Ante la intención del Gobierno de llevar este martes, 29 de septiembre, al Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto-ley en materia de vivienda, desde la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social reclamamos que esta oportunidad legislativa se traduzca en una protección efectiva para las personas y familias que afrontan mayores dificultades para acceder y mantenerse en una vivienda.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de vulnerabilidad y empobrecimiento en Andalucía. Los datos disponibles muestran que las dificultades para acceder a una vivienda adecuada y asumir su coste afectan especialmente a quienes cuentan con menos recursos.
Según el XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía de EAPN Andalucía, el 30,1 % de los ingresos de las personas en situación de pobreza se destinaba a gastos de vivienda, frente al 16,7 % del conjunto de la población andaluza.
La situación es especialmente preocupante entre quienes viven de alquiler a precio de mercado. El 45,8 % de estas personas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), frente al 31,8 % de quienes viven en una vivienda en propiedad. Además, la pobreza severa alcanza al 19,5 % de las personas que viven de alquiler a precio de mercado, frente al 10 % entre quienes viven en propiedad.
Estos datos evidencian que la vivienda no puede abordarse únicamente como una cuestión de acceso. Para una parte importante de la población, el coste de mantener un hogar constituye un factor directo de pobreza, sobreesfuerzo y exclusión social.
Medidas urgentes ante una situación estructural
Desde EAPN Andalucía consideramos necesario que cualquier nueva medida en materia de vivienda responda a las necesidades de las personas y familias que afrontan situaciones de mayor vulnerabilidad.
Entre las medidas que consideramos prioritarias se encuentran:
- Reforzar la protección frente a los desahucios cuando las personas o familias se encuentren en situación de vulnerabilidad y no exista una alternativa habitacional adecuada.
- Adoptar mecanismos que permitan contener temporalmente el crecimiento de los precios del alquiler y reducir el sobreesfuerzo residencial.
- Mejorar la estabilidad de los contratos de alquiler y reforzar la protección frente a la expulsión residencial.
- Incrementar de manera sostenida la disponibilidad de vivienda pública, social y asequible.
- Garantizar el acceso a los suministros básicos y prevenir situaciones de pobreza energética.
- Abordar el sinhogarismo, la infravivienda y otras formas de exclusión residencial desde una perspectiva integral.
La situación requiere, además, respuestas que vayan más allá de medidas extraordinarias. Un problema estructural como el acceso a una vivienda adecuada necesita políticas públicas estables, coordinadas, evaluables y dotadas de recursos suficientes.
En 2024, el 16 % de la población andaluza registraba retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal y el 20,2 % no podía mantener su hogar a una temperatura adecuada. Estos indicadores muestran que las dificultades relacionadas con la vivienda afectan también a la capacidad de los hogares para cubrir otras necesidades básicas.
La vivienda, una prioridad del Pacto Andaluz contra la Pobreza
Para EAPN Andalucía, garantizar el derecho a la vivienda debe formar parte de cualquier estrategia integral de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por ello, el Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social, impulsado por EAPN Andalucía, sitúa la vivienda entre sus ámbitos prioritarios de actuación y plantea objetivos orientados a avanzar hacia un modelo residencial más asequible, estable y accesible.
El Pacto recoge propuestas para ampliar los parques de vivienda pública, social y asequible; reducir el sobreesfuerzo de los hogares; combatir el sinhogarismo y las situaciones de infravivienda; y garantizar el acceso a los suministros básicos.
Estas propuestas parten de una premisa fundamental: la vivienda es un derecho y una condición necesaria para el ejercicio efectivo de otros derechos.
Garantizar el acceso y también la permanencia
Desde EAPN Andalucía consideramos que las políticas públicas deben garantizar no solo que las personas puedan acceder a una vivienda, sino también que puedan permanecer en ella en condiciones adecuadas y sin que su coste comprometa el acceso a otras necesidades básicas.
La pérdida de la vivienda puede suponer mucho más que la pérdida de un espacio físico. Puede implicar la ruptura de redes familiares, sociales, educativas, laborales y de cuidados, y profundizar procesos de pobreza y exclusión que ya afectan a los hogares.
Por ello, reclamamos que las decisiones que se adopten en materia de vivienda sitúen en el centro a las personas y familias con menores recursos y que los compromisos políticos se traduzcan en medidas concretas, sostenidas y dotadas de los recursos necesarios.
Garantizar el derecho a la vivienda significa garantizar tanto el acceso como la posibilidad de permanecer en un hogar adecuado y seguro.
EAPN Andalucía seguirá aportando el conocimiento y la experiencia de sus entidades para contribuir al diseño y desarrollo de políticas públicas que permitan avanzar hacia una Andalucía en la que ninguna persona tenga que elegir entre mantener su vivienda y cubrir otras necesidades básicas.
Comentarios recientes