marzo 2026

Cada 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, recordamos que la igualdad entre mujeres y hombres no es solo una aspiración simbólica, sino una condición imprescindible para la justicia social. La pobreza y la exclusión social continúan teniendo un claro componente de género y afectan de forma desproporcionada a las mujeres, limitando su autonomía económica, su participación social y el ejercicio pleno de sus derechos.

En Andalucía, esta realidad adquiere una dimensión especialmente preocupante. Los datos del XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía muestran que más de 3 millones de personas —el 35,6 % de la población— se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación impacta con mayor intensidad sobre las mujeres: la tasa AROPE femenina alcanza el 37,3 %, casi cuatro puntos por encima de la masculina. La pobreza severa también mantiene una brecha persistente, reflejando que la desigualdad económica y social continúa reproduciéndose con un marcado sesgo de género.

La feminización de la pobreza no es un fenómeno puntual ni resultado de decisiones individuales. Es la consecuencia de una acumulación de desigualdades estructurales que se producen a lo largo de la vida: menor acceso a empleos estables, mayor presencia en sectores laborales precarizados, interrupciones en las trayectorias laborales vinculadas a los cuidados y menores niveles de protección social. En Andalucía, el desempleo femenino supera el 17 %, más de cuatro puntos por encima del masculino, y más de la mitad de las mujeres ocupadas perciben salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. A ello se suma una elevada presencia en contratos parciales —muchos de ellos involuntarios— y en sectores altamente feminizados como los cuidados, la limpieza, el comercio o la atención domiciliaria, caracterizados por salarios bajos y escaso reconocimiento social.

Estas desigualdades laborales tienen consecuencias directas en las condiciones de vida presentes y futuras de las mujeres. La precariedad se traduce en menores ingresos, mayor inseguridad económica y pensiones más bajas, reforzando un ciclo de vulnerabilidad que se prolonga en el tiempo. Al mismo tiempo, la sobrecarga de los cuidados no remunerados continúa recayendo de forma mayoritaria sobre las mujeres, limitando sus oportunidades de empleo, formación y participación social.

La feminización de la pobreza también tiene una clara dimensión interseccional. Determinados grupos de mujeres se enfrentan a mayores niveles de vulnerabilidad, como las mujeres migrantes, las familias monomarentales, las mujeres jóvenes, las mujeres mayores con trayectorias laborales intermitentes o las mujeres que viven en entornos rurales. En estos casos, las desigualdades se acumulan y se refuerzan mutuamente, generando situaciones de exclusión más profundas y persistentes.

La desigualdad impacta además en la infancia. En Andalucía, casi la mitad de los niños y niñas vive en riesgo de pobreza o exclusión social, una realidad estrechamente vinculada a la precariedad de los hogares y especialmente significativa en aquellos encabezados por mujeres. La pobreza infantil no solo condiciona el presente, sino que compromete las oportunidades futuras y perpetúa los ciclos de desigualdad entre generaciones.

A este contexto se suma el impacto creciente de la crisis de acceso a la vivienda, que afecta de manera particularmente intensa a las mujeres con menores ingresos o con responsabilidades familiares. Las dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible agravan las situaciones de vulnerabilidad económica y social, especialmente en el caso de hogares monomarentales.

Desde EAPN Andalucía, recordamos que la pobreza no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales. Combatir la feminización de la pobreza requiere políticas públicas ambiciosas, sostenidas en el tiempo y con una perspectiva de género transversal.

Por ello, reclamamos:

• La incorporación efectiva de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, especialmente en las estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

• Un sistema integral de garantía de rentas que proteja a las mujeres a lo largo de todo el ciclo vital y reduzca las situaciones de vulnerabilidad económica.

• Medidas reales de corresponsabilidad en los cuidados, junto al refuerzo de los servicios públicos de atención y apoyo a las familias.

• Empleo digno, estable y con derechos, que reduzca la precariedad laboral y cierre las brechas salariales y de participación.

• Políticas que garanticen el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible, especialmente para los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

La igualdad requiere inversión social sostenida, reformas estructurales y voluntad política. Mientras las mujeres sigan soportando mayores tasas de pobreza, mayor precariedad laboral y una carga desigual de los cuidados, no podremos hablar de cohesión social ni de igualdad real.

Este 8M reivindicamos que erradicar la pobreza es también una cuestión feminista, y avanzar hacia la igualdad real es una condición imprescindible para garantizar los derechos, la autonomía y la participación plena de todas las mujeres en la sociedad.