2026

Pese a la ligera mejora de algunos indicadores, Andalucía sigue encabezando la pobreza en España

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La pobreza y la exclusión social continúan siendo un problema estructural en Andalucía, incluso en un contexto de mejora de los ingresos y de leve descenso de algunos indicadores. Así lo confirman los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y analizados por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía).

En 2025, la tasa AROPE —que mide el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social— se sitúa en Andalucía en el 34,7 %, frente al 25,7 % de la media estatal. Aunque el indicador registra una ligera bajada respecto a 2024, cuando alcanzó el 35,6 %, la comunidad mantiene una distancia cercana a los diez puntos con el conjunto del país. Andalucía encabeza, además, cuatro de los cinco principales indicadores de pobreza y exclusión social: AROPE, Riesgo de Pobreza, Carencia Material y Social Severa y Baja Intensidad en el Empleo.

Desde EAPN Andalucía advierten de que esta leve mejoría no puede interpretarse como un cambio de tendencia. “La ligera mejora de algunos datos no puede ocultar la realidad: Andalucía sigue encabezando la pobreza en España y la recuperación no está llegando a una parte muy importante de la población”, ha señalado Juan Luis Delcán, presidente de la Red.

Más ingresos, pero sin mejora real de las condiciones de vida

Los datos de ingresos reflejan un aumento de la renta neta media por persona en Andalucía, que alcanza los 13.079 euros anuales, frente a los 12.191 euros registrados en 2024. También se incrementa la renta media por unidad de consumo, que se sitúa en 19.292 euros. Sin embargo, esta mejora nominal no se traduce en una mejora efectiva de las condiciones de vida de una parte significativa de la población.

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional y la revalorización de las pensiones han contribuido a elevar las rentas medias, pero su impacto ha sido limitado. Según EAPN Andalucía, estas medidas han actuado como un amortiguador que ha evitado escenarios más graves, sin lograr revertir la exclusión estructural que padece la comunidad.

Esta realidad se refleja con claridad en la evolución de la Carencia Material y Social Severa, el indicador que mide la imposibilidad de acceder a bienes y servicios básicos. En Andalucía, este porcentaje aumenta del 10,6 % al 10,9 %, mientras que en el conjunto del Estado desciende hasta el 8,1 %. El dato evidencia una pérdida real de poder adquisitivo, estrechamente vinculada al encarecimiento de la vivienda, la energía y los gastos cotidianos.

La vivienda y el coste de la vida, ejes de la exclusión cronificada

La falta de recursos ha dejado de ser una abstracción estadística para convertirse en un factor que condiciona de forma directa la vida diaria de miles de familias andaluzas. El hogar se consolida como uno de los principales focos de vulnerabilidad. El 18,7 % de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 14,1 % acumula retrasos en el pago del alquiler, la hipoteca o los suministros básicos.

Esta presión económica se traduce en un dato especialmente preocupante: el 46,4 % de la población andaluza no dispone de una red mínima de seguridad y no puede afrontar gastos imprevistos, lo que consolida una situación de vulnerabilidad estructural y prolongada en el tiempo.

Ante este escenario, la vivienda emerge como uno de los principales motores del empobrecimiento en Andalucía. Desde EAPN Andalucía reclamamos que el actual “escudo social” se transforme en un sistema de protección estructural y permanente. Consideramos urgente consolidar la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, establecer mecanismos efectivos de control de los precios del alquiler y ampliar de forma ambiciosa el parque público de vivienda social, que en España apenas alcanza el 2,5 %, muy lejos del 9 % de la media europea.

Empobrecimiento material y aislamiento social

La exclusión en Andalucía no se limita al ámbito económico, sino que avanza también sobre las relaciones sociales y la participación comunitaria. La imposibilidad de permitirse calzado adecuado o ropa nueva afecta ya al 10,6 % de la población, mientras que el 17,6 % no puede participar regularmente en actividades de ocio y el 12,8 % no puede reunirse con amigos o familiares al menos una vez al mes.

En total, diez de los quince indicadores de carencia han empeorado en el último año. Estos datos confirman que la crisis de precios está erosionando de forma profunda el bienestar material y relacional de los hogares con menos recursos, con una intensidad muy superior a la capacidad de amortiguación que ofrece el aumento de las rentas.

La feminización de la pobreza sigue siendo una brecha estructural

A la espera del desglose por sexos de la última encuesta, EAPN Andalucía advierte de que la feminización de la pobreza continúa siendo una de las brechas más persistentes de la región. Los datos más recientes disponibles muestran que la pobreza en Andalucía tiene rostro de mujer. En el último ejercicio con información segregada, la tasa AROPE femenina superó en más de tres puntos a la masculina, consolidando la mayor brecha de la última década.

Esta desigualdad no es coyuntural ni puntual. Las mujeres andaluzas registran mayores tasas de riesgo de pobreza y una mayor incidencia de la pobreza severa, lo que evidencia que las formas más extremas y estructurales de exclusión las afectan con mayor intensidad. Desde la red subrayan que cualquier proceso de recuperación será incompleto si no se abordan de manera específica las causas de esta brecha, estrechamente ligadas a la precariedad laboral femenina y a la sobrecarga de los cuidados.

Empleo insuficiente y desigualdad persistente

El empleo continúa sin funcionar como un mecanismo eficaz de protección frente a la pobreza. La Baja Intensidad en el Empleo se mantiene estancada en el 12 %, lo que sitúa a Andalucía un 50 % por encima de la media nacional, que se sitúa en el 8 %. Al mismo tiempo, los niveles de desigualdad apenas registran cambios significativos. El índice S80/S20 alcanza el 5,4 y el índice de Gini se sitúa en 31,2, reflejando una distribución de la renta profundamente desigual.

Las dificultades para llegar a fin de mes siguen siendo una experiencia cotidiana para una parte muy significativa de la población. El 27,7 % de las personas en Andalucía declara llegar a fin de mes con mucha dificultad o con dificultad, mientras que solo el 17,8 % lo hace con facilidad o mucha facilidad, porcentajes sensiblemente peores que los del conjunto del Estado.

La necesidad de respuestas estructurales

Desde EAPN Andalucía insisten en que, aunque las transferencias públicas evitan escenarios aún más graves, el nivel actual de protección social resulta claramente insuficiente para frenar la cronificación de la pobreza. En un año marcado por el calendario electoral, reclamamos que estos datos ocupen un lugar central en el debate público y que las políticas públicas avancen de la mera contención hacia una transformación real.

En este contexto, la Red considera imprescindible situar el Pacto Andaluz contra la Pobreza, recientemente impulsado, como eje vertebrador de las políticas sociales. Este marco debe articular políticas transversales que garanticen condiciones de vida dignas, blindar el gasto social y asegurar que la recuperación llegue de forma efectiva a los hogares con menos recursos. No se trata únicamente de aplicar medidas urgentes o moratorias temporales, sino de convertir los actuales mecanismos de alivio —como los descuentos en suministros o el apoyo a la vivienda— en derechos estructurales y permanentes, que no dependan de acuerdos políticos coyunturales.

No estamos ante un problema coyuntural. Los datos muestran una pobreza estructural que afecta ya al consumo más básico y a la vida diaria de miles de personas. Andalucía necesita políticas más ambiciosas, con mayor alcance e intensidad, que garanticen condiciones de vida dignas y reduzcan de forma real la desigualdad, ha concluido Juan Luis Delcán.

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EAPN Andalucía celebra la aprobación de la regularización extraordinaria de personas migrantes como medida clave para garantizar derechos y combatir la pobreza

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EAPN Andalucía se une a sus entidades miembro, EAPN España y a todo el conjunto del Tercer Sector de Acción Social para valorar de forma muy positiva la futura aprobación del Real Decreto que establecerá una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular en España.

Se trata de una medida largamente reclamada por la sociedad civil organizada y respaldada por más de 700.000 firmas a través de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el movimiento Regularización Ya. Su aprobación supone un avance fundamental en la garantía de derechos, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, y pone de manifiesto la capacidad de incidencia del Tercer Sector cuando actúa de forma coordinada.

Desde EAPN Andalucía se subraya que la irregularidad administrativa constituye uno de los principales factores de exclusión social, al limitar gravemente el acceso al empleo con derechos, a la vivienda, a la protección social, a la educación y a la atención sanitaria. Esta situación empuja a miles de personas a la economía informal, a la precariedad laboral y a contextos de inseguridad residencial persistente.

Pobreza, migración y desigualdad estructural

Según el XV Informe El Estado de la Pobreza de EAPN, el 25,8 % de la población en España —más de 12,5 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. En el caso de las personas de nacionalidad extracomunitaria, esta tasa supera el 50 %, más del doble que la registrada entre la población de nacionalidad española.

No obstante, la Red recuerda que la pobreza no es consecuencia del hecho migratorio en sí. De hecho, más del 70 % de las personas en situación de pobreza en España son de nacionalidad española. Las elevadas tasas que afectan a la población migrante responden a barreras estructurales, a la falta de acceso efectivo a derechos y a situaciones de discriminación que condicionan las trayectorias vitales desde etapas tempranas.

En Andalucía, comunidad especialmente expuesta a la pobreza estructural, estas desigualdades se manifiestan con mayor intensidad. La combinación de bajos ingresos, precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda y ausencia de redes de protección suficientes sitúa a muchas personas migrantes en contextos de vulnerabilidad cronificada.

Regularizar para garantizar derechos y cohesión social

La regularización extraordinaria supone una herramienta clave para romper estos ciclos de exclusión. Los datos muestran que el acceso a una situación administrativa regular mejora significativamente las condiciones de vida, reduce el riesgo de pobreza y facilita la integración social y laboral.

Tal y como refleja el informe de EAPN, el riesgo de pobreza o exclusión social se reduce de forma notable entre las personas de origen extracomunitario que han accedido a la nacionalidad española (36,8 %) frente a quienes no la tienen (54 %), lo que evidencia el impacto directo del acceso a derechos en la reducción de la pobreza.

Además, la pobreza se transmite de generación en generación con mayor intensidad en hogares de origen migrante, duplicándose la probabilidad de ser pobre en la edad adulta cuando se ha crecido en contextos de exclusión. Garantizar derechos en el presente es, por tanto, una medida de justicia social intergeneracional.

El presidente de EAPN Andalucía, Juan Luis Delcán, ha destacado que «la regularización extraordinaria es una herramienta de justicia social que permite romper ciclos de exclusión cronificada y mejorar las condiciones de vida de miles de personas que ya forman parte de nuestra sociedad».

Delcán ha añadido que «Andalucía es una de las comunidades donde el impacto de la irregularidad administrativa se traduce con mayor intensidad en pobreza laboral, economía informal e inseguridad residencial, por lo que avanzar en la garantía de derechos no solo beneficia a las personas migrantes, sino que fortalece la cohesión social del conjunto de la ciudadanía».

Migrar es un derecho humano

Desde EAPN Andalucía se recuerda que migrar es un derecho reconocido por los principales instrumentos jurídicos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Abordar la migración desde un enfoque de derechos implica garantizar condiciones materiales de vida dignas: empleo con derechos, vivienda adecuada, protección social, educación, salud y procedimientos administrativos garantistas. Frente a los discursos de estigmatización, racismo y desinformación, nuestra Red insiste en que la regularización extraordinaria contribuye a una sociedad más cohesionada, justa y democrática.

EAPN Andalucía valora este avance como una oportunidad para seguir reforzando políticas públicas estables y estructurales que sitúen la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de la agenda política, desde una perspectiva de derechos humanos y corresponsabilidad social.

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EAPN Andalucía se suma a la preocupación por la caída de medidas clave de protección social tras el rechazo del real decreto-ley ómnibus

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EAPN Andalucía se suma al posicionamiento de EAPN España tras el rechazo en el Congreso de los Diputados del real decreto-ley “ómnibus” que prorrogaba diversas medidas de protección social y económica esenciales para 2026 en ámbitos como la vivienda, la pobreza energética, las pensiones, el empleo y la fiscalidad.

La no convalidación de este marco normativo supone la desaparición de instrumentos que, en los últimos años, han contribuido de forma decisiva a amortiguar el impacto de la inflación, el encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral sobre los hogares más vulnerables.

Según los últimos datos disponibles, en España más de 12,5 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa el 25,8% de la población. Aunque algunos indicadores macroeconómicos han mostrado signos de recuperación, esta mejora no se ha traducido de forma homogénea en una reducción de las situaciones de vulnerabilidad, especialmente entre hogares con menores, personas desempleadas de larga duración, familias monomarentales y personas con empleos precarios.

Andalucía, una realidad estructural de mayor vulnerabilidad

En Andalucía, esta situación adquiere una dimensión especialmente grave. La Comunidad continúa situándose de manera persistente entre las regiones con mayores tasas de pobreza y exclusión social del Estado, con un 35,6 % de su población en riesgo de pobreza o exclusión social. Cientos de miles de hogares afrontan dificultades estructurales para cubrir gastos básicos relacionados con la vivienda, la energía, o la alimentación.

La retirada o paralización de medidas como la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, los mecanismos de protección frente a la pobreza energética o la actualización de pensiones y prestaciones sociales incrementa el riesgo de cronificación de la pobreza. Estas políticas no constituyen ayudas excepcionales, sino herramientas esenciales de garantía de derechos en un contexto de desigualdad estructural.

La pobreza no es coyuntural: es una cuestión de derechos

Desde EAPN Andalucía se recuerda que la pobreza y la exclusión social no son fenómenos transitorios ni inevitables, sino el resultado de marcos normativos, decisiones políticas y niveles de inversión pública que condicionan el acceso efectivo a derechos fundamentales. El acceso a una vivienda digna, a unos ingresos suficientes, a suministros básicos o a una protección social adecuada no puede depender de coyunturas políticas ni de acuerdos inestables.

La ausencia de consensos amplios en materia de políticas sociales genera inseguridad jurídica y social, afectando de manera directa a las personas que ya se encuentran en situaciones de mayor fragilidad. En territorios como Andalucía, donde las desigualdades sociales tienen un carácter estructural, la estabilidad normativa y la continuidad de las medidas de protección resultan imprescindibles.

Llamamiento a la responsabilidad institucional

EAPN Andalucía hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que sitúen la protección social y la lucha contra la pobreza como una prioridad estratégica y sostenida en el tiempo. Las políticas destinadas a garantizar derechos básicos deben contar con un amplio respaldo institucional y quedar al margen de dinámicas de confrontación que generan incertidumbre y desprotección.

En este sentido, las entidades de la Red reiteran la necesidad de avanzar hacia marcos estables de compromiso público y social que permitan reforzar el Estado del bienestar, reducir las brechas territoriales y garantizar condiciones de vida dignas para el conjunto de la ciudadanía. La lucha contra la pobreza requiere coherencia, planificación y responsabilidad colectiva, especialmente en un contexto social y económico marcado por la incertidumbre.

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La educación como motor para erradicar la pobreza infantil en Andalucía

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En el marco del Día Mundial de la Educación, celebrado cada 24 de enero, desde EAPN Andalucía reafirmamos el papel de la enseñanza como un derecho fundamental y la herramienta más eficaz para combatir la exclusión social. La desigualdad educativa no es un fenómeno aislado, sino un factor determinante que perpetúa la vulnerabilidad económica en Andalucía, afectando de manera desproporcionada a las generaciones más jóvenes.

El impacto del abandono escolar temprano en el empleo digno

Los datos del XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía 2025 revelan una realidad preocupante: el 15,5 % de los jóvenes andaluces abandona sus estudios de forma prematura. Esta cifra sitúa a Andalucía más de dos puntos por encima de la media estatal, que se registra en un 12,98 %. Esta brecha educativa genera barreras estructurales que impiden a la juventud acceder a un empleo digno, limitando sus oportunidades de futuro y alimentando un ciclo de desigualdad difícil de romper sin políticas públicas contundentes.

Radiografía de la pobreza infantil y la exclusión social en 2024

La relación entre la falta de formación y la precariedad económica es directa y se refleja con crudeza en las estadísticas de pobreza infantil. Aunque el indicador AROPE muestra una evolución positiva con descensos generalizados en todos los grupos de edad, la infancia y la adolescencia siguen siendo los sectores más castigados. En 2024, la tasa de pobreza en menores se redujo hasta el 40,5 %, pero sigue siendo la más alta de todos los tramos de edad.

La vulnerabilidad es especialmente visible en la infancia, donde la tasa AROPE alcanza el 44,9 % en los menores de 18 años. Al observar la estructura de los hogares, la diferencia es demoledora: la tasa de pobreza en hogares con menores a cargo es del 37,5 %, lo que supone una brecha de 17,4 puntos porcentuales respecto a los hogares donde no viven niños o adolescentes. Esta «penalización» por tener hijos demuestra que el sistema actual no protege suficientemente a las familias en su etapa de mayor necesidad.

Hacia una Andalucía más justa a través de la educación inclusiva

El informe destaca que la pobreza severa también prevalece en los más pequeños, alcanzando al 20,6 % de los niños, niñas y adolescentes, una cifra que contrasta con el 8,8 % registrado en los mayores de 65 años. Si bien la carencia material y social severa ha mejorado en el último año, bajando al 13,1 % en el segmento infantil, la persistencia de estas desigualdades exige una respuesta integral que combine el apoyo económico directo con una educación pública, inclusiva y equitativa.

EAPN Andalucía trabaja junto a las entidades miembro para visibilizar que, sin una inversión real en el sistema educativo, no es posible alcanzar la justicia social. Reducir la brecha educativa y asegurar la permanencia de los jóvenes en las aulas es la única vía para garantizar que nadie quede atrás. La igualdad de oportunidades debe garantizar que el lugar de nacimiento o los ingresos familiares no determinen el éxito académico y desarrollo educativo y profesional de los hijos.

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