2026

Cada 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, recordamos que la igualdad entre mujeres y hombres no es solo una aspiración simbólica, sino una condición imprescindible para la justicia social. La pobreza y la exclusión social continúan teniendo un claro componente de género y afectan de forma desproporcionada a las mujeres, limitando su autonomía económica, su participación social y el ejercicio pleno de sus derechos.

En Andalucía, esta realidad adquiere una dimensión especialmente preocupante. Los datos del XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía muestran que más de 3 millones de personas —el 35,6 % de la población— se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación impacta con mayor intensidad sobre las mujeres: la tasa AROPE femenina alcanza el 37,3 %, casi cuatro puntos por encima de la masculina. La pobreza severa también mantiene una brecha persistente, reflejando que la desigualdad económica y social continúa reproduciéndose con un marcado sesgo de género.

La feminización de la pobreza no es un fenómeno puntual ni resultado de decisiones individuales. Es la consecuencia de una acumulación de desigualdades estructurales que se producen a lo largo de la vida: menor acceso a empleos estables, mayor presencia en sectores laborales precarizados, interrupciones en las trayectorias laborales vinculadas a los cuidados y menores niveles de protección social. En Andalucía, el desempleo femenino supera el 17 %, más de cuatro puntos por encima del masculino, y más de la mitad de las mujeres ocupadas perciben salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. A ello se suma una elevada presencia en contratos parciales —muchos de ellos involuntarios— y en sectores altamente feminizados como los cuidados, la limpieza, el comercio o la atención domiciliaria, caracterizados por salarios bajos y escaso reconocimiento social.

Estas desigualdades laborales tienen consecuencias directas en las condiciones de vida presentes y futuras de las mujeres. La precariedad se traduce en menores ingresos, mayor inseguridad económica y pensiones más bajas, reforzando un ciclo de vulnerabilidad que se prolonga en el tiempo. Al mismo tiempo, la sobrecarga de los cuidados no remunerados continúa recayendo de forma mayoritaria sobre las mujeres, limitando sus oportunidades de empleo, formación y participación social.

La feminización de la pobreza también tiene una clara dimensión interseccional. Determinados grupos de mujeres se enfrentan a mayores niveles de vulnerabilidad, como las mujeres migrantes, las familias monomarentales, las mujeres jóvenes, las mujeres mayores con trayectorias laborales intermitentes o las mujeres que viven en entornos rurales. En estos casos, las desigualdades se acumulan y se refuerzan mutuamente, generando situaciones de exclusión más profundas y persistentes.

La desigualdad impacta además en la infancia. En Andalucía, casi la mitad de los niños y niñas vive en riesgo de pobreza o exclusión social, una realidad estrechamente vinculada a la precariedad de los hogares y especialmente significativa en aquellos encabezados por mujeres. La pobreza infantil no solo condiciona el presente, sino que compromete las oportunidades futuras y perpetúa los ciclos de desigualdad entre generaciones.

A este contexto se suma el impacto creciente de la crisis de acceso a la vivienda, que afecta de manera particularmente intensa a las mujeres con menores ingresos o con responsabilidades familiares. Las dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible agravan las situaciones de vulnerabilidad económica y social, especialmente en el caso de hogares monomarentales.

Desde EAPN Andalucía, recordamos que la pobreza no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales. Combatir la feminización de la pobreza requiere políticas públicas ambiciosas, sostenidas en el tiempo y con una perspectiva de género transversal.

Por ello, reclamamos:

• La incorporación efectiva de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, especialmente en las estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

• Un sistema integral de garantía de rentas que proteja a las mujeres a lo largo de todo el ciclo vital y reduzca las situaciones de vulnerabilidad económica.

• Medidas reales de corresponsabilidad en los cuidados, junto al refuerzo de los servicios públicos de atención y apoyo a las familias.

• Empleo digno, estable y con derechos, que reduzca la precariedad laboral y cierre las brechas salariales y de participación.

• Políticas que garanticen el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible, especialmente para los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

La igualdad requiere inversión social sostenida, reformas estructurales y voluntad política. Mientras las mujeres sigan soportando mayores tasas de pobreza, mayor precariedad laboral y una carga desigual de los cuidados, no podremos hablar de cohesión social ni de igualdad real.

Este 8M reivindicamos que erradicar la pobreza es también una cuestión feminista, y avanzar hacia la igualdad real es una condición imprescindible para garantizar los derechos, la autonomía y la participación plena de todas las mujeres en la sociedad.

La Asamblea General Anual de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía ha elegido a Juan Luis Delcán González como nuevo presidente para el actual mandato, tras la renuncia de Manuel Sánchez Montero, quien ha dirigido la entidad desde su creación en 2012.

Delcán, actual presidente de EAPN Andalucía y director territorial de Fundación Atenea, asume esta responsabilidad en un momento estratégico para el fortalecimiento del Tercer Sector de Acción Social y su papel como interlocutor ante las administraciones públicas.

Durante la Asamblea se confirmaron las vicepresidencias que integran la Mesa: Armando Rotea Molero, en representación de la Plataforma Andaluza de Voluntariado; Jerónimo Vera Marín por Cruz Roja; Marta Castillo Díaz por CERMI Andalucía; Francisco José Sánchez Heras por Cáritas Regional de Andalucía; y Juan Luis Muñoz Escassi por AFA – Asociaciones y Fundaciones de Andalucía. Continúa como secretaria general Isabel Viruet García, representante de la ONCE. Asimismo, participaron representantes de la Coordinadora Andaluza de ONG para el Desarrollo, LARES Andalucía y la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Andalucía.

La sesión permitió agradecer públicamente la labor desarrollada por Manuel Sánchez Montero al frente de la entidad durante más de una década, destacando su contribución al reconocimiento institucional del Tercer Sector y a la consolidación de espacios de diálogo social en Andalucía.

Entre los principales retos del nuevo mandato destaca el impulso y desarrollo de la recién aprobada Ley del Tercer Sector de Acción Social de Andalucía, así como el fortalecimiento de la incidencia política del sector, la mejora de la cooperación interinstitucional y el refuerzo del tejido asociativo andaluz.

Desde EAPN Andalucía se valora positivamente este nuevo ciclo, que refuerza la presencia de la Red en los espacios de representación del Tercer Sector y contribuye a situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de las políticas públicas.

El Gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros del 17 de febrero la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026–2030, una hoja de ruta que incorpora medidas estructurales para garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía. La aprobación coincide con la Semana Europea contra la Pobreza Energética y llega en un contexto de fuerte impacto social de este fenómeno en España.

Según el avance del XVI Informe El Estado de la Pobreza elaborado por EAPN-ES, en 2025 al menos 7,8 millones de personas (15,9 % de la población) no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Además, 4,5 millones de personas (9,3 %) registraron retrasos en el pago de suministros básicos como electricidad, gas o agua. Aunque algunos indicadores han mejorado respecto a 2024, la evolución desde 2019 muestra un deterioro significativo: la proporción de población incapaz de calentar su hogar se ha duplicado y los retrasos en facturas han aumentado más de un 40 %.

La nueva Estrategia incorpora trece medidas orientadas a reforzar la equidad energética. Entre ellas destacan la garantía de suministro para consumidores vulnerables y electrodependientes, la mejora del bono social energético y el impulso de programas de rehabilitación energética en viviendas de hogares en situación de vulnerabilidad. También se prevé adaptar los criterios de acceso al bono social para vincularlo de forma más directa al nivel de renta.

Desde EAPN-ES se valora positivamente la aprobación de la Estrategia como un paso necesario ante la magnitud del problema. La Red subraya, no obstante, la importancia de dotarla de financiación suficiente y de reforzar su implementación mediante la cooperación con las comunidades autónomas. Asimismo, se insiste en avanzar hacia la automatización del bono social para reducir la brecha de acceso que actualmente deja fuera a numerosos hogares vulnerables.

Entre los instrumentos previstos figura la creación de un Observatorio estatal de la pobreza energética, destinado a centralizar información, mejorar el seguimiento de políticas públicas y facilitar la participación de entidades sociales y personas con experiencia directa en esta problemática.

La aprobación de la ENPE se produce en paralelo al debate parlamentario sobre la continuidad de medidas del denominado escudo social, entre ellas la protección frente a cortes de suministro para hogares vulnerables y la extensión de los descuentos del bono social energético. EAPN-ES ha instado a las fuerzas políticas a consolidar estas medidas con carácter estructural dentro de las políticas públicas de lucha contra la pobreza.

El concepto de pobreza energética se define en el marco europeo mediante varios indicadores, entre ellos el gasto energético desproporcionado respecto a los ingresos, el gasto energético insuficiente, la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada o los retrasos en el pago de suministros. Según Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, basta con cumplir uno de estos criterios para considerar a un hogar en situación de pobreza energética.

A escala europea, el problema continúa siendo relevante. Datos de Eurostat señalan que en 2024 el 9,2 % de la población de la Unión Europea no podía permitirse mantener una temperatura adecuada en su vivienda, con diferencias significativas entre países.

Desde EAPN Andalucía recordamos que la pobreza energética está estrechamente vinculada a la crisis ecosocial y afecta de forma desproporcionada a los hogares en situación de pobreza y exclusión social, que suelen residir en viviendas con baja eficiencia energética y mayores déficits de habitabilidad. Por ello, dese la Red insistimos en que la transición energética debe desarrollarse desde un enfoque de justicia social, garantizando el derecho efectivo a la energía, la vivienda digna y la salud para toda la ciudadanía.

La pobreza y la exclusión social continúan siendo un problema estructural en Andalucía, incluso en un contexto de mejora de los ingresos y de leve descenso de algunos indicadores. Así lo confirman los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y analizados por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía).

En 2025, la tasa AROPE —que mide el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social— se sitúa en Andalucía en el 34,7 %, frente al 25,7 % de la media estatal. Aunque el indicador registra una ligera bajada respecto a 2024, cuando alcanzó el 35,6 %, la comunidad mantiene una distancia cercana a los diez puntos con el conjunto del país. Andalucía encabeza, además, cuatro de los cinco principales indicadores de pobreza y exclusión social: AROPE, Riesgo de Pobreza, Carencia Material y Social Severa y Baja Intensidad en el Empleo.

Desde EAPN Andalucía advierten de que esta leve mejoría no puede interpretarse como un cambio de tendencia. “La ligera mejora de algunos datos no puede ocultar la realidad: Andalucía sigue encabezando la pobreza en España y la recuperación no está llegando a una parte muy importante de la población”, ha señalado Juan Luis Delcán, presidente de la Red.

Más ingresos, pero sin mejora real de las condiciones de vida

Los datos de ingresos reflejan un aumento de la renta neta media por persona en Andalucía, que alcanza los 13.079 euros anuales, frente a los 12.191 euros registrados en 2024. También se incrementa la renta media por unidad de consumo, que se sitúa en 19.292 euros. Sin embargo, esta mejora nominal no se traduce en una mejora efectiva de las condiciones de vida de una parte significativa de la población.

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional y la revalorización de las pensiones han contribuido a elevar las rentas medias, pero su impacto ha sido limitado. Según EAPN Andalucía, estas medidas han actuado como un amortiguador que ha evitado escenarios más graves, sin lograr revertir la exclusión estructural que padece la comunidad.

Esta realidad se refleja con claridad en la evolución de la Carencia Material y Social Severa, el indicador que mide la imposibilidad de acceder a bienes y servicios básicos. En Andalucía, este porcentaje aumenta del 10,6 % al 10,9 %, mientras que en el conjunto del Estado desciende hasta el 8,1 %. El dato evidencia una pérdida real de poder adquisitivo, estrechamente vinculada al encarecimiento de la vivienda, la energía y los gastos cotidianos.

La vivienda y el coste de la vida, ejes de la exclusión cronificada

La falta de recursos ha dejado de ser una abstracción estadística para convertirse en un factor que condiciona de forma directa la vida diaria de miles de familias andaluzas. El hogar se consolida como uno de los principales focos de vulnerabilidad. El 18,7 % de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 14,1 % acumula retrasos en el pago del alquiler, la hipoteca o los suministros básicos.

Esta presión económica se traduce en un dato especialmente preocupante: el 46,4 % de la población andaluza no dispone de una red mínima de seguridad y no puede afrontar gastos imprevistos, lo que consolida una situación de vulnerabilidad estructural y prolongada en el tiempo.

Ante este escenario, la vivienda emerge como uno de los principales motores del empobrecimiento en Andalucía. Desde EAPN Andalucía reclamamos que el actual “escudo social” se transforme en un sistema de protección estructural y permanente. Consideramos urgente consolidar la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, establecer mecanismos efectivos de control de los precios del alquiler y ampliar de forma ambiciosa el parque público de vivienda social, que en España apenas alcanza el 2,5 %, muy lejos del 9 % de la media europea.

Empobrecimiento material y aislamiento social

La exclusión en Andalucía no se limita al ámbito económico, sino que avanza también sobre las relaciones sociales y la participación comunitaria. La imposibilidad de permitirse calzado adecuado o ropa nueva afecta ya al 10,6 % de la población, mientras que el 17,6 % no puede participar regularmente en actividades de ocio y el 12,8 % no puede reunirse con amigos o familiares al menos una vez al mes.

En total, diez de los quince indicadores de carencia han empeorado en el último año. Estos datos confirman que la crisis de precios está erosionando de forma profunda el bienestar material y relacional de los hogares con menos recursos, con una intensidad muy superior a la capacidad de amortiguación que ofrece el aumento de las rentas.

La feminización de la pobreza sigue siendo una brecha estructural

A la espera del desglose por sexos de la última encuesta, EAPN Andalucía advierte de que la feminización de la pobreza continúa siendo una de las brechas más persistentes de la región. Los datos más recientes disponibles muestran que la pobreza en Andalucía tiene rostro de mujer. En el último ejercicio con información segregada, la tasa AROPE femenina superó en más de tres puntos a la masculina, consolidando la mayor brecha de la última década.

Esta desigualdad no es coyuntural ni puntual. Las mujeres andaluzas registran mayores tasas de riesgo de pobreza y una mayor incidencia de la pobreza severa, lo que evidencia que las formas más extremas y estructurales de exclusión las afectan con mayor intensidad. Desde la red subrayan que cualquier proceso de recuperación será incompleto si no se abordan de manera específica las causas de esta brecha, estrechamente ligadas a la precariedad laboral femenina y a la sobrecarga de los cuidados.

Empleo insuficiente y desigualdad persistente

El empleo continúa sin funcionar como un mecanismo eficaz de protección frente a la pobreza. La Baja Intensidad en el Empleo se mantiene estancada en el 12 %, lo que sitúa a Andalucía un 50 % por encima de la media nacional, que se sitúa en el 8 %. Al mismo tiempo, los niveles de desigualdad apenas registran cambios significativos. El índice S80/S20 alcanza el 5,4 y el índice de Gini se sitúa en 31,2, reflejando una distribución de la renta profundamente desigual.

Las dificultades para llegar a fin de mes siguen siendo una experiencia cotidiana para una parte muy significativa de la población. El 27,7 % de las personas en Andalucía declara llegar a fin de mes con mucha dificultad o con dificultad, mientras que solo el 17,8 % lo hace con facilidad o mucha facilidad, porcentajes sensiblemente peores que los del conjunto del Estado.

La necesidad de respuestas estructurales

Desde EAPN Andalucía insisten en que, aunque las transferencias públicas evitan escenarios aún más graves, el nivel actual de protección social resulta claramente insuficiente para frenar la cronificación de la pobreza. En un año marcado por el calendario electoral, reclamamos que estos datos ocupen un lugar central en el debate público y que las políticas públicas avancen de la mera contención hacia una transformación real.

En este contexto, la Red considera imprescindible situar el Pacto Andaluz contra la Pobreza, recientemente impulsado, como eje vertebrador de las políticas sociales. Este marco debe articular políticas transversales que garanticen condiciones de vida dignas, blindar el gasto social y asegurar que la recuperación llegue de forma efectiva a los hogares con menos recursos. No se trata únicamente de aplicar medidas urgentes o moratorias temporales, sino de convertir los actuales mecanismos de alivio —como los descuentos en suministros o el apoyo a la vivienda— en derechos estructurales y permanentes, que no dependan de acuerdos políticos coyunturales.

“No estamos ante un problema coyuntural. Los datos muestran una pobreza estructural que afecta ya al consumo más básico y a la vida diaria de miles de personas. Andalucía necesita políticas más ambiciosas, con mayor alcance e intensidad, que garanticen condiciones de vida dignas y reduzcan de forma real la desigualdad”, ha concluido Juan Luis Delcán.