2026

EAPN Andalucía se suma al posicionamiento de EAPN España tras el rechazo en el Congreso de los Diputados del real decreto-ley “ómnibus” que prorrogaba diversas medidas de protección social y económica esenciales para 2026 en ámbitos como la vivienda, la pobreza energética, las pensiones, el empleo y la fiscalidad.

La no convalidación de este marco normativo supone la desaparición de instrumentos que, en los últimos años, han contribuido de forma decisiva a amortiguar el impacto de la inflación, el encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral sobre los hogares más vulnerables.

Según los últimos datos disponibles, en España más de 12,5 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa el 25,8% de la población. Aunque algunos indicadores macroeconómicos han mostrado signos de recuperación, esta mejora no se ha traducido de forma homogénea en una reducción de las situaciones de vulnerabilidad, especialmente entre hogares con menores, personas desempleadas de larga duración, familias monomarentales y personas con empleos precarios.

Andalucía, una realidad estructural de mayor vulnerabilidad

En Andalucía, esta situación adquiere una dimensión especialmente grave. La Comunidad continúa situándose de manera persistente entre las regiones con mayores tasas de pobreza y exclusión social del Estado, con un 35,6 % de su población en riesgo de pobreza o exclusión social. Cientos de miles de hogares afrontan dificultades estructurales para cubrir gastos básicos relacionados con la vivienda, la energía, o la alimentación.

La retirada o paralización de medidas como la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, los mecanismos de protección frente a la pobreza energética o la actualización de pensiones y prestaciones sociales incrementa el riesgo de cronificación de la pobreza. Estas políticas no constituyen ayudas excepcionales, sino herramientas esenciales de garantía de derechos en un contexto de desigualdad estructural.

La pobreza no es coyuntural: es una cuestión de derechos

Desde EAPN Andalucía se recuerda que la pobreza y la exclusión social no son fenómenos transitorios ni inevitables, sino el resultado de marcos normativos, decisiones políticas y niveles de inversión pública que condicionan el acceso efectivo a derechos fundamentales. El acceso a una vivienda digna, a unos ingresos suficientes, a suministros básicos o a una protección social adecuada no puede depender de coyunturas políticas ni de acuerdos inestables.

La ausencia de consensos amplios en materia de políticas sociales genera inseguridad jurídica y social, afectando de manera directa a las personas que ya se encuentran en situaciones de mayor fragilidad. En territorios como Andalucía, donde las desigualdades sociales tienen un carácter estructural, la estabilidad normativa y la continuidad de las medidas de protección resultan imprescindibles.

Llamamiento a la responsabilidad institucional

EAPN Andalucía hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que sitúen la protección social y la lucha contra la pobreza como una prioridad estratégica y sostenida en el tiempo. Las políticas destinadas a garantizar derechos básicos deben contar con un amplio respaldo institucional y quedar al margen de dinámicas de confrontación que generan incertidumbre y desprotección.

En este sentido, las entidades de la Red reiteran la necesidad de avanzar hacia marcos estables de compromiso público y social que permitan reforzar el Estado del bienestar, reducir las brechas territoriales y garantizar condiciones de vida dignas para el conjunto de la ciudadanía. La lucha contra la pobreza requiere coherencia, planificación y responsabilidad colectiva, especialmente en un contexto social y económico marcado por la incertidumbre.