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La Plataforma del Tercer Sector celebró este miércoles en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid su Asamblea General, un encuentro que estuvo marcado por la difícil situación del sector tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el Real Decreto 535/2013 de 12 de julio, por el que se convocaban las subvenciones de régimen general 2015 para el apoyo a gastos de estructura de las organizaciones (distribuidas por la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia y la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad).[su_pullquote align=»right»]La sentencia paraliza, de acuerdo a los datos de la convocatoria de 2014, una partida presupuestaria de aproximadamente 10,5 millones de euros.[/su_pullquote]
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma, destacó el “peligro que corre el Tercer Sector”, ya que la sentencia paraliza, de acuerdo a los datos de la convocatoria de 2014, una partida presupuestaria de aproximadamente 10,5 millones de euros, que deberían ser trasferidos a las organizaciones en lo que queda de año para poder ser ejecutados. Esta situación representa la paradoja, según Sebastián Mora, vicepresidente para la Cohesión y Participación de la Plataforma, de que “las entidades de tipo estatal no podrían (en base al criterio defendido por el Tribunal Supremo en el fallo) pedir ayuda para este tipo de estructuras ni a las Comunidades Autónomas ni al Estado”, y que hace que hoy, “por primera vez en estos años de crisis un gobierno tenga dinero y no pueda, jurídicamente, repartirlo”, afirmó.
Rafael de Lorenzo García, secretario general de la Plataforma, remarcó la “prioridad indiscutible” del equipo jurídico de la Plataforma del Tercer Sector para conseguir “salvar” esta convocatoria de subvenciones, sin olvidar sin embargo que el criterio actual establecido por el Tribunal Supremo (que se basa en la defensa de la exclusividad competencial de las comunidades autónomas en materia de asistencia social) hace prever una próxima decisión en este mismo sentido en cuanto al Real Decreto 536/2013, de 12 de julio, que se refiere a la distribución general del 0,7% del IRPF dedicado a fines sociales (X Solidaria).[su_pullquote align=»right»] “Por primera vez en estos años de crisis un gobierno tenga dinero y no puede, jurídicamente, repartirlo». [/su_pullquote]
Sebastián Mora remarcó en este aspecto “el amplio consenso que existe en el sector” con respecto a dicho sistema de distribución, “que aunque tenga aspectos mejorables, ha representado durante 26 años estructuralmente un sistema de apoyo y coherencia del Tercer Sector y las personas atendidas por el”.
Leopoldo Pérez Suárez, vicepresidente de Sostenibilidad Económica del Tercer Sector, reafirmó este aspecto, señalando que  no sólo es un sistema apoyado por la mayoría de las entidades sociales, sino también por la sociedad, que “año tras año han estado incrementando su apoyo a la X Solidaria”. La recaudación del 0,7% de impuesto sobre las personas físicas que se destina a fines sociales, añadió, “presta servicio a más de 6 millones de personas, cubre las actividades de 430 entidades y de ella dependen directamente 30.000 empleos”. Si este sistema cae, afirmó Pérez, “supondrá para el sector la absoluta catástrofe”.
 
Proyectos de Ley de Tercer Sector de Acción Social y de Voluntariado
Por otro lado, se informó también a los asistentes a la Asamblea del estado de situación de la tramitación parlamentaria de los Proyectos de Ley del Tercer Sector de Acción Social y del Voluntariado, proyectos que el Congreso de los Diputados ha remitido ya al Senado, y para los que la Plataforma ha pedido “un esfuerzo para establecer el mayor consenso posible entre los distintos grupos parlamentarios, que permita la aprobación de ambas leyes antes de la interrupción de las actividad parlamentaria a finales del mes de julio”.