EAPN ANDALUCÍA
El agravamiento de la pobreza y la exclusión social marca la realidad de la provincia de Cádiz.
Las entidades sociales que conforman la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, EAPN-Andalucía, en su grupo provincial de Cádiz, han elaborado un documento de medidas de inclusión social con motivo de las próximas elecciones municipales, para que los partidos políticos incorporen estas propuestas a sus programas electorales de cara al próximo mandato, así como la acción legislativa y de Gobierno.
La preocupación por los datos de la situación de pobreza que vive la provincia de Cádiz ha hecho que las entidades pertenecientes a la red hayan trabajado estas propuestas, que afectan directamente a la población más vulnerable y a la gestión de sus recursos. La erradicación de la pobreza y la exclusión social sólo podrá ser real, trabajando de forma conjunta entre administración y tercer sector, con actuaciones concretas y efectivas, ya que se trata de decisiones que se llevan a cabo desde lo político.
Una de las problemáticas mayores que afecta a la población gaditana es la vivienda, dónde las entidades de EAPN Cádiz recalcan la importancia de promover el alquiler social y una vivienda pública asequible. Esta provincia se ve especialmente afectada por las viviendas con fines turísticos, lo que provoca un descenso de las ofertas y, por tanto, un aumento del precio de los alquileres para la vivienda habitual. Se estima necesaria una regulación del alquiler de las viviendas con estos fines.
Desde las entidades sociales, se demanda la necesidad de un compromiso institucional con la erradicación del sinhogarismo y sus causas, garantizando los derechos básicos a las personas sin hogar. Para ello es imprescindible el incremento sustancial de las plazas de los equipamientos municipales para estas personas, con un criterio de proporcionalidad a la población. Se solicita contar con información contrastada del número de personas sin hogar, a fin de promover el empadronamiento y planificar las medidas a adoptar.
Respecto a educación e infancia, se propone elaborar planes sostenibles y en cooperación con los actores del territorio, para combatir el fracaso escolar; se debe apostar por un aumento de las plazas públicas de formación profesional, ya que el incremento de las plazas privadas, no es la solución para muchas familias.
Un tema de vital importancia para las entidades del tercer sector es el acceso a los servicios sociales y a otras instancias de la administración pública. Es imprescindible reforzar los Procesos Comunitarios, transfiriendo esta metodología a otras zonas, priorizando los distritos más empobrecidos. Urgen estrategias y políticas sociales que combinen la atención asistencial con la intervención integradora y transversal, que contemplen a las personas en su totalidad. Se necesita crear un espacio técnico de cooperación entre las entidades sociales, los ayuntamientos y los servicios dependientes de la administración autonómica.
En demasiados municipios andaluces la inversión pública ha priorizado los centros turísticos en un proceso constante de gentrificación, dedicándose más dinero público a la satisfacción de la experiencia turística para sostener ese sector de la economía, que a revitalizar y modernizar los barrios en los que viven los sectores más pobres de la población. Se requiere una decidida apuesta por programas de convivencia y gestión de la diversidad, que tengan su ámbito de trabajo en los barrios (o unidades análogas) que coadyuven a la generación de tejido social y ciudadanía.
Las entidades sociales necesitan de un sistema de concertación social con aquellas que estén arraigadas en el territorio, transparente y plurianual, que responda a las necesidades y retos identificados conjuntamente en el territorio, con una gestión de subvenciones más eficaz y eficiente, que incentive el trabajo en red.
Trabajar por una ciudadanía inclusiva y diversa, con medidas contra la discriminación por origen étnico, orientación sexual o de género, desarrollando políticas y servicios vinculados a la calidad de “ciudad refugio” y promoviendo planes municipales de salud mental, son otras temáticas que deben ser tenidas en cuenta, dada la importancia que conllevan.
Acercar la voz de las personas más vulnerables a la clase política es uno de los cometidos de las entidades como agentes sociales, evitando así la indefensión ante las administraciones y creando una relación más cercana entre ciudadanía y administración.
