enero 2026

EAPN Andalucía se une a sus entidades miembro, EAPN España y a todo el conjunto del Tercer Sector de Acción Social para valorar de forma muy positiva la futura aprobación del Real Decreto que establecerá una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular en España.

Se trata de una medida largamente reclamada por la sociedad civil organizada y respaldada por más de 700.000 firmas a través de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el movimiento Regularización Ya. Su aprobación supone un avance fundamental en la garantía de derechos, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, y pone de manifiesto la capacidad de incidencia del Tercer Sector cuando actúa de forma coordinada.

Desde EAPN Andalucía se subraya que la irregularidad administrativa constituye uno de los principales factores de exclusión social, al limitar gravemente el acceso al empleo con derechos, a la vivienda, a la protección social, a la educación y a la atención sanitaria. Esta situación empuja a miles de personas a la economía informal, a la precariedad laboral y a contextos de inseguridad residencial persistente.

Pobreza, migración y desigualdad estructural

Según el XV Informe El Estado de la Pobreza de EAPN, el 25,8 % de la población en España —más de 12,5 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. En el caso de las personas de nacionalidad extracomunitaria, esta tasa supera el 50 %, más del doble que la registrada entre la población de nacionalidad española.

No obstante, la Red recuerda que la pobreza no es consecuencia del hecho migratorio en sí. De hecho, más del 70 % de las personas en situación de pobreza en España son de nacionalidad española. Las elevadas tasas que afectan a la población migrante responden a barreras estructurales, a la falta de acceso efectivo a derechos y a situaciones de discriminación que condicionan las trayectorias vitales desde etapas tempranas.

En Andalucía, comunidad especialmente expuesta a la pobreza estructural, estas desigualdades se manifiestan con mayor intensidad. La combinación de bajos ingresos, precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda y ausencia de redes de protección suficientes sitúa a muchas personas migrantes en contextos de vulnerabilidad cronificada.

Regularizar para garantizar derechos y cohesión social

La regularización extraordinaria supone una herramienta clave para romper estos ciclos de exclusión. Los datos muestran que el acceso a una situación administrativa regular mejora significativamente las condiciones de vida, reduce el riesgo de pobreza y facilita la integración social y laboral.

Tal y como refleja el informe de EAPN, el riesgo de pobreza o exclusión social se reduce de forma notable entre las personas de origen extracomunitario que han accedido a la nacionalidad española (36,8 %) frente a quienes no la tienen (54 %), lo que evidencia el impacto directo del acceso a derechos en la reducción de la pobreza.

Además, la pobreza se transmite de generación en generación con mayor intensidad en hogares de origen migrante, duplicándose la probabilidad de ser pobre en la edad adulta cuando se ha crecido en contextos de exclusión. Garantizar derechos en el presente es, por tanto, una medida de justicia social intergeneracional.

El presidente de EAPN Andalucía, Juan Luis Delcán, ha destacado que «la regularización extraordinaria es una herramienta de justicia social que permite romper ciclos de exclusión cronificada y mejorar las condiciones de vida de miles de personas que ya forman parte de nuestra sociedad».

Delcán ha añadido que «Andalucía es una de las comunidades donde el impacto de la irregularidad administrativa se traduce con mayor intensidad en pobreza laboral, economía informal e inseguridad residencial, por lo que avanzar en la garantía de derechos no solo beneficia a las personas migrantes, sino que fortalece la cohesión social del conjunto de la ciudadanía».

Migrar es un derecho humano

Desde EAPN Andalucía se recuerda que migrar es un derecho reconocido por los principales instrumentos jurídicos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Abordar la migración desde un enfoque de derechos implica garantizar condiciones materiales de vida dignas: empleo con derechos, vivienda adecuada, protección social, educación, salud y procedimientos administrativos garantistas. Frente a los discursos de estigmatización, racismo y desinformación, nuestra Red insiste en que la regularización extraordinaria contribuye a una sociedad más cohesionada, justa y democrática.

EAPN Andalucía valora este avance como una oportunidad para seguir reforzando políticas públicas estables y estructurales que sitúen la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de la agenda política, desde una perspectiva de derechos humanos y corresponsabilidad social.

EAPN Andalucía se suma al posicionamiento de EAPN España tras el rechazo en el Congreso de los Diputados del real decreto-ley “ómnibus” que prorrogaba diversas medidas de protección social y económica esenciales para 2026 en ámbitos como la vivienda, la pobreza energética, las pensiones, el empleo y la fiscalidad.

La no convalidación de este marco normativo supone la desaparición de instrumentos que, en los últimos años, han contribuido de forma decisiva a amortiguar el impacto de la inflación, el encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral sobre los hogares más vulnerables.

Según los últimos datos disponibles, en España más de 12,5 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa el 25,8% de la población. Aunque algunos indicadores macroeconómicos han mostrado signos de recuperación, esta mejora no se ha traducido de forma homogénea en una reducción de las situaciones de vulnerabilidad, especialmente entre hogares con menores, personas desempleadas de larga duración, familias monomarentales y personas con empleos precarios.

Andalucía, una realidad estructural de mayor vulnerabilidad

En Andalucía, esta situación adquiere una dimensión especialmente grave. La Comunidad continúa situándose de manera persistente entre las regiones con mayores tasas de pobreza y exclusión social del Estado, con un 35,6 % de su población en riesgo de pobreza o exclusión social. Cientos de miles de hogares afrontan dificultades estructurales para cubrir gastos básicos relacionados con la vivienda, la energía, o la alimentación.

La retirada o paralización de medidas como la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, los mecanismos de protección frente a la pobreza energética o la actualización de pensiones y prestaciones sociales incrementa el riesgo de cronificación de la pobreza. Estas políticas no constituyen ayudas excepcionales, sino herramientas esenciales de garantía de derechos en un contexto de desigualdad estructural.

La pobreza no es coyuntural: es una cuestión de derechos

Desde EAPN Andalucía se recuerda que la pobreza y la exclusión social no son fenómenos transitorios ni inevitables, sino el resultado de marcos normativos, decisiones políticas y niveles de inversión pública que condicionan el acceso efectivo a derechos fundamentales. El acceso a una vivienda digna, a unos ingresos suficientes, a suministros básicos o a una protección social adecuada no puede depender de coyunturas políticas ni de acuerdos inestables.

La ausencia de consensos amplios en materia de políticas sociales genera inseguridad jurídica y social, afectando de manera directa a las personas que ya se encuentran en situaciones de mayor fragilidad. En territorios como Andalucía, donde las desigualdades sociales tienen un carácter estructural, la estabilidad normativa y la continuidad de las medidas de protección resultan imprescindibles.

Llamamiento a la responsabilidad institucional

EAPN Andalucía hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que sitúen la protección social y la lucha contra la pobreza como una prioridad estratégica y sostenida en el tiempo. Las políticas destinadas a garantizar derechos básicos deben contar con un amplio respaldo institucional y quedar al margen de dinámicas de confrontación que generan incertidumbre y desprotección.

En este sentido, las entidades de la Red reiteran la necesidad de avanzar hacia marcos estables de compromiso público y social que permitan reforzar el Estado del bienestar, reducir las brechas territoriales y garantizar condiciones de vida dignas para el conjunto de la ciudadanía. La lucha contra la pobreza requiere coherencia, planificación y responsabilidad colectiva, especialmente en un contexto social y económico marcado por la incertidumbre.