EAPN Andalucía se une a sus entidades miembro, EAPN España y a todo el conjunto del Tercer Sector de Acción Social para valorar de forma muy positiva la futura aprobación del Real Decreto que establecerá una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular en España.

Se trata de una medida largamente reclamada por la sociedad civil organizada y respaldada por más de 700.000 firmas a través de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el movimiento Regularización Ya. Su aprobación supone un avance fundamental en la garantía de derechos, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, y pone de manifiesto la capacidad de incidencia del Tercer Sector cuando actúa de forma coordinada.

Desde EAPN Andalucía se subraya que la irregularidad administrativa constituye uno de los principales factores de exclusión social, al limitar gravemente el acceso al empleo con derechos, a la vivienda, a la protección social, a la educación y a la atención sanitaria. Esta situación empuja a miles de personas a la economía informal, a la precariedad laboral y a contextos de inseguridad residencial persistente.

Pobreza, migración y desigualdad estructural

Según el XV Informe El Estado de la Pobreza de EAPN, el 25,8 % de la población en España —más de 12,5 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. En el caso de las personas de nacionalidad extracomunitaria, esta tasa supera el 50 %, más del doble que la registrada entre la población de nacionalidad española.

No obstante, la Red recuerda que la pobreza no es consecuencia del hecho migratorio en sí. De hecho, más del 70 % de las personas en situación de pobreza en España son de nacionalidad española. Las elevadas tasas que afectan a la población migrante responden a barreras estructurales, a la falta de acceso efectivo a derechos y a situaciones de discriminación que condicionan las trayectorias vitales desde etapas tempranas.

En Andalucía, comunidad especialmente expuesta a la pobreza estructural, estas desigualdades se manifiestan con mayor intensidad. La combinación de bajos ingresos, precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda y ausencia de redes de protección suficientes sitúa a muchas personas migrantes en contextos de vulnerabilidad cronificada.

Regularizar para garantizar derechos y cohesión social

La regularización extraordinaria supone una herramienta clave para romper estos ciclos de exclusión. Los datos muestran que el acceso a una situación administrativa regular mejora significativamente las condiciones de vida, reduce el riesgo de pobreza y facilita la integración social y laboral.

Tal y como refleja el informe de EAPN, el riesgo de pobreza o exclusión social se reduce de forma notable entre las personas de origen extracomunitario que han accedido a la nacionalidad española (36,8 %) frente a quienes no la tienen (54 %), lo que evidencia el impacto directo del acceso a derechos en la reducción de la pobreza.

Además, la pobreza se transmite de generación en generación con mayor intensidad en hogares de origen migrante, duplicándose la probabilidad de ser pobre en la edad adulta cuando se ha crecido en contextos de exclusión. Garantizar derechos en el presente es, por tanto, una medida de justicia social intergeneracional.

El presidente de EAPN Andalucía, Juan Luis Delcán, ha destacado que «la regularización extraordinaria es una herramienta de justicia social que permite romper ciclos de exclusión cronificada y mejorar las condiciones de vida de miles de personas que ya forman parte de nuestra sociedad».

Delcán ha añadido que «Andalucía es una de las comunidades donde el impacto de la irregularidad administrativa se traduce con mayor intensidad en pobreza laboral, economía informal e inseguridad residencial, por lo que avanzar en la garantía de derechos no solo beneficia a las personas migrantes, sino que fortalece la cohesión social del conjunto de la ciudadanía».

Migrar es un derecho humano

Desde EAPN Andalucía se recuerda que migrar es un derecho reconocido por los principales instrumentos jurídicos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Abordar la migración desde un enfoque de derechos implica garantizar condiciones materiales de vida dignas: empleo con derechos, vivienda adecuada, protección social, educación, salud y procedimientos administrativos garantistas. Frente a los discursos de estigmatización, racismo y desinformación, nuestra Red insiste en que la regularización extraordinaria contribuye a una sociedad más cohesionada, justa y democrática.

EAPN Andalucía valora este avance como una oportunidad para seguir reforzando políticas públicas estables y estructurales que sitúen la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de la agenda política, desde una perspectiva de derechos humanos y corresponsabilidad social.

EAPN Andalucía se suma al posicionamiento de EAPN España tras el rechazo en el Congreso de los Diputados del real decreto-ley “ómnibus” que prorrogaba diversas medidas de protección social y económica esenciales para 2026 en ámbitos como la vivienda, la pobreza energética, las pensiones, el empleo y la fiscalidad.

La no convalidación de este marco normativo supone la desaparición de instrumentos que, en los últimos años, han contribuido de forma decisiva a amortiguar el impacto de la inflación, el encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral sobre los hogares más vulnerables.

Según los últimos datos disponibles, en España más de 12,5 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa el 25,8% de la población. Aunque algunos indicadores macroeconómicos han mostrado signos de recuperación, esta mejora no se ha traducido de forma homogénea en una reducción de las situaciones de vulnerabilidad, especialmente entre hogares con menores, personas desempleadas de larga duración, familias monomarentales y personas con empleos precarios.

Andalucía, una realidad estructural de mayor vulnerabilidad

En Andalucía, esta situación adquiere una dimensión especialmente grave. La Comunidad continúa situándose de manera persistente entre las regiones con mayores tasas de pobreza y exclusión social del Estado, con un 35,6 % de su población en riesgo de pobreza o exclusión social. Cientos de miles de hogares afrontan dificultades estructurales para cubrir gastos básicos relacionados con la vivienda, la energía, o la alimentación.

La retirada o paralización de medidas como la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, los mecanismos de protección frente a la pobreza energética o la actualización de pensiones y prestaciones sociales incrementa el riesgo de cronificación de la pobreza. Estas políticas no constituyen ayudas excepcionales, sino herramientas esenciales de garantía de derechos en un contexto de desigualdad estructural.

La pobreza no es coyuntural: es una cuestión de derechos

Desde EAPN Andalucía se recuerda que la pobreza y la exclusión social no son fenómenos transitorios ni inevitables, sino el resultado de marcos normativos, decisiones políticas y niveles de inversión pública que condicionan el acceso efectivo a derechos fundamentales. El acceso a una vivienda digna, a unos ingresos suficientes, a suministros básicos o a una protección social adecuada no puede depender de coyunturas políticas ni de acuerdos inestables.

La ausencia de consensos amplios en materia de políticas sociales genera inseguridad jurídica y social, afectando de manera directa a las personas que ya se encuentran en situaciones de mayor fragilidad. En territorios como Andalucía, donde las desigualdades sociales tienen un carácter estructural, la estabilidad normativa y la continuidad de las medidas de protección resultan imprescindibles.

Llamamiento a la responsabilidad institucional

EAPN Andalucía hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que sitúen la protección social y la lucha contra la pobreza como una prioridad estratégica y sostenida en el tiempo. Las políticas destinadas a garantizar derechos básicos deben contar con un amplio respaldo institucional y quedar al margen de dinámicas de confrontación que generan incertidumbre y desprotección.

En este sentido, las entidades de la Red reiteran la necesidad de avanzar hacia marcos estables de compromiso público y social que permitan reforzar el Estado del bienestar, reducir las brechas territoriales y garantizar condiciones de vida dignas para el conjunto de la ciudadanía. La lucha contra la pobreza requiere coherencia, planificación y responsabilidad colectiva, especialmente en un contexto social y económico marcado por la incertidumbre.

Reunidas el día 6 de abril de 2022, las entidades sociales que conforman la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, EAPN-Andalucía, manifiestan su preocupación por la agravante situación de desigualdad de pobreza y exclusión social en toda España y Andalucía, comunidad especialmente castigada por la crisis socioeconómica actual, ya que lastra una situación de marcada desventaja, situándose desde hace años entre las tres regiones con mayores tasas de Pobreza.

El impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19, sumado a las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, han producido una crisis económica y social, cuyo efecto más inmediato es el incremento de la inflación. Las personas mas vulnerables se enfrentan a numerosas dificultades entre las que se encuentran el encarecimiento de los recursos básicos como la alimentación, los suministros, etc.

Después de dos años sufriendo las consecuencias de la crisis socio-sanitaria, seguimos sin tener atisbos de recuperación económica, con un agravamiento de la pobreza y exclusión social, siendo los procesos de inclusión social cada vez más complicados.

Las entidades sociales están jugando un papel fundamental en la lucha contra las situaciones de vulnerabilidad de la actual crisis socioeconómica, apostando por reducir las desigualdades sociales y enfrentándose a la incertidumbre continua en la que estamos inmersos. Por todo esto, solicitamos estrategias y políticas sociales con menor carácter asistencialista y más integradoras y transversales, que contemplen a las personas en su totalidad, de manera que puedan realizarse intervenciones transformadoras, tan necesarias en los tiempos que vivimos. Por todo ello, esperamos y reivindicamos que la situación de exclusión que viven muchas personas y familias en Andalucía sea una prioridad en los compromisos que asuman los partidos cara a la próxima legislatura en Andalucía.

Desde EAPN Andalucía instamos a la Unión Europea y a los dirigentes de los Estados miembro que la componen a acordar medidas preventivas y organizativas para hacer frente a las situaciones derivadas de los conflictos, recordando que hoy en día existen en el mundo 51 en activo como la guerra en Ucrania, en la que millones de personas se han visto obligadas a salir de su país en la más absoluta situación de incertidumbre, siendo fundamental hacer frente a estas situaciones de exilio y otorgar de un refugio digno a tantas familias que lo necesitan. Las consecuencias para las personas de estos conflictos bélicos afectan a largo plazo, no sólo en Ucrania, sino en toda Europa. Esta guerra, como todas, solo genera muerte, miseria y odio que recordarán generaciones venideras. Por ello, todas las entidades que conforman la red andaluza de lucha contra la pobreza condenan estas guerras y se solidarizan con las víctimas recordando a los gobiernos que todas las víctimas de todos los conflictos merecen, por igual, la solidaridad de los pueblos y la protección de los gobiernos.

Desde EAPN Andalucía, nos unimos al Manifiesto de CCOO y UGT por el control de precios de la energía.

MANIFIESTO

La sociedad española vive con una profunda preocupación y gran malestar la escalada desbocada de los precios que desde hace meses sufrimos en nuestro país. El pasado mes de febrero la inflación alcanzó una nueva cifra histórica situándose en el 7,6%, su nivel más alto desde 1986. La tensión de los precios de la electricidad, gas, los carburantes y otras materias primas se está trasladando al precio del resto de bienes y servicios que ya suben de forma generalizada. Las perspectivas no son buenas. Toca actuar con celeridad.

El deterioro de las condiciones de vida de familias y personas trabajadoras y consumidoras, del tejido productivo, y del conjunto de la ciudadanía, es muy palpable. Mes a mes las facturas de la luz, la calefacción, la gasolina, los alimentos, la vivienda o el transporte aumentan y detraen cada vez más y más recursos.

El conjunto de la sociedad está sufriendo esta situación, pero es la población más vulnerable, la que no llega a fin de mes o lo hace con dificultades, quienes la padecen de forma más cruel. La desigualdad y la pobreza eran problemas urgentes antes de que se iniciara esta escalada de los precios. En esta situación, estos problemas, que tienen rostro, que tienen nombres y apellidos, deben abordarse de manera inaplazable.

Al mismo tiempo, mientras el oligopolio de las empresas multinacionales energéticas saca tajada en este escenario, y obtiene beneficios históricos, millones de consumidores y consumidoras y personas usuarias, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas y de autónomos y autónomas, o los sectores productivos de alto consumo energético, se están viendo perjudicados por este aumento disparatado de los precios.

Todo hace prever que la injustificable guerra iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania tendrá como consecuencia una aceleración de la inflación que pone en riesgo el acceso a bienes y servicios esenciales, la recuperación económica y la creación de empleo intensificando los problemas de desigualdad y pobreza.

Ante este escenario es urgente que el Gobierno de España y la Unión Europea actúen de forma contundente. Tienen la obligación de desplegar todas las iniciativas que sean necesarias para poner fin a esta escalada de los precios, para atajar comportamientos especulativos y para proteger y dar seguridad al conjunto de la ciudadanía.

Las organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto exigimos a las autoridades públicas que:

Cambien el irracional sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, controlando alzas desmesuradas, y topen el precio máximo del MWh en la subasta, porque no puede ser que los precios del gas marquen el precio de la electricidad que se genera a través de otras tecnologías más baratas.

Pongan fin a los beneficios extraordinarios y abusivos de las empresas eléctricas y de hidrocarburos que venden productos a precios de futuras materias almacenadas y aprueben medidas contra la especulación de los precios de los productos básicos, porque mientras la gran mayoría sufrimos esta situación no puede ser que haya quien saca tajada de la desgracia.

Aceleren las inversiones para reducir la dependencia energética externa y fomenten el uso del transporte público, porque necesitamos ganar autonomía estratégica en el ámbito energético.

Protejan a la ciudadanía y las familias, la solidaridad es la base del modelo social europeo, que debemos cuidar y extender.

Apoyen a los sectores productivos que más energía consumen, porque debemos proteger nuestra industria, nuestra agricultura y ganadería, nuestra pesca, o el papel vertebrador del transporte en toda la cadena de valor de la actividad económica, y los empleos que generan, que han demostrado ser, entre otros, unos sectores absolutamente estratégicos para nuestro futuro.

Activen el mecanismo RED para evitar despidos porque es necesario proteger el empleo, así como llegado el caso mecanismos similares para los autónomos y autónomas.

Controlen los precios de los alquileres evitando que se revaloricen con el IPC, porque tener una vivienda en la que poder vivir es una necesidad, no un lujo.

MANIFIESTO COMPLETO

#8Mcontralapobreza

En el Día Internacional de la Mujer, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), que reúne a las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, comprometidas con la prevención y erradicación de la pobreza y la exclusión, quiere explicitar con claridad que: 

El contexto de crisis social, económica y sanitaria generado en torno a la COVID-19, ha evidenciado la fragilidad de los derechos alcanzados por las mujeres y la desigualdad previa ya existente, sostenida por un sistema social, político y económico que trata de manera no equitativa a hombres y mujeres.

A pesar de que todavía no contamos con todos los datos necesarios para medir el impacto real de la COVID-19 en las mujeres, todo apunta a que la situación de desigualdad de la que partíamos se ha agudizado: el desempleo ha crecido considerablemente, siguen asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de la familia, siguen teniendo un salario inferior, siguen ahorrando menos y teniendo trabajos mucho menos seguros, con un mayor impacto de la fiscalidad en las mujeres por sus salarios más bajos. Por otra parte, el desempleo siempre ha sido superior entre las mujeres que entre los hombres. En el año 2021, la tasa de paro femenina es del 16,71 %, y la de hombres del 13,05 %, lo que supone una diferencia del 28%. Entre las mujeres paradas el 25,6% son paradas de larga duración (llevan 2 años o más buscando empleo), mientras que entre los hombres parados se encuentran en esta situación el 22,2%.

Es necesario generar unas condiciones laborales y empleos de calidad para las mujeres a todos los niveles, ya que tanto en los sectores que requieren de una menor cualificación, como en aquellos con mayor nivel de exigencia, las mujeres se encuentran con condiciones precarias o en desventaja, lo que las impide desarrollarse profesionalmente. La tasa de trabajo a tiempo parcial entre las mujeres ha sido siempre extraordinariamente superior a la de los hombres. Para el año 2021, el empleo a tiempo parcial ocupa al 22,4 % de las mujeres y sólo al 6,5 % de los hombres. Además, en 2021 el 11,0% de las mujeres son trabajadoras de los servicios de salud y el cuidado de personas, mientras que tan solo tienen esta ocupación el 2,7 % de los hombres. La recientemente aprobada Reforma Laboral debería atajar la problemática de la temporalidad, la precariedad y la irregularidad en el empleo femenino.

Esta situación de desigualdad ha visibilizado la enorme vulnerabilidad de nuestro sistema en un aspecto esencial: los cuidados. Estos se encuentran principalmente en manos de las mujeres y están invisibilizados, precarizados e infravalorados. Se ha evidenciado que faltan medidas de protección y de corresponsabilidad. Desde EAPN-ES subrayamos la necesidad de que se mida el impacto real de esta crisis en el ámbito de los cuidados, así como el impacto global de la pandemia en las mujeres.

En este contexto, ¿qué perspectivas de futuro tienen las mujeres en situación de pobreza y exclusión a día de hoy? Esas mujeres que no han podido incorporarse al mercado laboral, que sufren el desempleo y la precariedad, y que, sin medidas adaptadas y específicas, quedan relegadas al espacio patriarcal de los cuidados y el hogar.

Es muy importante añadir una mirada interseccional, entendiendo que las mujeres no son un grupo homogéneo y que no están igualmente posicionadas en la estructura social, sino que existen otros factores, como la clase, la etnia, el lugar de procedencia, la orientación sexual, la edad o la discapacidad, etc. que condicionan e influyen en las situaciones de discriminación y violencia que se ejercen contra ellas.

Por último, no podemos dejar de recordar la situación de las mujeres en los conflictos bélicos, que hoy vemos reflejada en la guerra de Ucrania. La violencia contra mujeres y niñas en las zonas de conflicto se manifiesta de manera cruel en las violaciones y abusos sistemáticos que sufren, que las convierten en un mero botín de guerra.

Ante esta situación, no hay cabida para el cuestionamiento de una realidad que como Red Europea de Lucha contra la Pobreza conocemos muy de cerca. Por ello, reivindicamos que las autoridades realicen una serie de acciones:

• La elaboración de un informe del impacto de la COVID-19 en las mujeres analizando las distintas circunstancias de interseccionalidad que influyen directamente en esa desigualdad y en las limitaciones de acceso a derechos.
• La implementación de los fondos estructurales y de los fondos europeos para la reconstrucción con perspectiva de género, poniendo el foco en las mujeres que han sufrido la crisis humanitaria provocada por la pandemia.
• La implementación de medidas concretas en materia de protección y corrección de las desigualdades, así como del impacto de la violencia contra las mujeres y niñas e
• El cumplimiento del el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5, poniendo fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, que no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible.

En EAPN-ES creemos necesaria una transformación social que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, construyendo un sistema global con políticas públicas centradas en la persona y con criterios de corresponsabilidad, siguiendo los objetivos de la Agenda 2030. Por ello, hacemos un llamamiento a todos los actores sociales y políticos sobre la inexcusable tarea de poner fin a este fenómeno estructural que provoca, en cada crisis, una reproducción social de los roles de género, un incremento de la desigualdad y el agrandamiento de la brecha de riesgo de pobreza y exclusión social entre hombres y mujeres, cimentando un presente de enorme vulnerabilidad en el que las mujeres se encuentran en situación de mayor desprotección e hipotecando su futuro y el de nuestra sociedad.

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