EAPN ANDALUCÍA
La Red recuerda los compromisos internacionales adquiridos por España para los próximos años, en el marco de la Agenda 2030, los ODS y el Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Este domingo 23 de julio se han celebrado las elecciones generales, donde la ciudadanía ha elegido a sus representantes. La conformación de nuevo gobierno se adivina intensa en cuanto a negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas. De cara a los acuerdos que precederán la formación del próximo Ejecutivo, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) quiere recordar la necesidad de poner en la centralidad de las mismas la ampliación de derechos y políticas sociales, especialmente en un contexto en el que aún se padecen los efectos de la pandemia, la crisis energética y la guerra en Ucrania.
El pasado 8 de julio, EAPN-ES publicó el documento ‘Medidas prioritarias para luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad’, una batería de propuestas en materia de políticas económicas y sociales presentadas a las formaciones que han concurrido a los comicios y que algunas de ellas las hemos visto incluidas en sus correspondientes programas electorales.
Sin embargo, en términos generales, en los diferentes programas la pobreza se ha tratado de forma parcelada: pobreza energética, pobreza laboral, pobreza infantil, pobreza en el transporte. Sin embargo, la pobreza es una problemática estructural, consecuencia del sistema económico y social injusto, que afecta a todos los miembros de una familia y que necesita medidas valientes en todos los campos de la vida.
En este sentido, la entidad considera “imprescindible” que en la nueva legislatura se establezca un Pacto Estatal de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de amplio consenso parlamentario, con la participación clave del Tercer Sector de Acción Social (TSAS), a fin de hacer efectivo el derecho de la población a una vida digna, en paz y seguridad. Por lo que se hace imprescindible que los socios de gobierno asuman los compromisos contraídos tanto internacionalmente como con la ciudadanía.
La estrategia debe fundamentarse en los cuatro pilares que estructuran el documento: reducir la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, invertir en las personas y en el desarrollo económico sostenible, reforzar la protección social ante los riesgos del ciclo vital, y potenciar los sistemas de gobernanza y el papel del TSAS.
“No solo por los compromisos internacionales y nacionales adquiridos, ni porque, como se ha demostrado, las políticas de inclusión y protección social son motor de desarrollo económico, también porque no podemos abandonar a más de 12.000.000 de personas en España”, ha señalado Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa.
Como ha recordado EAPN-ES, la pasada legislatura ha estado atravesada por una serie de crisis que han puesto en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reconstrucción y los compromisos internacionales adquiridos para la presente década, en base al respeto y la garantía de los derechos humanos. Los efectos de este periodo se han sumado a los consecuentes de la gran recesión de 2008 y al resultado de las políticas de recortes y austeridad, que impactaron de forma más cruda en las personas en situación de pobreza.
Según los Informes elaborados por EAPN-ES, en 2022, las cifras de pobreza y exclusión social experimentaron una mejoría respecto al año anterior. Una tendencia que continua en la senda de lo sucedido durante la pandemia de COVID-19, cuando las políticas sociales impulsadas a nivel europeo y estatal evitaron que un millón y medio de personas entrará en riesgo de pobreza o exclusión. Sin embargo, pese a estas cifras, la realidad muestra un país con un problema estructural: 12’3 millones de personas están en situación de pobreza y/o exclusión social.
En este contexto, y de cara a las negociaciones para configurar el futuro Ejecutivo, EAPN-ES considera una obligación recordar los compromisos sociales adquiridos desde 2015 por los sucesivos Gobiernos en el marco de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, y los vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Por lo tanto, es necesario no solo salvaguardar las políticas públicas implementadas durante los últimos años para afrontar las diferentes crisis, sino también un incremento del alcance y de los recursos.
