Manifiestos y Declaraciones

Declaración de la XIX Asamblea Anual de EAPN-ES

CONTRA LA POBREZA Y CONTRA LA APOROFOBIA

Las sucesivas crisis que está atravesando nuestro país —la crisis económica iniciada en 2008, las políticas de austeridad, la pandemia, la crisis energética y la inflación derivada de la invasión rusa de Ucrania— han impactado de forma más cruda en las personas en situación de pobreza. Los precios de los alimentos, la vivienda, los servicios y el coste de la vida en general amenazan la dignidad e incluso la vida de millones de personas, y ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reconstrucción en base al respeto y la garantía de los derechos sociales.

Como ha desvelado nuestro XII Informe sobre el Estado de la Pobreza, la pandemia de COVID-19 agravó la situación de miles de familias, pese al efecto amortiguador del Escudo Social. En 2021, más de 13 millones de personas se encontraban en situación de pobreza y exclusión social, 380.000 más que en 2020, una cifra que ya había empeorado antes de la crisis sanitaria y cuyo impacto no ha hecho más que agudizar, colocando a España en el cuarto lugar de la Unión Europea.

Paralelamente al incremento de la pobreza y la desigualdad, nuestra sociedad está sufriendo un aumento de la polarización y una normalización alarmante de las expresiones y de los delitos de odio, asociadas en gran medida a las nuevas narrativas digitales y al uso de las redes sociales como herramientas prioritarias en la comunicación social y en el acceso a la información.

Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior revelan la tendencia alcista de los delitos de odio: en 2021 se investigaron 1.802 infracciones penales e incidentes de odio en España, 96 más que en 2019. Este dato puede ser solo la punta de un preocupante iceberg, debido al elevado porcentaje de infradenuncia: según la Encuesta sobre delitos de odio, publicada en junio de 2021 por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, un 89,24 % de las personas participantes no presentó denuncia por el delito que sufrió.

Las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social se han convertido en un objetivo recurrente de las expresiones de odio. La aporofobia, o el odio o rechazo a las personas empobrecidas por el simple hecho de serlo, supone un atentado contra la dignidad humana que comprende diferentes niveles de gravedad, desde la invisibilización, los insultos o las vejaciones hasta las agresiones físicas, sexuales u homicidios.

Tristemente, constatamos que en muchas ocasiones son las propias Administraciones públicas, los partidos políticos, líderes políticos y sociales, o los propios medios de comunicación quienes incurren en estas expresiones discriminatorias, perpetuando así los prejuicios y estereotipos que los alimentan.

En este contexto, y ante el clima actual de incertidumbre que estamos atravesando, es nuestra obligación señalar los peligros de involución democrática que corre nuestra sociedad, así como exigir a las Instituciones públicas un abordaje desde una perspectiva de derechos sociales y políticas públicas efectivas y al servicio de las personas; sobre todo aquellas con mayores dificultades, en una estrategia encaminada también a la lucha contra los delitos de odio, de los cuales son en demasiadas ocasiones víctimas.

Como ha evidenciado el XII Informe sobre el Estado de la Pobreza, los recursos y políticas públicas alineados en el soporte del Estado del Bienestar para todas las personas suponen una barrera imprescindible frente a la pobreza y la exclusión social y, por ende, frente al odio y la discriminación, especialmente en épocas de crisis.

Nuestro país ha adquirido una serie de compromisos sociales en el marco de la Agenda 2030, los ODS y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que las Instituciones públicas están obligadas a cumplir. Es nuestro deber no solo aportar a ese compromiso, también ser actores clave a la hora de recordar a los poderes públicos sus obligaciones ante los retos de la presente década, especialmente con aquellos sectores de la población más vulnerables.

Exigimos, no solo que se mantengan las medidas implementadas durante los últimos años para afrontar las diferentes crisis que ha atravesado nuestro país, sino también un aumento de los recursos y del alcance de estas, especialmente en materia de igualdad de género, justicia fiscal, educación inclusiva, empleo decente, garantía de ingresos, vivienda accesible y pensiones dignas.

Y por supuesto, es indispensable que, de forma paralela, las Instituciones apuesten por estrategias de sensibilización que defiendan una sociedad libre, diversa, tolerante e inclusiva, donde las expresiones de odio no tengan cabida. Es su obligación con nuestra sociedad y con nuestra democracia.

XIX ASAMBLEA ANUAL DE EAPN-ES

Sevilla, 30 de noviembre de 2022

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EAPN ANDALUCÍA REIVINDICA LA PRIORIDAD EN EL COMPROMISO POLÍTICO ANTE LA SITUACIÓN DE POBREZA

Reunidas el día 6 de abril de 2022, las entidades sociales que conforman la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, EAPN-Andalucía, manifiestan su preocupación por la agravante situación de desigualdad de pobreza y exclusión social en toda España y Andalucía, comunidad especialmente castigada por la crisis socioeconómica actual, ya que lastra una situación de marcada desventaja, situándose desde hace años entre las tres regiones con mayores tasas de Pobreza.

El impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19, sumado a las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, han producido una crisis económica y social, cuyo efecto más inmediato es el incremento de la inflación. Las personas mas vulnerables se enfrentan a numerosas dificultades entre las que se encuentran el encarecimiento de los recursos básicos como la alimentación, los suministros, etc.

Después de dos años sufriendo las consecuencias de la crisis socio-sanitaria, seguimos sin tener atisbos de recuperación económica, con un agravamiento de la pobreza y exclusión social, siendo los procesos de inclusión social cada vez más complicados.

Las entidades sociales están jugando un papel fundamental en la lucha contra las situaciones de vulnerabilidad de la actual crisis socioeconómica, apostando por reducir las desigualdades sociales y enfrentándose a la incertidumbre continua en la que estamos inmersos. Por todo esto, solicitamos estrategias y políticas sociales con menor carácter asistencialista y más integradoras y transversales, que contemplen a las personas en su totalidad, de manera que puedan realizarse intervenciones transformadoras, tan necesarias en los tiempos que vivimos. Por todo ello, esperamos y reivindicamos que la situación de exclusión que viven muchas personas y familias en Andalucía sea una prioridad en los compromisos que asuman los partidos cara a la próxima legislatura en Andalucía.

Desde EAPN Andalucía instamos a la Unión Europea y a los dirigentes de los Estados miembro que la componen a acordar medidas preventivas y organizativas para hacer frente a las situaciones derivadas de los conflictos, recordando que hoy en día existen en el mundo 51 en activo como la guerra en Ucrania, en la que millones de personas se han visto obligadas a salir de su país en la más absoluta situación de incertidumbre, siendo fundamental hacer frente a estas situaciones de exilio y otorgar de un refugio digno a tantas familias que lo necesitan. Las consecuencias para las personas de estos conflictos bélicos afectan a largo plazo, no sólo en Ucrania, sino en toda Europa. Esta guerra, como todas, solo genera muerte, miseria y odio que recordarán generaciones venideras. Por ello, todas las entidades que conforman la red andaluza de lucha contra la pobreza condenan estas guerras y se solidarizan con las víctimas recordando a los gobiernos que todas las víctimas de todos los conflictos merecen, por igual, la solidaridad de los pueblos y la protección de los gobiernos.

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CONTENER LOS PRECIOS, PROTEGER EL EMPLEO, FRENAR EL DETERIORO DE NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA

Desde EAPN Andalucía, nos unimos al Manifiesto de CCOO y UGT por el control de precios de la energía.

MANIFIESTO

La sociedad española vive con una profunda preocupación y gran malestar la escalada desbocada de los precios que desde hace meses sufrimos en nuestro país. El pasado mes de febrero la inflación alcanzó una nueva cifra histórica situándose en el 7,6%, su nivel más alto desde 1986. La tensión de los precios de la electricidad, gas, los carburantes y otras materias primas se está trasladando al precio del resto de bienes y servicios que ya suben de forma generalizada. Las perspectivas no son buenas. Toca actuar con celeridad.

El deterioro de las condiciones de vida de familias y personas trabajadoras y consumidoras, del tejido productivo, y del conjunto de la ciudadanía, es muy palpable. Mes a mes las facturas de la luz, la calefacción, la gasolina, los alimentos, la vivienda o el transporte aumentan y detraen cada vez más y más recursos.

El conjunto de la sociedad está sufriendo esta situación, pero es la población más vulnerable, la que no llega a fin de mes o lo hace con dificultades, quienes la padecen de forma más cruel. La desigualdad y la pobreza eran problemas urgentes antes de que se iniciara esta escalada de los precios. En esta situación, estos problemas, que tienen rostro, que tienen nombres y apellidos, deben abordarse de manera inaplazable.

Al mismo tiempo, mientras el oligopolio de las empresas multinacionales energéticas saca tajada en este escenario, y obtiene beneficios históricos, millones de consumidores y consumidoras y personas usuarias, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas y de autónomos y autónomas, o los sectores productivos de alto consumo energético, se están viendo perjudicados por este aumento disparatado de los precios.

Todo hace prever que la injustificable guerra iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania tendrá como consecuencia una aceleración de la inflación que pone en riesgo el acceso a bienes y servicios esenciales, la recuperación económica y la creación de empleo intensificando los problemas de desigualdad y pobreza.

Ante este escenario es urgente que el Gobierno de España y la Unión Europea actúen de forma contundente. Tienen la obligación de desplegar todas las iniciativas que sean necesarias para poner fin a esta escalada de los precios, para atajar comportamientos especulativos y para proteger y dar seguridad al conjunto de la ciudadanía.

Las organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto exigimos a las autoridades públicas que:

Cambien el irracional sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, controlando alzas desmesuradas, y topen el precio máximo del MWh en la subasta, porque no puede ser que los precios del gas marquen el precio de la electricidad que se genera a través de otras tecnologías más baratas.

Pongan fin a los beneficios extraordinarios y abusivos de las empresas eléctricas y de hidrocarburos que venden productos a precios de futuras materias almacenadas y aprueben medidas contra la especulación de los precios de los productos básicos, porque mientras la gran mayoría sufrimos esta situación no puede ser que haya quien saca tajada de la desgracia.

Aceleren las inversiones para reducir la dependencia energética externa y fomenten el uso del transporte público, porque necesitamos ganar autonomía estratégica en el ámbito energético.

Protejan a la ciudadanía y las familias, la solidaridad es la base del modelo social europeo, que debemos cuidar y extender.

Apoyen a los sectores productivos que más energía consumen, porque debemos proteger nuestra industria, nuestra agricultura y ganadería, nuestra pesca, o el papel vertebrador del transporte en toda la cadena de valor de la actividad económica, y los empleos que generan, que han demostrado ser, entre otros, unos sectores absolutamente estratégicos para nuestro futuro.

Activen el mecanismo RED para evitar despidos porque es necesario proteger el empleo, así como llegado el caso mecanismos similares para los autónomos y autónomas.

Controlen los precios de los alquileres evitando que se revaloricen con el IPC, porque tener una vivienda en la que poder vivir es una necesidad, no un lujo.

MANIFIESTO COMPLETO

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MANIFIESTO DEL 8 DE MARZO

#8Mcontralapobreza

En el Día Internacional de la Mujer, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), que reúne a las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, comprometidas con la prevención y erradicación de la pobreza y la exclusión, quiere explicitar con claridad que: 

El contexto de crisis social, económica y sanitaria generado en torno a la COVID-19, ha evidenciado la fragilidad de los derechos alcanzados por las mujeres y la desigualdad previa ya existente, sostenida por un sistema social, político y económico que trata de manera no equitativa a hombres y mujeres.

A pesar de que todavía no contamos con todos los datos necesarios para medir el impacto real de la COVID-19 en las mujeres, todo apunta a que la situación de desigualdad de la que partíamos se ha agudizado: el desempleo ha crecido considerablemente, siguen asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de la familia, siguen teniendo un salario inferior, siguen ahorrando menos y teniendo trabajos mucho menos seguros, con un mayor impacto de la fiscalidad en las mujeres por sus salarios más bajos. Por otra parte, el desempleo siempre ha sido superior entre las mujeres que entre los hombres. En el año 2021, la tasa de paro femenina es del 16,71 %, y la de hombres del 13,05 %, lo que supone una diferencia del 28%. Entre las mujeres paradas el 25,6% son paradas de larga duración (llevan 2 años o más buscando empleo), mientras que entre los hombres parados se encuentran en esta situación el 22,2%.

Es necesario generar unas condiciones laborales y empleos de calidad para las mujeres a todos los niveles, ya que tanto en los sectores que requieren de una menor cualificación, como en aquellos con mayor nivel de exigencia, las mujeres se encuentran con condiciones precarias o en desventaja, lo que las impide desarrollarse profesionalmente. La tasa de trabajo a tiempo parcial entre las mujeres ha sido siempre extraordinariamente superior a la de los hombres. Para el año 2021, el empleo a tiempo parcial ocupa al 22,4 % de las mujeres y sólo al 6,5 % de los hombres. Además, en 2021 el 11,0% de las mujeres son trabajadoras de los servicios de salud y el cuidado de personas, mientras que tan solo tienen esta ocupación el 2,7 % de los hombres. La recientemente aprobada Reforma Laboral debería atajar la problemática de la temporalidad, la precariedad y la irregularidad en el empleo femenino.

Esta situación de desigualdad ha visibilizado la enorme vulnerabilidad de nuestro sistema en un aspecto esencial: los cuidados. Estos se encuentran principalmente en manos de las mujeres y están invisibilizados, precarizados e infravalorados. Se ha evidenciado que faltan medidas de protección y de corresponsabilidad. Desde EAPN-ES subrayamos la necesidad de que se mida el impacto real de esta crisis en el ámbito de los cuidados, así como el impacto global de la pandemia en las mujeres.

En este contexto, ¿qué perspectivas de futuro tienen las mujeres en situación de pobreza y exclusión a día de hoy? Esas mujeres que no han podido incorporarse al mercado laboral, que sufren el desempleo y la precariedad, y que, sin medidas adaptadas y específicas, quedan relegadas al espacio patriarcal de los cuidados y el hogar.

Es muy importante añadir una mirada interseccional, entendiendo que las mujeres no son un grupo homogéneo y que no están igualmente posicionadas en la estructura social, sino que existen otros factores, como la clase, la etnia, el lugar de procedencia, la orientación sexual, la edad o la discapacidad, etc. que condicionan e influyen en las situaciones de discriminación y violencia que se ejercen contra ellas.

Por último, no podemos dejar de recordar la situación de las mujeres en los conflictos bélicos, que hoy vemos reflejada en la guerra de Ucrania. La violencia contra mujeres y niñas en las zonas de conflicto se manifiesta de manera cruel en las violaciones y abusos sistemáticos que sufren, que las convierten en un mero botín de guerra.

Ante esta situación, no hay cabida para el cuestionamiento de una realidad que como Red Europea de Lucha contra la Pobreza conocemos muy de cerca. Por ello, reivindicamos que las autoridades realicen una serie de acciones:

  • La elaboración de un informe del impacto de la COVID-19 en las mujeres analizando las distintas circunstancias de interseccionalidad que influyen directamente en esa desigualdad y en las limitaciones de acceso a derechos.
  • La implementación de los fondos estructurales y de los fondos europeos para la reconstrucción con perspectiva de género, poniendo el foco en las mujeres que han sufrido la crisis humanitaria provocada por la pandemia.
  • La implementación de medidas concretas en materia de protección y corrección de las desigualdades, así como del impacto de la violencia contra las mujeres y niñas e
  • El cumplimiento del el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5, poniendo fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, que no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible.

En EAPN-ES creemos necesaria una transformación social que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, construyendo un sistema global con políticas públicas centradas en la persona y con criterios de corresponsabilidad, siguiendo los objetivos de la Agenda 2030. Por ello, hacemos un llamamiento a todos los actores sociales y políticos sobre la inexcusable tarea de poner fin a este fenómeno estructural que provoca, en cada crisis, una reproducción social de los roles de género, un incremento de la desigualdad y el agrandamiento de la brecha de riesgo de pobreza y exclusión social entre hombres y mujeres, cimentando un presente de enorme vulnerabilidad en el que las mujeres se encuentran en situación de mayor desprotección e hipotecando su futuro y el de nuestra sociedad.

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MANIFIESTO DE EAPN-ANDALUCÍA ANTE LA SITUACIÓN SOCIAL DERIVADA DEL COVID-19

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15 de abril, Asamblea General 2021 EAPN-Andalucía

Reunidas el día 15 de abril de 2021, las entidades sociales que conforman la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social) EAPN-Andalucía, manifiestan su preocupación ante el alarmante contexto de crisis socioeconómica y sanitaria, generado en torno a la COVID-19, por haberse agravado de forma alarmante la desigualdad y la brecha de pobreza existentes en España y en especial en Andalucía.

La pandemia de la COVID-19 ha empeorado significativamente las condiciones de vida de las personas que ya estaban en situación de pobreza en nuestra Comunidad Autónoma y ha incorporado a muchas nuevas que quedaron en situaciones vulnerables hasta un punto aún desconocido por las estadísticas. Claramente es observable en las innumerables colas de familias demandando alimentos, en el incremento de las solicitudes de ayudas a los servicios sociales y a las entidades sociales, o la brecha digital que padecen amplios sectores sociales de distintos colectivos.

España se ha convertido en una de las sociedades más desiguales de la Unión Europea, destacándose un elevado porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. En este contexto, Andalucía se sitúa entre los primeros puestos del ranking de pobreza, con la tasa más alta de pobreza severa y una Tasa AROPE un 49% más elevada que la media nacional, según datos del último Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía.
Las organizaciones sociales, y el personal laboral y voluntario que las conforman, están jugando un papel fundamental en la lucha contra las consecuencias de la crisis actual generada por la COVID-19 y en la reconstrucción social. Sin embargo, la mayoría de las entidades atraviesan graves dificultades para asegurar la atención a los colectivos más vulnerables.

Aunque son muchas las situaciones generadas por la crisis socioeconómica que estamos viviendo, las entidades sociales que integran la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, quieren mostrar su profunda preocupación por los siguientes aspectos:

– Las consecuencias de la pandemia sobre la población en situación de pobreza y exclusión social, especialmente en:

  • El incremento de situaciones de precariedad y el riesgo social en colectivos especialmente vulnerables, como personas sin hogar, personas migrantes, población gitana y otras minorías, personas con solicitudes de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, trabajadoras sexuales, personas con adicciones en su proceso de rehabilitación, menores en riesgo, menores extranjeros no acompañados, personas que viven en asentamientos, personas mayores y personas con diversidad funcional.
  • Ralentización del pago y complicaciones en la tramitación de las rentas mínimas y del Ingreso Mínimo Vital; así como la exclusión financiera y las serias problemáticas de los colectivos en riesgo de exclusión para la apertura de cuentas bancarias.
  • Incremento de la desigualdad a nivel territorial.
  • Escasez de alternativas habitacionales para personas en riesgo de exclusión residencial.

– El impacto de la brecha digital provocado por la pandemia, incidiendo especialmente en:

  • La complejidad en el acceso a los contenidos formativos del alumnado con menos recursos, mermando el derecho a una educación en igualdad de oportunidades.
  • Los obstáculos en el acceso a los servicios facilitados por la administración pública.
  • Las dificultades para la inserción laboral de las personas que no tienen recursos y/o competencias digitales.

– El efecto de la pandemia sobre las entidades sociales, afectando especialmente a:

  • El aumento de nuevos perfiles, nuevas necesidades y mayor número de participantes en situación de vulnerabilidad a las que deben dar respuesta sin el apoyo presupuestario necesario.
  • La adaptación en numerosas ocasiones de las metodologías de intervención al ámbito digital, dificultando el cumplimiento de objetivos de los proyectos.
  • La financiación, las convocatorias y la resolución de los programas.

Las entidades sociales deben contribuir a la transformación del modelo económico y social en el actual escenario de reconstrucción, con el fin de reducir las desigualdades y recuperar los derechos sociales perdidos desde el inicio de la pandemia.

EAPN-Andalucía apuesta por medidas urgentes que reduzcan los efectos negativos de la pandemia en la población en situación de vulnerabilidad social, mediante una transformación del Sistema Público de Servicios Sociales, el desarrollo de medidas especificas relacionadas con las políticas activas de empleo; la promoción de programas de alfabetización digital, promoviendo el fortalecimiento y sostenibilidad de las organizaciones sociales, garantizando la continuidad y estabilidad de los programas y de sus trabajadores/as. Es necesario garantizar el uso de los fondos europeos, estatales, autonómicos y locales en programas que den solución a los colectivos más vulnerables, fortalezcan los servicios públicos y cuiden la labor del tejido asociativo en Andalucía.

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#8MContraLaPobreza

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En el Día Internacional de la Mujer, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), que reúne a las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social comprometidas con la prevención y erradicación de la pobreza y la exclusión, quiere explicitar con claridad que:

El contexto de crisis socioeconómica y sanitaria generado en torno a la COVID-19, está evidenciando la fragilidad de los derechos alcanzados por las mujeres y la desigualdad que ya existía, sostenida por un sistema social, político y económico que trata de manera diferencial a hombres y mujeres.

Las mujeres presentan un mayor riesgo de contraer el virus debido a que representan un porcentaje desproporcionadamente elevado de las personas que trabajan en primera línea de sectores esenciales en la crisis actual, tal y como ha reflejado el Parlamento Europeo.

A pesar de que todavía no contamos con todos los datos necesarios para medir el impacto real de la COVID-19 en las mujeres, todo apunta a que la situación de desigualdad de la que partíamos se ha agudizado: el desempleo ha crecido considerablemente, siguen asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de la familia, siguen ganando menos, siguen ahorrando menos y teniendo trabajos mucho menos seguros, con un mayor impacto de la fiscalidad en las mujeres en el que los impuestos tienen una mayor repercusión debida a los salarios más bajos. Además, los trabajos altamente feminizados son los que más exposición al virus experimentan, como la atención de cara al público, el personal sanitario (16,8%) y las mujeres que cuidan a personas dependientes en el domicilio (16,3%).

Esta situación ha visibilizado la enorme vulnerabilidad de nuestro sistema en un aspecto esencial: los cuidados. Estos se encuentran principalmente en manos de las mujeres y están invisibilizados, precarizados e infravalorados. Se ha evidenciado que faltan medidas de protección y de corresponsabilidad.

Desde EAPN-ES subrayamos la necesidad de que se mida el impacto real de esta crisis en el ámbito de los cuidados, así como el impacto global de la pandemia en las mujeres.

En este contexto, ¿qué perspectivas de futuro tienen las mujeres en situación de pobreza y exclusión a día de hoy? Esas mujeres que no han podido incorporarse al mercado laboral, que sufren el desempleo y la precariedad, y que, sin medidas adaptadas y específicas, quedan relegadas al espacio patriarcal de los cuidados y el hogar.

Es muy importante añadir una mirada interseccional, entendiendo que las mujeres no son un grupo homogéneo y que no están igualmente posicionadas en las estructuras sociales, sino que existen otros factores, como la clase, la etnia, el lugar de procedencia, la orientación sexual, la edad o la discapacidad, etc. que condicionan e influyen en las situaciones de discriminación y violencia que se ejercen contra ellas.

Tampoco nos olvidamos de la violencia de género, las situaciones más extremas de violencia, en las cuales el confinamiento ha supuesto un cautiverio para muchas mujeres, otra “pandemia invisible” que en algunos casos ha supuesto una amenaza contra sus vidas.

Ante esta situación, no hay cabida para el cuestionamiento de una realidad que como Red Europea de Lucha contra la Pobreza conocemos muy de cerca. Por ello, reivindicamos que las autoridades realicen una serie de acciones:

  • La elaboración de un informe del impacto de la COVID-19 en las mujeres analizando las distintas circunstancias de interseccionalidad que influyen directamente en esa desigualdad y en las limitaciones de acceso a derechos.
  • La implementación de los fondos estructurales y de los fondos europeos para la reconstrucción con perspectiva de género, poniendo el foco en las mujeres que han sufrido la crisis humanitaria provocada por la pandemia.
  • La implementación de medidas concretas en materia de protección y corrección de las desigualdades.
  • El cumplimiento del el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5, poniendo fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, que no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible.

En EAPN-ES creemos necesaria una transformación social que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, construyendo un sistema global con políticas públicas centradas en la persona y con criterios de corresponsabilidad. Por ello, hacemos un llamamiento a todos los actores sociales y políticos sobre la inexcusable tarea de poner fin a este fenómeno estructural que provoca, en cada crisis, una reproducción social de los roles de género, un incremento de la desigualdad y el agrandamiento de la brecha de riesgo de pobreza y exclusión social entre hombres y mujeres, cimentando un presente de enorme vulnerabilidad en el que las mujeres se encuentran en situación de mayor desprotección e hipotecando su futuro y el de nuestra sociedad.

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Manifiesto en Defensa de la Democracia y la Autonomía

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La llegada de la democracia a nuestras vidas no fue un camino de rosas. La libertad y la democracia en nuestro país llegaron a través de la lucha por los derechos y el compromiso de personas trabajadoras y una ciudadanía que decidió su futuro con determinación, mirando hacia adelante.

Se han cumplido ya más de cuarenta años desde que aprobamos nuestra Constitución, fue un paso importante y decisivo que nos permitió definir un marco regulador sobre el que poder construir una sociedad nueva, lo que supuso un esfuerzo colectivo intenso y a todos los niveles.

También hace cuarenta años, el 4 de diciembre de 1978, el pueblo andaluz tomó la calle para reivindicar su derecho a una autonomía plena, reclamando igualdad de trato y el mismo nivel de autogobierno que las llamadas “comunidades históricas”, en el contexto de unidad solidaria de todos los pueblos del Estado español. Por eso salimos a la calle exigiendo un marco autonómico con competencias suficientes para abordar las deficiencias y desequilibrios que históricamente venía padeciendo nuestra tierra.

La fuerza de aquel movimiento resultó fundamental para iniciar el camino del crecimiento económico y el desarrollo social, posibilitando el ejercicio de la autonomía y del autogobierno, desarrollando un marco competencial propio que ha sido crucial para que nuestra tierra alcanzara un alto grado de cohesión territorial y social.

La lucha de los andaluces y andaluzas dio un paso de gran trascendencia con aquel histórico resultado del Referéndum del 28 de Febrero de 1980. Tras muchos obstáculos y dificultades impuestas, Andalucía fue la única Comunidad que finalmente accedió a la autonomía por la vía del 151 de la CE, que exigía que la iniciativa autonómica fuese ratificada mediante referéndum con el voto afirmativo de la mayoría absoluta del electorado.

Sabíamos entonces, igual que ahora, que la mejor manera para garantizar un futuro de bienestar, desarrollo y empleo era contando con la implicación de la sociedad civil al completo, en términos de igualdad de oportunidades y defendiendo la justicia, la equidad y la solidaridad.

La fuerza de aquel 28-F ha llegado hasta nuestros días con vigor, como motor de la autoestima, progreso y dignidad de aquellos hombres y mujeres orgullosos de nuestra identidad como pueblo.

Los colores de nuestra bandera evocan el paisaje andaluz y la esperanza en el futuro, un futuro que debemos afrontar sin complejos, conscientes de nuestras capacidades y de nuestras singularidades. Fue precisamente en otra época en la que cualquier singularidad era perseguida, cuando los andaluces fuimos terriblemente más desiguales que el resto de los españoles. Esa Andalucía marginada y olvidada no debe volver.

En estos últimos cuarenta años, los andaluces y andaluzas hemos conseguido avanzar en democracia y autogobierno. Aprobamos también por Referéndum la Reforma de nuestro Estatuto de Autonomía el 18 de febrero de 2007, cuya adaptación era necesaria para ahondar en el modelo territorial, extrayendo todas las posibilidades descentralizadoras que ofrece la Constitución para aproximar la Administración a la ciudadanía.

Los andaluces y andaluzas debemos sentir orgullo por nuestro esfuerzo, perseverar en nuestra tarea transformadora, imprescindible en un mundo globalizado en constante y vertiginoso cambio, plagado de retos pero también de oportunidades.

La crisis económico-financiera, la férrea aplicación de políticas neoliberales y conservadoras han provocado un grave perjuicio sobre los derechos de la ciudadanía en general, y de los andaluces y andaluzas en concreto, lastrando el despliegue y desarrollo pleno de nuestro Estatuto de Autonomía. Nos encontramos en una situación de riesgo extremo, ante la apuesta de buena parte del espectro político por una recentralización estatal.

El cuestionamiento que durante la crisis económica se ha efectuado respecto a la sostenibilidad de los sistemas de protección social, y a las políticas públicas de ayuda a las personas que construyen Andalucía, sean autóctonas o inmigrantes, recrudecido con la polarización de posiciones políticas y el auge de la extrema derecha, está también en la base del ataque al modelo autonómico y la identidad de Andalucía como tierra de convivencia y riqueza cultural.

Se ponen en duda valores democráticos y constitucionales de nuestro país, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la justicia social y los servicios públicos.

Por eso, es el momento de reivindicar, ahora más que nunca, los derechos y libertades constitucionales y el modelo de Estado Autonómico que hasta la fecha ha mostrado su utilidad, garantizando el pleno desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía para así seguir avanzando en cohesión social y en generación de riqueza, y para que ésta se reparta de un modo más equitativo y se mejoren las condiciones de vida del conjunto de la sociedad andaluza.

En definitiva, tenemos que preservar, proteger y defender nuestra capacidad de gestionar y desarrollar políticas propias en torno a los objetivos, principios, derechos y competencias definidos en nuestro Estatuto.

Por ello, reclamamos al nuevo Gobierno de Andalucía un compromiso expreso con la defensa y desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, y por todas y cada una de las competencias propias y exclusivas que se determinan en el Estatuto, que defienda un sistema de financiación justo y solidario donde las personas sean su eje central, y bajo la premisa de la igualdad de trato y oportunidades, así como desde el respeto a la diversidad.

Demandamos al nuevo Gobierno de Andalucía una apuesta por los servicios públicos, el empleo de calidad y la generación de riqueza, potenciando otro modelo productivo, sostenible, fomentando las energías renovables, la agroindustria, el I+D de las universidades andaluzas, la integración de las personas inmigrantes, la protección de los consumidores y colectivos vulnerables, la lucha contra la pobreza, así como el fomento de la cooperación internacional al desarrollo.

En resumen, asentar y profundizar un modelo que permita consolidar los avances producidos y aumentar el progreso económico, social y democrático que nuestro Estatuto de Autonomía establece para Andalucía.

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Por una Europa libre de pobreza

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La European Anti Poverty Network (EAPN Europa) lanza estos días una campaña con los lemas #EUPovertyFree y #NoMorePoor, de cara a las próximas Elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el 26 de mayo. Reproducimos a continuación sus mensajes y reivindicaciones, esperando que su impacto también llegue a los y las votantes en el conjunto de Andalucía.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN Europa), con miembros de 31 redes nacionales y 13 organizaciones europeas que representan a miles de ONG en todo el continente, creemos que la erradicación de la pobreza y la exclusión social es un bien público y es beneficiosa para la sociedad en su conjunto. El hecho de que 113 millones de personas en la UE, el 22,5% de la población de este entorno (sin contar a personas de otros países europeos), todavía vivan en riesgo de pobreza o exclusión social, representa un fracaso de nuestros sistemas políticos y económicos, que necesitan un cambio radical.

Hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos y a todos los candidatos y candidatas a las elecciones al Parlamento Europeo para que se comprometan a garantizar una Europa social y sostenible, una Europa libre de pobreza. Hacer que nuestro continente esté libre de pobreza es una opción política que reconoce los derechos de la ciudadanía, garantiza el acceso a esos derechos y refleja la solidaridad que siente la ciudadanía europea.

Votamos por una Europa libre de pobreza, con políticas macroeconómicas que reduzcan la pobreza y aborden la desigualdad, con sistemas de protección social más sólidos. Una Europa libre de pobreza donde se pongan en práctica las políticas adecuadas, y se destinen a democracias más fuertes.

Sigue esta campaña en la web de EAPN-A durante las próximas semanas y visita el sitio web www.EUPovertyFree.eu.

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EAPN-A exige la defensa de los derechos de ciudadanía y del Estado de Bienestar en Andalucía

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Ante la alarma generada en el transcurso de la formación de Gobierno en Andalucía, la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), formada por 55 entidades sociales, emite esta Declaración para exigir responsabilidad y la obligatoriedad de defender los derechos de toda la ciudadanía, especialmente aquellas personas que se hallan en situación de vulnerabilidad en nuestra comunidad autónoma. En este sentido, cabe recordar que una de cada tres personas en Andalucía se halla actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social.[1]

Por ello hoy más que nunca y pese a que históricamente el cuestionamiento de derechos suele coincidir con periodos de crisis económicas, reclamamos que no se pongan en tela de juicio los avances sociales que se hallan en la base de nuestra democracia y que han costado tantos años de lucha.

Entre otros, principios fundamentales concebidos al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la perspectiva de género, que lleve a una igualdad real y a que las mujeres dejen de ser discriminadas de forma sistémica; la diversidad por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, que ha de ser respetada e incluida; y la igualdad de oportunidades, para que todas las personas tengan las mismas posibilidades de desarrollar sus derechos.

El Parlamento de Andalucía debe combatir los discursos intolerantes y de odio en torno a colectivos vulnerables, constituyéndose como garante de los pilares que sostienen el Estado de Derecho en el marco de la Constitución, defendiendo un sistema público y de calidad en todas las áreas (incluyendo educación, salud…), así como dialogando con el Tercer Sector para reforzar la cohesión social. La relevancia tanto de la incidencia política como del papel que desempeñan las ONG ha de estar fuera de discusión si se pretende salvaguardar la vida democrática andaluza. Si algo nos une es la defensa de la convivencia y la participación ciudadana, más allá de las voces que propagan el miedo y el recelo entre la población de nuestra Comunidad.


[1] Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía. EAPN-A, 2018.

EAPN AndalucíaEAPN-A exige la defensa de los derechos de ciudadanía y del Estado de Bienestar en Andalucía
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Manifiesto por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17-O)

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El informe presentado ayer por EAPN-A, denominado Crónica de una crisis crónica, evidencia la frágil radiografía de una comunidad autónoma, la andaluza, que un año más arroja unas cifras de pobreza injustas e indeseables.

La celebración hoy del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre, sirve para poner de manifiesto que a la Estrategia 2020, a punto de finalizar, le queda aún pendiente un arduo recorrido para lograr sus objetivos. El compromiso de sacar de la pobreza en España a cerca de 1,5 millones de personas queda desdibujado ante las cifras que indican que, tras diez años de crisis desde 2008, en Andalucía existe hoy medio millón más de personas que hace una década en situación de pobreza y exclusión social.

Preocupan los rostros múltiples de la pobreza en Andalucía, pero de forma especial aquella que presenta un carácter endémico. En 2018, un 37,3% de la población andaluza, lo que equivale a más de 3 millones de personas, se encuentra en situación de pobreza y exclusión.

La pobreza se democratiza y ahora afecta también a quienes tienen un empleo, pero ya existía antes de la irrupción de la crisis. Para erradicarla hay que pensar en las lógicas de las políticas intergeneracionales, así como en la redistribución de la riqueza que garantice derechos a las personas, más allá del asistencialismo.

Una voluntad política, clara y decidida, que comprometa legislaciones, planes y programas en pos de una igualdad de oportunidades por y para la ciudadanía, en especial para las personas más vulnerables, es quizás el reto más importante al que ha de hacerse frente en estos tiempos de crisis cronificada.

Ante las próximas elecciones autonómicas, EAPN-A apuesta por un cambio en las políticas activas de inclusión, por un aumento de la inversión social que acerque a la comunidad a los objetivos fijados por la UE y, al mismo tiempo, la aleje de los primeros puestos de ese lacerante ranking de pobreza reflejado por el informe. Pero, sobre todo, apuesta por un cambio de voluntades políticas a todos los niveles dentro y fuera del Parlamento de Andalucía, que redunde en un nuevo paradigma social y económico en nuestra comunidad autónoma.

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