico
  • Grandes dificultades para la conciliación En relación a la vivienda:
  • Grandes dificultades de acceso al mercado de la vivienda de alquiler
  • Inexistencia de vivienda pública
  • Viviendas en malas condiciones de habitabilidad
  • Pobreza energética Prestaciones sociales y servicios sociales:
  • Prestaciones sociales insuficientes para la cobertura de situaciones de urgencia
  • Servicios sociales saturados y con carencia de profesiones
  • Dilatación de 12 meses para la resolución de la RMISA
  • Dificultades para la apertura de cuentas bancarias Educativas:
  • Dificultades de las familias para hacer frente de los gastos educativos de los menores
  • Falta de becas suficientes para el estudio de mujeres que necesiten mejorar sus niveles de formación
  • Dificultades para la escolarización en infantil de menores sin documentación

 

Desde Arcaempleo,

Al analizar los factores que influyen en la exclusión social, uno de los más importantes a valorar es la cuestión de género. Existe una diferencia del 12% entre mujeres y hombres atendidos. Se ha incrementado en un 10% el número de mujeres que se encuentran en situación de riesgo, frente a la reducción en igual porcentaje de los hombres. Esto les lleva a extraer una serie de conclusiones:

  • La relación género-empleo se ha agravado en el último año, siendo las mujeres las principales.
  • La crisis del Covid-19 ha afectado en mayor medida a las mujeres puesto que son éstas, las que han visto su situación empeorada respecto a los hombres. La recuperación laboral y vital tras la crisis del Covid, ha sido totalmente desigual, siendo, las mujeres, las más afectadas.
  • Pese a que el porcentaje de mujeres que han conseguido un trabajo es mayor al de lo hombres dentro de la población a la que atienden, la realidad de este trabajo es que, en su gran mayoría, es de peor calidad. Casi el 80% de los trabajos que han conseguido las mujeres es a tiempo parcial, frente al 37% de los contratos de los hombres. Del 21% de los contratos a tiempo completo que han obtenido las mujeres fruto de este estudio, casi el 50% de éstos son contratos formativos, un tipo de contratación cuya remuneración es un 40% más baja que la de un contrato Esto les lleva a afirmar que la contratación que se produce en mujeres es más precaria que la de los hombres puesto que, en un porcentaje muy alto, es a tiempo parcial. Esta realidad contractual responde también al tipo de trabajo al que acceden las mujeres, muy ligado a la limpieza y el cuidado doméstico. Trabajo que suele ofrecer condiciones laborales de escasa calidad.
  • El 58% de las personas que atienden y que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, solo poseen la ESO, lo que dificulta, y mucho, las opciones laborales o de recualificación vía certificados de profesionalidad. Casi 3 de cada 4 personas en riesgo de exclusión no tiene cualificación o es muy básica. Hay que destacar el gran número de personas que aparecen sin estudios, un 12%. Esto es debido al nivel de migración de las zonas de Estas personas, pese a que pueden tener titulación-incluso superior- en su país, en el nuestro aparecen como “sin estudios” por no poder convalidarlos.
  • Más del 65% de la población migrante atendida, no ha podido acceder al mercado de trabajo aún. Las condiciones contractuales que suelen tener las personas migrantes suelen ser peores que las de las personas Son contratos de menor duración, de jornadas parciales y en sectores con una remuneración baja.
  • Destacan una serie de cuestiones cualitativas para entender la realidad de la exclusión social en Granada: Multifactorialidad de la exclusión social que agrava las situaciones personales, prejuicios y estereotipos que afectan de forma muy negativa a las personas a la hora de encontrar trabajo (la mayor dificultad la tienen personas migrantes y de minorías étnicas) e indefensión aprendida, al pensar que cada vez tienen menos opciones y “rendirse” en el proceso.

Desde PROVIVIENDA ponen de manifiesto distintas problemáticas en el acceso a la vivienda.

  • Subida constante en los precios medios del alquiler.
  • A pesar de que se recomienda que el gasto en vivienda no supere el 30% del salario, al comparar el coste del alquiler con el salario mínimo interprofesional neto mensual, se detecta que supera en un 10%.
  • El precio de la vivienda ha subido un 10,2% en el 2022 en Andalucía, siendo una de las comunidades autónomas donde más ha subido.
  • La dinámica de crecimiento en el precio de la vivienda en los últimos años, abre una brecha abismal comparada con el aumento de los salarios.
  • Esta circunstancia aumenta las dificultades de acceso a vivienda de forma general y, afecta especialmente, a la población con peores salarios y mayor vulnerabilidad.
  • La subida salarial media no se equipara al precio de la vivienda.
  • Las medidas extraordinarias de suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional activadas por la pandemia, y prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2022, no han sido suficientes para buena parte de la población, que no ha podido evitar el lanzamiento por ejecución hipotecaria, impago del alquiler u otras.
  • La fuente y la metodología para estimar las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo son un problema en sí La falta de actualización de los datos (una vez cada década) y la aproximación en el muestreo (solo se recogen datos de 3 ciudades en una noche) impiden abordar el problema con el rigor que merece.
  • El 76,8% de las personas sin hogar tienen entre 30 y 64 años.
  • El 20% de las personas en situación de sinhogarismo son
  • Las mujeres en situación de sinhogarismo están expuestas a mayor violencia. El 24,2 % de las mujeres sin hogar, ha sufrido alguna agresión sexual.
  • Destacan la importancia de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Facilitar el acceso y el mantenimiento de la vivienda en condiciones de habitabilidad y en un entorno inclusivo, poniendo el foco en las familias más vulnerables con menores, así como las personas jóvenes”.

Desde la Fundación Pía Autónoma Casas Diocesanas de Acogida, a través de la Casa de Acogida para personas sin hogar “Residencia Madre de Dios”, con la consideración de centro de acogida municipal, destacan que:

  • Durante este año 2022, se han atendido 183 personas sin hogar diferentes, de las que el 45% era la primera vez en el año que se les atendía y el 55% por primera vez en su El 64% llevaban menos de un año sin domicilio fijo y el 13% más de cinco años sin domicilio fijo.
  • Con respecto a la edad pueden afirmar que el 20% tenían entre 18 y 25 años, el 30% entre 46-59 años y el 12% más de 60 años. Con respecto al lugar de origen el 47% era de origen nacional frente al 53% que procedía de otro país. En cuanto al nivel formativo, mencionar que el 48% tenía estudios primarios y el 12% alguna titulación universitaria. El 70% estaba Como principales características/problemáticas destacan el desempleo y las adicciones, entre otras.
Posteriormente ha participado la Asociación de vecinas y vecinos de Nueva Cartuja, representada por Rosario García y Celia del Castillo con relación a la pobreza energética en Granada especialmente en el Distrito Norte.
El Distrito Norte de Granada cuenta con unos datos de alta vulneración de derechos socioeconómicos, situándose como el sector más empobrecido de granada:
            – El 62% de la población vive con ingresos anuales por unidad por debajo de 10mil euros, de los cuales la mitad (30%) vive con unos ingresos por debajo de los 5mil euros.
            – La renta neta media anual por persona es de 5.964 euros y en algunas secciones censales correspondientes a los barrios de Cartuja, la Paz y Reis Badis no alcanzan los 4mil euros anuales.
            – Se estima que el 6% de la población no sabe leer ni escribir y es el distrito sanitario con un nivel de estudios más bajo de Granada.
            – La situación de las personas enfermas y vulnerables cuando sufren falta de suministro eléctrico, dificulta los cuidados sanitarios y pone en grave riesgo su salud, dado que necesitan un suministro eléctrico ininterrumpido para mantener refrigerada su medicación a utilizar los dispositivos adecuados para el cuidado de su salud.
            – La salud mental de las personas que sufren cortes de luz también se ve fuertemente afectada.
            – Especialmente ocurre en el caso de ancianos/ancianas que ante la falta de dicho suministro describen desamparo y abandono, aumenta el riesgo de enfermedades mentales, decaídas, disminuye la autonomía y ante cualquier accidente el servicio de tele asistencia no sirve, lo que puede tener fatales consecuencias
Desde la Asociación de vecinas y vecinos Nueva Cartuja realizaban las siguientes reivindicaciones:
  • Que garantice el suministro todas las personas mayores, dependientes, contratamientos y cuidados especiales de salud.
  • Que garantice el suministro a los colegios, escuelas infantiles, universidades, centros de salud, alumbrado público y servicios sociales.
  • Que indemnice a las familias afectadas.
  • Que aplique de verdad el bono social a las familias sin recursos.
  • Que ponga a disposición de todos los vecinos afectados, un teléfono de atención especifico.

 

 

 

EAPN AndalucíaLA SITUACIÓN DE LA POBREZA EN LA PROVINCIA DE GRANADA
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LA PROVINCIA DE CÁDIZ MARCA SU POBREZA POR UN EMPLEO PRECARIO

La imparable subida de la pobreza en Andalucía confirma que es un problema de carácter estructural

  • La situación de paro en la provincia de Cádiz destaca por ser la segunda provincia andaluza con mayor número de personas en paro.
  • Andalucía es la primera comunidad con mayor población en AROPE y en riesgo de pobreza y la segunda en personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo (BITH) y en personas en privación material social y severa (PMSS).

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) presentó el pasado lunes su XII Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2021’, donde por primera vez se han recogido los datos oficiales de pobreza tras la pandemia de la COVID-19, mediante un análisis detallado de todos los indicadores sociales disponibles a nivel estatal y autonómico.

Los datos oficiales demuestran cómo la pobreza ha aumentado en Andalucía alcanzando los 3,27 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, muy por encima de la media nacional y ocupando, junto con Extremadura, el primer lugar en AROPE y en riesgo de pobreza y la segunda en personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo (BITH) y en personas en privación material social y severa (PMSS).

En 2021, el 38,7% de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone un incremento de 1,8 puntos respecto al año pasado. En número totales, implica un incremento de 157.294 personas más.

Esta situación tiene su propio reflejo en la provincia de Cádiz, dónde destacamos diferentes ámbitos en los que estos fenómenos de pobreza y exclusión se ven reflejados. El perfil de la pobreza lleva ya varios años definiéndose en personas de nacionalidad española, mayoritariamente mujeres, con un nivel educativo medio o alto.

El número de personas en situación de paro en la provincia de Cádiz destaca por ser la segunda provincia andaluza con mayor número por personas en paro, ascendiendo en el mes de septiembre a 143.605 personas, por detrás de Sevilla y superando levemente a Málaga. El rango de población más afectado por el paro según sexo y edad, son las mujeres mayores de 45 años, que ascienden a 7.486 en el mes de septiembre de 2022.

Pero no cualquier empleo protege de la pobreza, y la precariedad del mismo afecta directamente a la inestabilidad de los hogares, de esta forma, del total de 574.628 contratos registrados en la provincia de Cádiz en 2021, solamente el 5,79% (33.253) eran indefinidos frente al 94,21% (541.375) que fueron temporales; con respecto a 2020, las dos modalidades de contratación aumentaron un 52,33% y un 13,92% respectivamente.

El salario medio anual en la provincia de Cádiz es de 16.572 euros, siendo el salario masculino medio de 18.549 euros, frente a las mujeres asalariadas que cobran de media al año de – 4.406 euros menos que los hombres, siendo de 14.143 euros, generando una brecha salarial del 43,3%. El salario anual bruto en Andalucía asciende a 21.218,95 euros, siendo la segunda comunidad autónoma con sueldos y salarios más bajos, situándose la provincia de Cádiz por debajo del salario anual bruto de Andalucía.

En 2021 las solicitudes de vivienda protegida en Cádiz fueron un total de 43.938 siendo la segunda provincia con mayor número de solicitudes después de Sevilla. Supone un aumento respecto al año anterior, que ascendía a 40.961 solicitudes, tendencia que se repite en el resto de provincias de Andalucía.

Como máximo exponente de esta desigualdad, destacamos los datos de violencia de género, que pese a las diferentes campañas y programas de concienciación que se llevan a cabo, sigue siendo uno de los temas más preocupantes que afectan a la mujer, ya que no se aprecia una repercusión positiva en las cifras de víctimas y denuncias, que continúan ofreciendo datos alarmantes. Andalucía continúa liderando un año más el ranking de comunidades autónomas con un mayor número de denuncias presentadas en 2021: 33.956 denuncias presentadas, un número superior a las del año 2020, que ascendía a 31.401 denuncias, obteniendo una ratio órdenes por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género del 24,8% superando al estatal que alcanza el 23,4%. Cádiz se situó en la tercera provincia con mayor número de denuncias por violencia de género en Andalucía, alcanzando una cuota del 14%, con 4.608 denuncias.

Respecto al sector de la educación, desde el grupo provincial de EAPN Cádiz, queremos destacar la precaria situación de la Formación Profesional en la provincia y cómo la oferta a grados medios y grados superiores se encuentra estancada respecto al número de plazas ofertadas, siendo la iniciativa privada la que ha empezado a apostar por esta educación. Según el informe de Comisiones Obreras del curso 2021-2022, desde 2012 el ascenso ha sido constante, pasando en conjunto de matricular al 23,5% de los estudiantes a un 30,3% en el curso 2019-20. Si se excluye lo concertado, lo exclusivamente privado ha pasado de un 4% a un 15%.

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde EAPN queremos reclamar medidas y estrategias concretas y conjuntas por parte de las Administraciones Públicas, que pongan freno a los elevados índices de pobreza, exclusión social y desigualdad que existen en Andalucía, y que reflejan una cronificación y una realidad de pobreza estructural. Las entidades que conforman la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza reclaman el diseño de Políticas Sociales Integrales que ayuden a paliar las bolsas y realidades de pobreza que año tras año, se incrementan en nuestra región.

EAPN AndalucíaLA PROVINCIA DE CÁDIZ MARCA SU POBREZA POR UN EMPLEO PRECARIO
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SITUACIÓN DE LA POBREZA EN CÓRDOBA

En Córdoba la cifra de pobreza es inferior a la estimada, aunque no por ello menos importante, y las medidas de contención enmarcadas en el llamado Escudo Social contribuyeron positivamente a paliar buena parte de las consecuencias de la crisis por la Covid-19.
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde EAPN Córdoba realizaron una concentración para visibilizar aún más la problemática de la provincia.

 

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) ha presentado su XII Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2021’, donde por primera vez se han recogido los datos oficiales de pobreza tras la pandemia de la COVID-19, mediante un análisis detallado de todos los indicadores sociales disponibles a nivel estatal y autonómico.

 

Los datos oficiales demuestran cómo la pobreza ha aumentado en Andalucía alcanzando los 3,27 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, muy por encima de la media nacional y ocupando, junto con Extremadura, el primer lugar en AROPE y en riesgo de pobreza y la segunda en personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo (BITH) y en personas en privación material social y severa (PMSS).

En 2021, el 38,7% de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone un incremento de 1,8 puntos respecto al año pasado. En número totales, implica un incremento de 157.294 personas más. El aumento es 1 punto mayor que el total nacional, dado que este ha sido de 0,8 puntos porcentuales.

Las medidas de contención enmarcadas en el llamado Escudo Social contribuyeron positivamente a paliar buena parte de las consecuencias de la crisis por la covid-19. Pero la situación de pandemia no ha sido la principal causa del aumento de la tasa AROPE, ya que el empeoramiento de los indicadores ya se había detectado el año anterior (pre COVID-19). En este sentido, puede afirmarse que la población de Andalucía está lejos, todavía, de retornar a los niveles anteriores a la primera crisis.

 

De hecho, la tasa de pobreza de Andalucía aumenta este año y pasa a ser del 32,3 %, cifra que es la más alta de todas las regiones, junto con Extremadura. Esto supone estar 10,6 puntos por encima de la media nacional. Desde EAPN Andalucía se quiere destacar la importancia de los datos para los menores de 18 años, cuya tasa AROPE en 2021 es del 43,8 %, cifra que se ha incrementado en 4,9 puntos porcentuales (25,9% más) con respecto al año anterior.

Las principales conclusiones que extraen todas estas cifras, resaltando que el informe incluye una aproximación al impacto que han tenido las medidas del escudo social que concluye que su efecto redujo la tasa de pobreza en 3,2 puntos porcentuales, es decir, disminuyó en 1,5 millones el tamaño de la pobreza en España; cifra que en Andalucía alcanza a unas 67.000 personas que, gracias al escudo social, no cayeron en pobreza. No obstante, hay que mencionar que grandes medidas como los ERTES, no alcanzaron a toda la población, pues no llegaron a las personas que, por ejemplo, viven de la economía sumergida, gran parte de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Además, tal y como venimos advirtiendo de nuestra Red, las medidas del escudo social todavía llegan de forma desigual a aquellos que se encuentran en pobreza severa o cerca de la misma. Muestra de ello es que en Andalucía se ha incrementado el número de personas con renta más baja. En relación al seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030, los datos revelan un distanciamiento cada vez más elevado respecto al cumplimiento de los ODS.

En la presentación en Córdoba el Grupo provincial de EAPN CÓRDOBA, representado por Francisco Jiménez, coordinador provincial, ha aportado las diferentes cifras de la provincia que remarcan la situación desventajosa que ocupa Córdoba con respecto a Andalucía y al resto de España, pero a su vez se extraen diferentes conclusiones, ya que puede afirmarse que la población de Córdoba está lejos, todavía, de retornar a los niveles anteriores a la primera crisis.

Los datos cordobeses indican que el salario medio anual en la provincia de Córdoba de 14.889 euros (datos de 2020), siendo el masculino de 16.375 euros, frente a las mujeres asalariadas que cobran de media al año 13.141 euros, generando una brecha salarial del 24,2% (3.234 euros menos que los hombres). La tasa de paro (año 2021) de la población de 16 a 64 años para los hombres en Córdoba es del 13,90%, mientras que para las mujeres es del 21,47%. En el año 2020, la tasa de paro para los hombres en la misma provincia alcanza un 20% frente al 28,16% de las mujeres, observándose un descenso en ambos sexos.

En materia de violencia de género, durante el año 2021 Córdoba se situó en la penúltima provincia en el número de denuncias en Andalucía, alcanzando una cuota de 7,2%, con 2.388.

De igual modo, las ejecuciones hipotecarias suben en Córdoba de forman considerable en 2021, por encima de las ejecuciones de 2018, alcanzando las 477 totales. Las ejecuciones correspondientes a 2020 son llamativamente bajas debido a la situación de estado de alarma que se desarrolló a partir del segundo trimestre del año 2020. En el año 2019 las estadísticas reflejan el aumento de las ejecuciones hipotecarias (522) respecto a años anteriores, que corresponden a hipotecas que se firmaron entre los años 2005 y 2008, época de mayor efervescencia de la burbuja inmobiliaria que precedió a la crisis financiera. En 2015 se registraron 1.203 ejecuciones hipotecarias.

En cuanto a lanzamientos por hipotecas por compra, los datos de 2020 reflejan cómo la situación se paraliza por la pandemia provocada por la Covid, con un leve aumento en 2021, con 112 Lanzamientos en la provincia. Respecto a los lanzamientos por arrendamientos (alquiler), los datos de 2020 reflejan igualmente la situación extraordinaria que afectó al curso ordinario de los lanzamientos, alcanzado en 2021 la cifra de 220, una cifra más cercana a años anteriores.

El estudio incluye las solicitudes de vivienda protegida, que en Córdoba fueron en 2021 un total de 27.876, siendo la cuarta provincia con mayor número. También supone un aumento respecto al año anterior (26.079 en 2020), tendencia que se repite en el resto de provincias de Andalucía.

Como dato curioso, el estudio determina que, a pesar de la pandemia generada por la Covid, se ha incrementado las plazas en las viviendas con fines turísticos, si bien los ascensos han sido a un ritmo menor a los computados en años anteriores. En la provincia de Córdoba, el incremento del número de plazas de viviendas con fines turísticos es el segundo menos elevado, detrás de la provincia de Jaén, de toda Andalucía, con 8.303 plazas, lo que supone un incremento de 497 respecto de 2020.

Sobre la tasa de paro de Córdoba en el segundo trimestre de 2022, se aprecia un descenso de 1,97 puntos respecto al mismo período de 2021, situándose en un 20,67, siendo, sin embargo, muy superior a la media nacional que alcanza el 12,48%. Supone, en cualquier caso, un descenso en comparación al años pasado (22,64) y a 2020 (24,29). La tasa de empleo se ha establecido en 43,64, frente al 44,59 del pasado año y el 40,75 de 2020.

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LA POBREZA AUMENTA EN ANDALUCÍA ALCANZANDO LOS 3,27 MILLONES DE PERSONAS

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La imparable subida de la pobreza en Andalucía confirma que es un problema de carácter estructural

  • Andalucía es la primera comunidad con mayor población en AROPE y en riesgo de pobreza y la segunda en personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo (BITH) y en personas en privación material social y severa (PMSS).
  • Estos datos también evidencian cómo las medidas de contención enmarcadas en el llamado Escudo Social contribuyeron positivamente a paliar buena parte de las consecuencias de la crisis por la covid-19.

Sevilla, lunes 17 de octubre. –  La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) ha presentado hoy su XII Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2021’, donde por primera vez se han recogido los datos oficiales de pobreza tras la pandemia de la COVID-19, mediante un análisis detallado de todos los indicadores sociales disponibles a nivel estatal y autonómico.

Los datos oficiales demuestran cómo la pobreza ha aumentado en Andalucía alcanzando los 3,27 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, muy por encima de la media nacional y ocupando, junto con Extremadura, el primer lugar en AROPE y en riesgo de pobreza y la segunda en personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo (BITH) y en personas en privación material social y severa (PMSS).

En 2021, el 38,7% de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone un incremento de 1,8 puntos respecto al año pasado. En número totales, implica un incremento de 157.294 personas más. El aumento es 1 punto mayor que el total nacional, dado que este ha sido de 0,8 puntos porcentuales.

En la presentación de los datos, Susana García, vicepresidenta de EAPN Andalucía, que ha aportado las diferentes cifras que remarcan la situación desventajosa que ocupa nuestra comunidad, pero a su vez se extraen diferentes conclusiones, siendo la principal que la cifra de pobreza es inferior a la estimada, aunque no por ello menos importante y puede afirmarse que las medidas de contención enmarcadas en el llamado Escudo Social contribuyeron positivamente a paliar buena parte de las consecuencias de la crisis por la covid-19. Pero “la situación de pandemia no ha sido la principal causa del aumento de la tasa AROPE, ya que el empeoramiento de los indicadores ya se había detectado el año anterior (pre COVID-19).” En este sentido, puede afirmarse que la población de Andalucía está lejos, todavía, de retornar a los niveles anteriores a la primera crisis.

De hecho, la tasa de pobreza de Andalucía aumenta este año y pasa a ser del 32,3 %, cifra que es la más alta de todas las regiones, junto con Extremadura. Esto supone estar 10,6 puntos por encima de la media nacional. Desde EAPN Andalucía se quiere destacar la importancia de los datos para los menores de 18 años, cuya tasa AROPE en 2021 es del 43,8 %, cifra que se ha incrementado en 4,9 puntos porcentuales (25,9% más) con respecto al año anterior.

En el año 2021 la tasa de pobreza severa, medida con un umbral del 40 % de la mediana de renta nacional, esto es, el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 530 € mensuales por unidad de consumo, en Andalucía es del 15,9 %. Esta cifra supone un incremento muy importante, de 4,3 puntos porcentuales, que equivale a un aumento del 37%, con respecto a los datos del año pasado. Sitúa a Andalucía como la segunda región con mayor pobreza severa, solo superada por Canarias. Si se comparan estos datos con la media nacional, la andaluza es 5,6 puntos superior, puesto que los valores nacionales se sitúan en el 10,3% de la población, que términos absolutos se traduce en unas 873.522 personas, situándose como segunda región con mayor PMSS.

Juan Luis Delcan, presidente de EAPN Andalucía, ha remarcado las principales conclusiones que extraen todas estas cifras, resaltando que el informe incluye una aproximación al impacto que han tenido las medidas del escudo social que concluye que su efecto redujo la tasa de pobreza en 3,2 puntos porcentuales, es decir, disminuyó en 1,5 millones el tamaño de la pobreza en España; cifra que en Andalucía alcanza a unas 67.000 personas que, gracias al escudo social, no cayeron en pobreza. No obstante, “hay que mencionar que grandes medidas como los ERTES, no alcanzaron a toda la población, pues no llegaron a las personas que, por ejemplo, viven de la economía sumergida, gran parte de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

Además, tal y como venimos advirtiendo de nuestra Red, las medidas del escudo social todavía llegan de forma desigual a aquellos que se encuentran en pobreza severa o cerca de la misma. Muestra de ello es que en Andalucía se ha incrementado el número de personas con renta más baja. En relación al seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030, los datos revelan un distanciamiento cada vez más elevado respecto al cumplimiento de los ODS.

El desequilibrio entre comunidades autónomas se aprecia en todos los indicadores de pobreza, que muestran cómo en Andalucía es persistente y consistente, evidenciando la gran desigualdad que se produce en nuestro país entre zona norte y sur.

De nuevo remarcamos cómo se ha acentuado el perfil de la pobreza que se venía viendo en los últimos dos años: personas de nacionalidad española, mayoritariamente mujeres, con un nivel educativo medio o alto, pues no cualquier empleo protege de la pobreza, afirmando que el desempleo y un bajo nivel educativo cada vez definen menos la pobreza.

Se aprecia una insuficiencia en las estrategias tradicionales de protección y lucha contra la pobreza, basadas en el crecimiento puro, insuficiencia del incremento del PIB e insuficiencia de políticas basadas en el empleo puro; basadas en protección: insuficiente protección contra el desempleo y de las políticas contra la pobreza vinculadas a la búsqueda de empleo; y a nivel personal, los factores tradicionales de protección, tales como conseguir empleo y nivel educativo.

Por todo ello, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde EAPN queremos reclamar medidas y estrategias concretas y conjuntas por parte de las Administraciones Públicas, que pongan freno a los elevados índices de pobreza, exclusión social y desigualdad que existen en Andalucía, y que reflejan una cronificación y una realidad de pobreza estructural. Las entidades que conforman la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza reclaman el diseño de Políticas Sociales Integrales que ayuden a paliar las bolsas y realidades de pobreza que año tras año, se incrementan en nuestra región.

XII Informe ‘El Estado de la Pobreza en Andalucía’

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