El informe presentado ayer por EAPN-A, denominado Crónica de una crisis crónica, evidencia la frágil radiografía de una comunidad autónoma, la andaluza, que un año más arroja unas cifras de pobreza injustas e indeseables.
La celebración hoy del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre, sirve para poner de manifiesto que a la Estrategia 2020, a punto de finalizar, le queda aún pendiente un arduo recorrido para lograr sus objetivos. El compromiso de sacar de la pobreza en España a cerca de 1,5 millones de personas queda desdibujado ante las cifras que indican que, tras diez años de crisis desde 2008, en Andalucía existe hoy medio millón más de personas que hace una década en situación de pobreza y exclusión social.
Preocupan los rostros múltiples de la pobreza en Andalucía, pero de forma especial aquella que presenta un carácter endémico. En 2018, un 37,3% de la población andaluza, lo que equivale a más de 3 millones de personas, se encuentra en situación de pobreza y exclusión.
La pobreza se democratiza y ahora afecta también a quienes tienen un empleo, pero ya existía antes de la irrupción de la crisis. Para erradicarla hay que pensar en las lógicas de las políticas intergeneracionales, así como en la redistribución de la riqueza que garantice derechos a las personas, más allá del asistencialismo.
Una voluntad política, clara y decidida, que comprometa legislaciones, planes y programas en pos de una igualdad de oportunidades por y para la ciudadanía, en especial para las personas más vulnerables, es quizás el reto más importante al que ha de hacerse frente en estos tiempos de crisis cronificada.
Ante las próximas elecciones autonómicas, EAPN-A apuesta por un cambio en las políticas activas de inclusión, por un aumento de la inversión social que acerque a la comunidad a los objetivos fijados por la UE y, al mismo tiempo, la aleje de los primeros puestos de ese lacerante ranking de pobreza reflejado por el informe. Pero, sobre todo, apuesta por un cambio de voluntades políticas a todos los niveles dentro y fuera del Parlamento de Andalucía, que redunde en un nuevo paradigma social y económico en nuestra comunidad autónoma.