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EAPN Andalucía, presenta su DECÁLOGO ELECTORAL a diferentes partidos políticos

Teresa Pablo Torres, de Adelante Andalucía, con Juan Luis Delcan y Javier Pérez.

De cara a las elecciones andaluzas del 19 de junio, la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) ha trabajado en red en diferentes propuestas para llevar a cabo en la siguiente legislatura, creando un DECÁLOGO ELECTORAL con objetivos específicos de integración social dirigidos a los colectivos en situación de pobreza y exclusión social, que abarcan de manera integral las necesidades básicas como salud, educación, vivienda y alimentación, siendo la empleabilidad y la educación los ejes vertebradores del desarrollo.

José Antonio Jiménez Ramos, de Por Andalucía, con Juan Luis Delcan, Javier Pérez y Milagros Rodríguez.

La presentación de este decálogo se ha materializado en diferentes reuniones con los partidos políticos, dónde Juan Luis Delcán, presidente, y Javier Pérez, secretario de Eapn-Andalucía, se han reunido con representantes de Adelante Andalucía, Por Andalucía, PSOE Andalucía y Ciudadanos. En ellas, se han trasladado las diferentes demandas de las entidades sociales que conforman la red en búsqueda de un compromiso activo en el futuro.

Juan Luis Delcan, junto con otros representantes del tercer sector en la sede del PSOE Andalucía

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EAPN-A ENTREGA A LOS PARTIDOS ANDALUCES UN DECÁLOGO DE DEMANDAS PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA

  • El documento plantea propuestas con medidas de inclusión social para su consideración en el Parlamento por parte del futuro Gobierno y la oposición.

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) ha mantenido durante las semanas de campaña electoral diferentes reuniones con los candidatos y representantes de determinados grupos parlamentarios, con el objetivo de hacerles entrega de un decálogo de demandas para su consideración a lo largo de la próxima legislatura. El documento elaborado por esta plataforma, compuesta por 61 entidades sociales de ámbito local, provincial y autonómico de toda Andalucía, plantea una serie de propuestas y medidas necesarias para el futuro Gobierno andaluz y los partidos de la oposición.

Son necesarios objetivos específicos de integración social dirigidos a los colectivos en situación de pobreza y exclusión social, que abarquen de manera integral las necesidades básicas como salud, educación, vivienda y alimentación, siendo la empleabilidad y la educación los ejes vertebradores del desarrollo.

El objetivo de presentar este decálogo a las diferentes formaciones ha sido el de “obtener el compromiso de que estas medidas en materia de inclusión social sean llevadas a cabo durante la siguiente legislatura, dándole prioridad a la situación de las personas vulnerables y la necesidad de trabajar en políticas públicas que mejoren esta realidad”, ha señalado el presidente de EAPN-Andalucía, Juan Luis Delcan.

Después de dos años sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria, siguen sin haber atisbos de recuperación económica. Subyace una pobreza crónica, especialmente acentuada en aquellos colectivos de pobreza severa, que han agravado su situación: todos los ítems en los que se basa la Privación Material Severa registran en Andalucía tasas muy superiores a las medias nacionales en los últimos datos de nuestro “Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía 2021”, aumentado 4 de los 6 ítems de consumo, situándose en el mismo nivel que el registrado en 2015. El impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19, sumado a las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, han producido una crisis económica, cuyo efecto más inmediato es el incremento de la inflación. Esta situación necesita ser atajada con urgencia, ya que la desigualdad social   está cada vez más acrecentada y enraizada.

Desde EAPN Andalucía, demandamos la obligatoriedad de enfrentar con más fuerza la pobreza y la desigualdad social, a través de un aumento del gasto público para políticas sociales, que ayuden a frenar el incremento de los niveles de pobreza en Andalucía y soluciones para compensar el incremento de precios en los ámbitos que más afectan a las familias: suministros básicos, alimentación, impuestos. Detallamos 10 ámbitos en los que es determinante trabajar a fondo la inclusión de la población en riesgo de exclusión social.

1 – VIVIENDA Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

En Andalucía destaca el aumento de las personas que mantienen retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal, que pasan desde el 11,1 % hasta el 17 %, además del aumento de las personas andaluzas que no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, que creció desde un 2,6 % hasta el 6 % en 2020. La crisis social y económica actual, ha puesto de manifiesto la gran dependencia energética y de suministros de la población y ha agudizado las condiciones de millones de hogares en situación de vulnerabilidad, dando lugar a nuevas situaciones de exclusión. Demandamos establecer una política de vivienda inclusiva y asequible; la elaboración de una Estrategia Autonómica Integral para mejorar la intervención y la disminución de los asentamientos informales en Andalucía y una estrategia de soluciones al sinhogarismo focalizadas en la vivienda.

2 – POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

La tasa de desempleo se mantiene, año tras año, en Andalucía muy por encima de la media estatal, con un 20,2% de paro en el año 2021, por lo que es necesario implementar políticas activas de empleo que apuesten por la empleabilidad y luchen contra la temporalidad, con medidas específicas de Inclusión Sociolaboral dirigidas a las personas con mayores dificultades de empleabilidad o precariedad laboral.

3 – IGUALDAD

La mayor tasa AROPE sigue estando vinculada a las mujeres, unido a otros indicadores como un mayor nivel de paro, la brecha salarial, la inactividad y la interrupción forzosa de carreras académicas o profesionales, así como la mayor dedicación al trabajo no remunerado en el hogar. Demandamos priorizar el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022 continuar además de continuar las políticas de prevención, sensibilización en violencias de género y atención integral y protección a las víctimas de violencia de género.

4 – INFANCIA

Como prioridad, debe trabajarse la lucha contra la transmisión intergeneracional de la pobreza, ya que la pobreza infantil tiene un carácter estructural y, además de agravarse con la crisis, se mantienen unas bolsas de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Para ello, proponemos fomentar las Mede   Coordinación, impulsadas por los servicios públicos (sociales, educación, salud y empleo), además de solicitar una ayuda adicional para las familias monoparentales.

5 – SALUD

La crisis sanitaria en la que aún seguimos inmersos  ha puesto de manifiesto las carencias estructurales de nuestro sistema sanitario, que durante años ha sufrido diferentes recortes económicos y escasa inversión en recursos y personal sanitario. Incluimos la preocupante situación de la Salud Mental.

6 – DERECHOS HUMANOS

La falta de respuesta es fruto de una mala planificación que del volumen de personas que realmente ha llegado a Andalucía, por lo que se requiere una apuesta por la previsión y coordinación de todas las administraciones. Especial relevancia adquieren los jóvenes ex tutelados, dado que la carencia de recursos una vez alcanzan la mayoría de edad, los deja en absoluta situación de desprotección.

7 – EDUCACIÓN

La tasa de abandono escolar en Andalucía se sitúa en 2020 en el 21, 8%, muy por encima de la media nacional, que alcanza el 16%, siendo la comunidad con mayor tasa de abandono. Bajar la ratio en las clases de las diferentes etapas educativas, aumentar el número de plazas públicas en los ciclos de formación profesional o ampliar la oferta formativa, son algunas de las medidas propuestas.

8 – TERCER SECTOR

La prestación de servicios sociales a personas en riesgo o situación de exclusión debe ser de calidad y continuada en el tiempo para que realmente tenga impacto individual y colectivo. No puede ser cortoplacista ni depender de subvenciones anuales.

9 – SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

La población más vulnerable no está siendo atendida de una manera ágil, integral y presencial por servicios tan básicos y necesarios como los Servicios Sociales Comunitarios y la Atención Primaria de Salud, lo que hace que siga aumentando la desigualdad y la pobreza. Demandamos por tanto que los  equipos humanos de SSCC y Salud deben ser reforzados, además de avanzar en la implementación   de una historia social única, que «humanice» el trato    a las personas.

10 – COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Es necesario promover una cooperación alineada con un enfoque para el desarrollo sostenible que contribuya a la puesta en práctica de la Agenda 2030. Andalucía debe destinar a lo largo de la próxima legislatura el 0,7% de su presupuesto autonómico a la Cooperación al desarrollo.

 

DECÁLOGO ELECTORAL – ELECCIONES ANDALUZAS – 19 JUNIO 2022

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TRABAJANDO PARA ERRADICAR LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

Una persona que recupera un lugar para vivir, puede volver a recuperar su vida

  • El Programa de Personas Sin Hogar de EAPN ANDALUCÍA gestiona 298 plazas para personas vulnerables
  • Aspectos básicos como son la salud, la gestión de su propia economía, sus relaciones sociales, y por supuesto, trabajar y formarse en el área socio laboral forman parte de la atención hacia las personas sin hogar.

Sevilla, martes 14 de junio. –  La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) coordina el Programa Extraordinario de Personas Sin Hogar que está financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y tiene como objetivo luchar porque todas las personas que viven en la calle, puedan habitar en un lugar adecuado, que salvaguarde los aspectos más básicos de las personas beneficiarias, como son la salud, la gestión de su propia economía, sus relaciones sociales, y por supuesto, trabajar y formarse en el área socio laboral.

Este proyecto surge por la puesta en marcha en 2019 por parte de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de una serie de medidas para hacer frente los efectos de la pandemia y de la crisis económica en la población más vulnerable. A través de un acuerdo del Consejo de Servicios Sociales, se aprueba crear la Primera Estrategia de Sinhogarismo en Andalucía, no sólo basada en otorgar alojamiento, sino también trabajar todo tipo de herramientas para su inserción social. En él hay plazas para atender a 298 personas, 138 plazas en unidades de viviendas, que están teniendo una ocupación del 98% y 160 plazas en los centros de día, cuya ocupación es del 94%.

Los centros de día constituyen un espacio de seguridad durante el día y satisface necesidades básicas de alimentación, higiene y descanso entre otras, suponiendo un paso previo para avanzar hacia un recurso más estable en el tiempo como son las unidades de vivienda. Las viviendas suponen un sitio seguro, son espacios residenciales que aportan más equilibrio a la persona, incorporándose a un itinerario social y laboral, donde además se trabajan competencias transversales del ámbito relacional, la economía doméstica, la salud o la convivencia.

En 2021, más 253 personas han convivido o lo siguen haciendo en las unidades de vivienda, de las que más de 120 se han reincorporado al mercado laboral, han accedido a un alquiler propio o han alcanzado una situación de éxito en el programa. Han sido valorados casi 500 casos para acceder a este recurso.

En este mismo período, se han realizado 240 atenciones diarias a través de los 8 centros de día distribuidos por toda Andalucía. De las 160 atenciones diarias previstas inicialmente, se está atendiendo el 150% más de lo estimado. El número de personas que acuden habitualmente a los recursos ha sido de 1540 personas, que se encuentra en situación de sinhogarismo.

Más de 60 profesionales trabajan en toda Andalucía para combatir esta situación de sinhogarismo, otorgándoles herramientas para romper con este escenario, un acompañamiento necesario para conseguir la autonomía de la persona. Las entidades pertenecientes a EAPN Andalucía que llevan a cabo este programa en las diferentes provincias de Andalucía son: Accem, Nuevo Hogar Betania, Fundación Cepaim, Fundación Atenea, Andalucía Acoge, Cáritas Andalucía, INPAVI, Inserta Andalucía, Asociación Andaluza Proyecto Hombre y Médicos del Mundo.

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Encuentro Estatal de Diálogo Estructurado para la generación de propuestas de cambio social y mejora de las políticas públicas

AFORO LIMITADO, INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA ANTES DE LAS 16:00h DEL 15 DE JUNIO. SE CONFIRMARÁ ASISTENCIA POR CORREO ELECTRÓNICO A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE JUNIO

EAPN-ES celebrará los días 4 y 5 de julio, en el Colegio Mayor Miguel Antonio Caro de Madrid (Avenida de Séneca, 6. Madrid), el Encuentro Estatal de Diálogo Estructurado para la generación de propuestas de cambio social y mejora de las políticas públicas.

El Encuentro se dirige principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años, en situación de vulnerabilidad social, de las diferentes comunidades y ciudades autónomas de España. Así mismo, asistirán a este espacio de diálogo decisores políticos y personas expertas en políticas de juventud, representantes de Administraciones públicas, personal técnico y voluntario de entidades del tercer sector, además de otros actores sociales.

En este contexto de recuperación post pandemia y en el marco del Año Europeo de la Juventud, desde EAPN-ES ponemos especial énfasis en la real y necesaria participación de la juventud con mayores dificultades en la vida democrática, con el fin de que la incidencia social y política obtenga el impacto más preciso en términos de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

El Encuentro tendrá como objetivo generar un espacio de diálogo en el que los y las jóvenes puedan debatir y hacer oír su voz ante las instituciones públicas, formulando posiciones, propuestas y recomendaciones en torno a temas sensibles en la actualidad, entre otros: cultura y ocio saludable, el acceso a una vivienda digna o a un empleo de calidad, la lucha contra el cambio climático, la generación de igualdad y diversidad en nuestras sociedades.

Dichas recomendaciones serán presentadas por los/as jóvenes participantes a representantes políticos y tomadores de decisiones en los espacios de Diálogo Estructurado previstos en el Encuentro.

Además para empezar a trabajar algunos de los temas que luego se profundizarán en el Encuentro se celebrará el lunes 4 de julio el Taller previo: «Gobierno abierto, innovación y participación juvenil» en horario de 11:00h a 14:00h en las mismas instalaciones del Colegio Mayor.

Borrador de programa:

¡HAZ QUE SE OIGA TU VOZ ¡Desde EAPN-ES consideramos que es fundamental contar con la visión de la juventud para elaborar recomendaciones de mejora de las políticas de juventud! #VOZJOVEN

EAPN AndalucíaEncuentro Estatal de Diálogo Estructurado para la generación de propuestas de cambio social y mejora de las políticas públicas
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Cuando marcas la X Solidaria en la renta tu ayuda llega a más de 200 mil niños, niñas y adolescentes y mejora la vida de casi 150 mil familias

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  • Más de 5 millones de euros recaudados con la casilla de Fines Sociales se han destinado a proyectos de atención directa para la infancia y jóvenes.
  • De la recaudación total 1.379.400€ se han destinado a ayudar a familias en situación de vulnerabilidad.
  • 149.533 familias, así como 231.341 niños, niñas y personas jóvenes han recibido atención directa a través de distintos proyectos que realizan las ONG financiados con la casilla X Solidaria de la renta.

Gracias a las personas que marcan la X Solidaria en su declaración de la renta cada año las ONG ponen en marcha distintos proyectos sociales que ayudan a niños, niñas y jóvenes, así como a familias en situación de vulnerabilidad.

La pandemia de la COVID-19 y la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado a lo largo de los dos
últimos años no ha hecho otra cosa que generar lo que UNICEF, en el informe «Evitemos una década perdida.
Medidas urgentes para revertir el efecto devastador de la COVID-19 sobre la infancia y la juventud», ha
clasificado como “la peor crisis de la infancia” y ha puesto en peligro “décadas de progreso en cuestiones
fundamentales para los niños, como la pobreza, la salud, el acceso a la educación, la nutrición, la protección
de la infancia y el bienestar mental.” El informe revela también que, casi dos años después de la pandemia,
los efectos generalizados de la COVID-19 “siguen agravándose, mientras aumenta la pobreza, se arraiga la
desigualdad poniendo en peligro los derechos de la infancia.”

Estos efectos también han sido destacados en el informe Propuestas de Infancia para la XIV legislatura 2022:
La infancia en el centro de las políticas públicas de Plataforma de Infancia, donde se identifican los altos
grados de pobreza infantil generados a raíz de que en muchos hogares vulnerables se ha producido un mayor
deterioro de las condiciones socioeconómicas, además de que se observa “una tendencia de incremento en
algunos indicadores como que el 23,6% de la infancia no puede permitirse mantener la vivienda con una
temperatura adecuada en invierno.” A estos datos de pobreza, resalta el informe, se le suman la violencia que
sufren los niños, niñas y adolescentes que suele darse en entornos de intimidad y que la pandemia agravó, ya
que en 2020 se presentaron 35.778 denuncias que tenían como víctima una niña, niño o adolescente, siendo
el maltrato físico y el psicológico, seguido de la violencia de género, la negligencia y la desatención o el abuso
sexual las tipologías más atendidas.

Para ayudar todo lo posible a estas familias, así como a los niños, niñas y adolescentes en especial situación
de vulnerabilidad, en 2021 se destinaron 5.196.468€ de la recaudación obtenida gracias a quienes marcan la
casilla de Fines Sociales en su renta, que atendieron a 231.341 niños, niñas y personas jóvenes de
nuestro país; así mismo se destinaron 1.379.400,85€ a proyectos sociales para ayudar a 149.533 familias.

De esta manera, gracias a la recaudación de la X Solidaria la Plataforma de Infancia, red que integra a 75
organizaciones de infancia, realiza acciones de incidencia política para mejorar la defensa de los derechos de
niños, niñas y adolescentes. Gracias, en gran parte a este trabajo, en 2021 se aprobó en el Congreso de los
Diputados la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI),
una demanda histórica de las organizaciones de infancia. También gracias a X Solidaria la Plataforma de
Infancia impulsa programas de participación infantil y adolescente para que las niñas y niños hagan llegar sus
propuestas a las administraciones públicas en aquellas cuestiones que les pueden afectar a través de su
estrategia “La Infancia Opina”. Además, gracias a esta recaudación diversas organizaciones que forman parte
de la Plataforma de Infancia desarrollan programas que permiten mejorar la situación de los niños y niñas en
situación de vulnerabilidad.

La X Solidaria también da apoyo escolar, acompañamiento social e información, así como los recursos
materiales necesarios del proceso educativo a niños y niñas de entre 6 y 16 años que presentan dificultades
en su proceso escolar obligatorio y pertenecen a familias en situación de riesgo de pobreza y exclusión,
gracias a Cruz Roja y a su proyecto Promoción del Éxito Escolar, cuyo objetivo es facilitar su acceso a
servicios y recursos que le ayuden a mejorar su rendimiento escolar. La labor de Cruz Roja con la infancia y
las familias en dificultad social alcanzan anualmente a más de 326.000 niños, niñas y adolescentes. Su ayuda
también llega, gracias a la casilla de Fines Sociales, a familias de acogida de menores separados de sus
familias, a través del proyecto Ser AcogedorA, que ofrece información y orientación a personas interesadas en
esta medida de cuidado alternativo, así como apoyo y soporte a través de profesionales especializados
mediante diversos canales para resolver dudas o buscar información de manera anónima y gratuita como la
plataforma web Ser Acogedor/A para conocer otros testimonios, acceder a recursos de crianza en positivo y
consultar documentación específica de su autonomía.

Por su parte y gracias al programa de Educación, Participación y Derechos de la Infancia financiado con la X
Solidaria, desde Scouts de España se ha sensibilizado y empoderado en relación con la Convención de los
Derechos de la Infancia a través de acciones en el marco de la educación en el ocio y el tiempo libre. En ellas
se fomenta la calidad de vida, la igualdad de género, la inclusión social, la convivencia, la participación, así
como el aprendizaje de los derechos de la infancia, su reivindicación y detección de situaciones en las que son
vulnerados contribuyendo al desarrollo personal y social de la infancia, adolescencia y juventud. Se ha
continuado apostando por espacios que fomenten la participación protagónica, real y efectiva de la infancia y
la juventud.

En una línea de trabajo similar, a través de proyectos como Educando en prevención. Aplicación de la LOPIVI
en el Tiempo Libre Educativo, DIDANIA y sus entidades miembros trabajan de forma continua en entornos
protectores basados en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia (LOPIVI) y el buen trato, desarrollando recursos e iniciativas con todos los miembros de la
Federación y generando un espacio donde las entidades no sólo reciben de forma pasiva recursos, sino que
formen parte de la creación de los mismos aportando su experiencia y conocimientos y siendo capaces de
adaptarlos a su propia realidad. Así mismo desarrollan el proyecto Objetivos de Desarrollo Sostenible
participativo y elaboración de entidades de educación no formal y recursos con el que buscan no sólo
sensibilizar al sector y conocer su relación actual con respecto a las propuestas de la Agenda 2030, sino que
pretende elaborar una Guía práctica sobre los ODS para entidades de Tiempo Libre Educativo.

En lo referente a niños y niñas con discapacidad, gracias a la X Solidaria, Autismo España desarrolla dos
importantes proyectos para la infancia con trastorno del espectro del autismo (TEA). El primero, destinado a
mejorar en detección, diagnóstico precoz y buenas prácticas en atención temprana; y es que, cuando existen
sospechas de TEA, es fundamental realizar una valoración diagnóstica exhaustiva que descarte o confirme el
diagnóstico, para que los niños y niñas con autismo accedan cuanto antes a una atención temprana
especializada que favorezca su calidad de vida y la de sus familias. El segundo está vinculado al ámbito
educativo, para garantizar el derecho del alumnado con TEA a una educación de calidad, individualizada y
libre de acoso escolar, que potencie su desarrollo personal, su éxito académico y su inclusión social.

Por otro lado, en el marco del programa para la Promoción de la vida independiente y la inclusión en la
comunidad de las personas con discapacidad auditiva, entre otras acciones, FIAPAS lleva a cabo su
Estrategia de Participación de Infancia para el impulso de la participación infantil, clave para el
empoderamiento, el conocimiento y la defensa de derechos de los niños, niñas y adolescentes con sordera. Al
mismo tiempo, FIAPAS coordina el trabajo en red de su Movimiento Asociativo, generando sinergias
orientadas a la atención integral y especializada a las personas con sordera y a sus familias, ejecutando
acciones coordinadas para la promoción y defensa de sus derechos.

Se destaca también que con la casilla 106 de Fines Sociales se financian programas para la promoción y la
igualdad de oportunidades de la población gitana. Como parte de toda su actividad, la Fundación
Secretariado Gitano (FSG), gracias al IRPF, acompaña a las familias gitanas en peor situación social y
económica con servicios de atención a sus necesidades básicas, en coordinación con los recursos públicos.

Además, apoya y orienta a las familias en el acceso a una vivienda digna e inclusiva y favorece la promoción
de su salud. Trabaja para romper el círculo intergeneracional de la pobreza y la exclusión social, y para facilitar
el acceso a oportunidades socioeducativas de calidad a niños y niñas gitanas. Así mismo favorece la inclusión
social de mujeres gitanas con mayores dificultades y las acompaña en su proceso de empoderamiento para
que formen parte activa en la sociedad.

Para atender a las familias la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) desarrolla, gracias a la X Solidaria,
programas que mejoran el bienestar de las familias, divulgando la mediación familiar para apoyarlas en casos
de ruptura de pareja o cuando surgen problemas de convivencia con hijos e hijas adolescentes. Además.
Además, ofrece pautas para mejorar las relaciones y el funcionamiento de las familias reconstituidas, así como
para prevenir las conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes a través del fomento de la parentalidad
positiva. A esto se suma el programa ‘Somos diversas, somos familia’, con el que la entidad sensibiliza sobre
la diversidad familiar para un mayor reconocimiento social, un abordaje profesional adecuado y el
empoderamiento de las propias familias diversas.

En el ámbito de la violencia de genero también se financia programas especializados en la infancia, de esta
manera, desde la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) se lleva a cabo un programa para prevenir y
proteger a menores víctimas de la violencia de género, a través del cual se forma a profesionales para que
puedan detectar casos y sepan intervenir adecuadamente. También se dota a las mujeres víctimas de
espacios para el desarrollo de su autonomía como figuras de protección de sus hijos e hijas. Otro programa
de sensibilización en violencia de género y menores de la FMP desarrolla es Veo, Veo… ¿Tú me ves?,
proyecto que, tras la publicación de un documental sobre el tema y dirigirse a la comunidad educativa, este
año está especializado en el ámbito jurídico.

La ayuda también llega al ámbito rural, ya que COCEDER desarrolla gracias a la financiación de la X
autonómica en algunos de sus centros de desarrollo rural programas como el de refuerzo educativo en el CDR
La Safor (Beniarjó); el CDR Alt Maestrat (Albòcasser) lleva a cabo programas de conciliación familiar y laboral
para favorecer que las madres participantes puedan disponer de tiempo para formarse, trabajar y/o disfrutar de
tiempo libre, igual que el programa «Nuevas raíces» de acogida en las unidades de convivencia, con el que se
realiza un acompañamiento cercano a la mujer y sus hijas e hijos para favorecer su proceso de inclusión. En
los centros de desarrollo rural de Castilla y León se realizan programas de apoyo a familias con menores
dirigidos a facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

Asimismo, cabe destacar que la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular desarrolla con cargo a
IRPF o X Solidaria, la colaboración de la Junta de Extremadura en tres de sus centros infantiles: Las Casas de
Niñas y Niños «La Casita» en Losar de Vera, «Dulce Chacón» en Plasencia y «La Casa Verde» en Coria. Los
tres proyectos financiados son parte de su red de espacios educativos, que lo conforman quince centros, que
giran en torno a salvaguardar y promover los derechos de las niñas y niños como rasgos diferenciados. Sus
escuelas parten de las necesidades personales de cada momento y contexto, y dan la posibilidad de adaptar o
modificar los planteamientos educativos, las normas, el marco de relaciones, los planes de trabajo, etc. a cada
circunstancia y peculiaridad. Un rasgo diferencial es que las familias, en estos proyectos, son partícipes de las
experiencias y actividades de cada centro de forma cotidiana.

La campaña X Solidaria, dirigida a informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la
casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración de la renta anual, es coordinada por la
Plataforma de ONG de Acción Social.

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Comunicado de la Plataforma por la Justicia Fiscal de Andalucía de cara a las elecciones del 19-J

La Plataforma por la Justicia Fiscal de Andalucía (PxJF-A), en su compromiso con la justicia fiscal como elemento necesario para avanzar en la justicia social, quiere trasladar a la opinión pública andaluza las siguientes reflexiones ante las próximas elecciones autonómicas:

  • Entendemos necesario recordar en este momento que los tributos son las contribuciones de los agentes económicos a la financiación del gasto público y, como tales, deben ser suficientes para el mantenimiento del Estado de Bienestar que la sociedad demanda, así como regirse por los principios de igualdad y de progresividad que marca la Constitución Española en su artículo 31. En dicho artículo, el principio de igualdad, implica que, a igual capacidad económica, la contribución tributaria ha de ser la misma. Y el de progresividad, que garantice que cuanto mayor sea la capacidad económica, mayor debe ser la contribución.
  • Andalucía tenía en 2020, según el INE, un PIB por habitante equivalente al 75% de la media nacional y una Tasa de Pobreza del 28,5%, más de un tercio superior a la del conjunto de España. Además, es la tercera Comunidad con una mayor Tasa de Riesgo de Pobreza y Exclusión (Tasa AROPE), un 33% mayor que la media del país. Asimismo, sufre una de las mayores tasas de desigualdad.
  • Su financiación es muy insuficiente, siendo en 2021 la penúltima Comunidad Autónoma en presupuesto per cápita de todo el país (Fundación CIVIO).Frente a esta realidad, la inversión por persona en los principales servicios públicos, claves para paliar las desigualdades que produce la economía, en educación es solo ligeramente superior a la media y, en sanidad, muy inferior, lo que ha agravado aún más la atención pública en estos tiempos de crisis sanitaria. Sin esfuerzos públicos adicionales en estos servicios no se puede avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad andaluza.

  • En cuanto a la suficiencia, hay que destacar que España tiene todavía una “presión fiscal” menor que la que tiene el conjunto de la UE y mucho menor que la de los países de nuestro entorno. Cualquier disminución de los ingresos fiscales y, más aún en el caso de Andalucía, tan necesitada de más y mejores servicios públicos, tendría un impacto social que puede ser definitivo para personas que están en riesgo de caer o de quedar atrapadas permanentemente en dinámicas de exclusión.
  • Y en cuanto a la progresividad, destacamos que cualquier reducción lineal en los tipos de gravamen sobre impuestos progresivos (como en el IRPF) tiene el efecto contrario, así como la reducción de aquellos que afectan en particular a las riquezas más altas, patrimonio o sucesiones, salvo que se compensaran con otras figuras impositivas progresivas.
  • Aplicar medidas regresivas en el sistema tributario andaluz conllevaría una reducción de la parte autonómica de inversión en políticas de protección social que amparan especialmente a quienes tienen las rentas más bajas.
  • Por otra parte, la realidad se ha encargado de desmentir sobradamente que a una bajada de impuestos seguiría automáticamente una mayor actividad económica por parte del sector privado.

A partir de estas reflexiones, nuestras demandas son:

1. Pedimos que cualquier reducción de los ingresos públicos que se propugne sea evaluada con transparencia, dejando claro a quienes beneficia y en qué cuantía, así como qué reducción del gasto público supondría y a quién le afectaría en particular.

2. Recordando que España tiene todavía menor “presión fiscal” que los países de nuestro entorno y teniendo en cuenta los actuales niveles socioeconómicos de Andalucía, propugnamos medidas que, manteniendo el principio de progresividad, puedan incrementar los recursos públicos de nuestra Comunidad. Esto, más allá de la habitual simplificación limitada a debatir en genérico lo de “si subir o bajar impuestos” que, no olvidemos, son las contribuciones sociales de todos para el mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar.

3. Por lo anterior, instamos a todos los partidos políticos que concurren a estas elecciones a que aporten iniciativas tendentes a aumentar la progresividad fiscal, incrementar la lucha contra el fraude y cumplir el principio de suficiencia, garantizando el sostenimiento de los servicios públicos como el más eficaz camino para la mejora de las condiciones de vida de los andaluces y andaluzas.

EAPN AndalucíaComunicado de la Plataforma por la Justicia Fiscal de Andalucía de cara a las elecciones del 19-J
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IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS PARTICIPACIÓN DE EAPN-ES

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El plazo de recepción de candidaturas finaliza el próximo 1 de junio de 2022

La Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-España) convoca la IV Edición de los ‘Premios Participación’ #PremiosEAPN.

El objetivo principal de los #PremiosEAPN es reconocer a las diversas entidades sociales, empresas y/o administraciones públicas comprometidas y ejemplares en experiencias, procesos y metodologías de participación, así como los proyectos o iniciativas innovadoras. También pretenden potenciar y favorecer las relaciones entre proyectos, instituciones y organismos públicos y privados, desde lo local a lo estatal, vinculados al ámbito de la participación, en especial, de personas en situación o riesgo de pobreza o exclusión social.

Los premios constan de dos categorías:

  • Facilitadora del cambio social para organizaciones públicas o privadas que durante su trayectoria hayan sido motor en la promoción y generación de espacios de participación valorando especialmente el desarrollo de programas y/o prácticas permanentes.
  • Experiencia Transformadora donde se premiarán y reconocerán experiencias, iniciativas, proyectos y/o actuaciones destacadas en materia de participación.

El inicio del proceso de recepción de candidaturas se da por iniciado con la publicación de las bases.

Para proponer las candidaturas será necesario cumplimentar y enviar el formulario de candidatura al correo electrónico: participacion@eapn.es indicando en el asunto “IV Premio de Participación EAPN-ES”. Las candidaturas podrán enviarse hasta el 1 de junio de 2022 a las 23:59h.

El jurado estará formado por dos miembros de la Comisión Permanente de EAPN-ES, por una persona de reconocido prestigio en el ámbito social y de la participación a través de la representación de su organización o a nivel individual, por una persona representante del grupo de participación de EAPN-ES y una persona de la Secretaría Técnica.

El fallo del Jurado, será inapelable, y será publicado el 1 de julio de 2022.

El acto de entrega se celebrará en Gijón durante el próximo 27 de septiembre, en el marco del Encuentro Estatal de Participación de EAPN-ES.

¡Consulta las bases y participa!

#PremiosEAPN

EAPN AndalucíaIV EDICIÓN DE LOS PREMIOS PARTICIPACIÓN DE EAPN-ES
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Marcando la X Solidaria en la renta se lucha contra la pobreza y exclusión social

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  • Marcar la casilla 106 de Fines Sociales en la renta puede mejorar la situación de más de un tercio de la población que vive en situación de pobreza y/o exclusión social en España.
  • 12,5 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social en España, de los cuales casi 3 millones son personas jóvenes y 1,4 millones están en situación de exclusión severa.

Las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España, no han hecho más que aumentar en los últimos años. La crisis sanitaria, social y económica que ha generado la pandemia de la COVID19, no ha hecho sino agravar la situación de millones de personas que ya estaban en una situación de extrema vulnerabilidad.

El indicador AROPE en 2020, recogido en el informe de EAPN-ES El estado de la pobreza seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2020, señala que 12,5 millones de personas (el 26,4% de la población) se encontraban en riesgo de pobreza y/o de exclusión social, lo que supone un aumento de más de un punto porcentual respecto al año anterior, es decir, unas 620.000 personas más que en 2019 están en riesgo de pobreza o exclusión social.  Datos que el informe de la Fundación FOESSA constata también, ya que pone de relieve el empobrecimiento de la población española como consecuencia de la pandemia: cuatro de cada diez personas están en situación de exclusión social, determina. Además, el informe también pone en evidencia que la pandemia ha tenido una mayor incidencia en las personas jóvenes (16 – 34 años): según los últimos datos la pandemia ha hecho que las cifras aumenten hasta los 2,7 millones personas jóvenes en situación de especial complejidad, 1,4 millones del total en exclusión severa.

Es por ello que las ONG siguen desarrollando cada año diversos proyectos que ayuden a los diferentes colectivos que se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social: personas sin hogar, personas con discapacidad, mujeres, infancia y familia, personas migrantes, población gitana, personas mayores, población rural… todas ellas, hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades, son ayudadas por las ONG a través de distintos proyectos financiados gracias a las personas contribuyentes que marcan la casilla 106 de Fines Sociales o X Solidaria en su declaración de la renta.

Gracias a las personas que la marcan, las organizaciones sociales pueden tomar medidas que pongan freno a esta desigualdad latente, ya que, como destaca también FOESSA “el Índice Sintético de Exclusión Social (ISES) ha aumentado un 31% para el conjunto de los hogares y que es el grupo de la exclusión severa en el que las distintas desigualdades se multiplican, el que se encuentra claramente amenazado de fractura respecto del resto de la sociedad.” Por ello es tan importante marcar la X Solidaria en la renta, ya que, 679.408 familias en España, según una estimación propia basada en los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, reciben ayuda directa, para las que se destina un importe total de casi 690 mil euros de la recaudación anual.

Para seguir haciendo posible que esta ayuda se haga real y siga llegando a todos esos hogares y familias, así como a las personas que lo necesitan, las ONG siguen pidiendo año tras año, que en el periodo de la renta se realice este sencillo gesto que pone en marcha un sistema de ayuda y de respaldo social para intentar que ninguna persona se quede atrás. De esta manera, de entre los diversos programas financiados gracias a la X Solidaria, destaca el Programa de sensibilización y concienciación sobre la despoblación y la necesidad de emprendimiento en el medio rural de COCEDER, para lo cual desarrolla itinerarios integrados de inserción sociolaboral que promueve la inclusión social y lucha contra la pobreza. Gracias a este proyecto más de 1.100 personas fueron beneficiarias directas y un 24% de ellas han mejorado la inserción laboral. Además de este proyecto, gracias al IRPF, COCEDER también realiza el programa de Formación y apoyo a la inserción sociolaboral de las mujeres del medio rural para favorecer el empleo y su inclusión social; así como desarrolla, en diferentes comunidades autónomas, un programa de atención urgente a personas con especial necesidad del medio rural, con distribución de alimentos y suministros básicos para las personas en riesgo de exclusión social.

Por su parte gracias a la X Solidaria, UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, trabaja con personas reclusas y exreclusas con problemas de adicciones en centros penitenciarios y fuera de ellos. Solo en 2021, la red UNAD desarrolló seis programas marco en los que se atendieron a más de 1.300 personas privadas de libertad en áreas como la integración sociolaboral, la sensibilización de hombres en materia de igualdad de género o la educación para la salud. De esta manera, UNAD atiende las distintas vulnerabilidades de la población reclusa con problemas de adicciones.

Con la casilla 106 de Fines Sociales también se financian programas para la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana. Como parte de toda su actividad, la Fundación Secretariado Gitano (FSG), gracias al IRPF, acompaña a las familias gitanas en peor situación social y económica con servicios de atención a sus necesidades básicas, en coordinación con los recursos públicos. También apoya y orienta a las familias en el acceso a una vivienda digna e inclusiva y favorece la promoción de su salud. Trabaja para romper el círculo intergeneracional de la pobreza y la exclusión social, y para facilitar el acceso a oportunidades socioeducativas de calidad a niños y niñas gitanas. Así mismo favorece la inclusión social de mujeres gitanas con mayores dificultades y las acompaña en su proceso de empoderamiento para que formen parte activa en la sociedad.

Esta ayuda también llega a las personas con discapacidad, para evitar su exclusión social, de esta manera COCEMFE desarrolla un programa de inclusión laboral dirigido a promover el derecho al empleo de las personas con discapacidad física y orgánica, el desarrollo de su carrera profesional, y el acceso al mercado laboral. Para ello dispone de una red nacional de servicios de empleo, gracias al cual, en 2021, acompañaron a 1.482 empresas del país para su conversión en empresas inclusivas y socialmente responsables mediante la contratación de personas con discapacidad y la incorporación transversal de las necesidades de este grupo social en todas sus líneas de acción.

En relación a la prevención de la exclusión social en la infancia, desde Scouts de España trabajan en programas vinculados con el ámbito de la salud, el emprendimiento o los derechos de la infancia con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En todos ellos, se prioriza la inclusión no sólo de menores de colectivos desfavorecidos, sino también con distintas capacidades (físicas, psíquicas y sensoriales), niños/as y familias migrantes y todos aquellos que por su condición social y/o económica no pueden acceder a las actividades de ocio y tiempo libre. De este modo, participamos de un enfoque del tiempo libre, que entiende la educación como un mecanismo de transformación social, a través de la educación en valores y la implicación en los contextos más cercanos.

La campaña “X Solidaria”, dirigida a informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración de la renta anual, es coordinada por la Plataforma de ONG de Acción Social y cuenta con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma de Infancia y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.

EAPN AndalucíaMarcando la X Solidaria en la renta se lucha contra la pobreza y exclusión social
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Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Niñas y niños con discapacidad, inclusión desde el principio

Manifiesto del Movimiento CERMI

El 3 de mayo fue declarado por el Gobierno, mediante decisión del Consejo de Ministros, y a sugerencia del CERMI, Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, conmemorando así la fecha en que este tratado internacional de derechos humanos entró en vigor en todos los Estados parte, incluida España.

El propósito de este Día Nacional es generar conocimiento y provocar toma de conciencia, en todas las instancias, operadores, agentes y grupos de interés, de la discapacidad como una parte, digna y valiosa, de la diversidad humana, que solo puede entenderse y abordarse como una cuestión de derechos humanos.

La inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad deben necesariamente comenzar desde el principio, es decir, desde la infancia, pues las niñas y los niños con discapacidad y su entorno familiar, están más expuestas a la quiebra de sus derechos y a sufrir la carencia de apoyos y recursos que comprometan su proceso de inclusión, en esta primera etapa decisiva de sus vidas, condicionando gravemente las posteriores.

Según la última información estadística disponible (EDAD 2020, presentada en abril de 2022), en España hay 106.300 personas de entre seis y quince años que presentan alguna discapacidad, 70.300 niños y 36.000 niñas.

La noción de discapacidad de la Convención de 2006, conforme al modelo social, establece que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Por tanto, la consideración de personas con discapacidad, por supuesto también en la infancia, no cabe limitarla a aquellas que pudieran tener reconocido administrativamente un grado de discapacidad, sino que abarca a todas las personas que presenten una discapacidad con arreglo a la definición de la Convención.

Las niñas y los niños con discapacidad, como consagra el artículo 7 de la Convención de 2006, forman parte inseparable de la infancia, que es plural y diversa, con la que por justicia han de relacionarse e interactuar como unos iguales más, en entornos compartidos, inclusivos y respetuosos, sin que sean admisibles separaciones divisivas que los aparten de la vida en comunidad. Han de tener garantizada la relación interpersonal con todos los niños y niñas, incluidos los de su misma discapacidad.

Las niñas con discapacidad están particularmente sometidas a múltiples formas de discriminación, por lo que resulta esencial considerarlas como tales en todas las iniciativas, estrategias y acciones para adoptar adicionalmente las medidas precisas que aseguren que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones que las demás niñas, de todos los derechos humanos.

Las situaciones de discapacidad y las causas que las generan en la infancia deben apreciarse e identificarse lo más tempranamente posible, para lo cual los sistemas públicos de servicios sociales, de salud y educativos, en colaboración con el movimiento asociativo de la discapacidad, han de actuar eficaz y cooperativamente, a fin de preparar cuanto antes el programa integral y personalizado de apoyos que ha de acompañar a estas niñas y niños y a sus familias desde las primeras etapas vitales para proporcionar y asegurar un itinerario eficaz de inclusión.

La atención temprana y el desarrollo infantil, orientados siempre al logro de la máxima autonomía personal, con la participación de las familias, que han de disponer de apoyos efectivos, deben regularse como derechos subjetivos exigibles, vinculantes, universales y gratuitos para toda la infancia con discapacidad, así como con deficiencias o alteraciones de salud y en el desarrollo susceptibles de generar una situación de discapacidad, en condiciones de igualdad y sin distinciones hirientes por razón del territorio en el que se resida, sin retrasos y con la celeridad debida para abordar cuanto antes su situación de vulnerabilidad.

La educación, bien social de primera magnitud, es la base de una comunidad abierta y decente. El movimiento CERMI reitera su compromiso firme e indeclinable con la educación inclusiva, con apoyos efectivos y personalizados para este alumnado, horizonte al que hay que transitar con total determinación y colaboración de la comunidad educativa, con el liderazgo de las Administraciones educativas y mediante el diálogo civil con el sector social de la discapacidad.

El derecho a la salud y la garantía de una atención y prestaciones sanitarias de calidad, en las que se incluye la detección, el diagnóstico precoz y la prestación ortoprotésica, resultan cruciales para la infancia con discapacidad, que ha de gozar de estos derechos de manera inmediata, sin restricciones, barreras ni dilaciones.

Las niñas y los niños con discapacidad ha de tener garantizados relaciones y entornos seguros, en los que quede preservada siempre su integridad y bienestar, protegidos contra cualquier forma de violencia, maltrato y abuso, especialmente del acoso asociado a motivos de discapacidad y preservados contra la privación lingüística.

La discapacidad no es neutra en términos económicos y de renta. Las familias de personas con discapacidad y por tanto las niñas y los niños con discapacidad que en ellas viven, sufren más intensamente el riesgo de la pobreza y la exclusión, ya que la discapacidad lleva consigo casi siempre menor renta disponible y también mayor gasto, dándose el llamado agravio económico por motivos de discapacidad. Estas familias ingresan menos y gastan más.

Contra esta situación lacerante, se ha de prestar una consideración especial a la discapacidad, para otorgarle el mejor tratamiento en todas las políticas y sistemas de protección social y de salud (Seguridad Social, Sistema Nacional de Salud, servicios sociales, autonomía personal y atención a la dependencia, rentas básicas, fiscalidad, etc.), que compense o al menos atenúe ese castigo económico añadido.

La pobreza causa discapacidad y la discapacidad agudiza la pobreza y la exclusión, en las familias y en la infancia, por lo que todas las estrategias de lucha contra este mal social han de considerar a las niñas y los niños con discapacidad, ofreciendo respuestas reforzadas que aseguren unas condiciones dignas de vida y permitan el mejor desarrollo personal. La próxima implantación en España de la Garantía Infantil, como mecanismo específico dirigido al bienestar de la infancia, ha de asumir la dimensión inclusiva de atención intensificada a las niñas y los niños con discapacidad.

Las niñas y los niños con discapacidad tienen derecho a una imagen social positiva y respetuosa, apartada de sesgos y estereotipos, como parte de una diversidad humana valiosa en sí misma, que genere en la comunidad espirales de consideración y aprecio.

El ocio es una actividad de primera importancia para la infancia, incluidos por supuesto los niños y las niñas con discapacidad, que han de poder disfrutar de entornos recreativos y deportivos sin barreras ni exclusiones, contando con los apoyos necesarios para interactuar y participar en sus comunidades, favoreciendo el libre desarrollo y la formación de su personalidad.

La infancia con discapacidad que con sus familias reside en el medio rural sufre una exclusión acentuada, con muchos menos recursos y con la presión permanente de tener que abandonar su entorno de pertenencia para acudir a la ciudad en espera de recibir los apoyos que necesitan. Así pues, las niñas y los niños con discapacidad, y sus familias, deben figurar como dimensión específica en todas las políticas públicas de desarrollo rural inclusivo y de lucha contra la despoblación.

Las niñas y los niños en los que además de la discapacidad concurre otra condición o factor de exclusión múltiple (racial, étnico, migrante, protección internacional, familia monoparental, etc.) ven incrementados exponencialmente el riesgo o la amenaza para sus derechos, por lo que estas situaciones de discriminación deben ser abordadas interseccionalmente a fin de ofrecer protección más intensa y reforzada.

La infancia con discapacidad está expuesta a sufrir más acusadamente el aislamiento social. Es preciso combatir por todos los medios la soledad forzosa en los niños y las niñas con discapacidad.

Los datos y estadísticas oficiales han de reflejar la variable de infancia con discapacidad, allí donde esta sea un elemento relevante, diferenciada por sexo, ofreciendo una imagen fiel y actualizada de su realidad social, con el fin de proporcionar información rigurosa que permita adoptar las mejores decisiones legislativas y de políticas públicas.

Las niñas y los niños con discapacidad tienen personalidad, identidad y voz propias y están llamados a construir las decisiones que les afecten. Por ello, deben ser escuchados y tenidos en cuenta y han de estar en condiciones de participar plenamente, con los apoyos que puedan precisar, en todos los espacios relevantes para su desarrollo personal, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.

La infancia con discapacidad ha de ocupar una posición de máxima relevancia en las políticas públicas de un país que se considere avanzado socialmente y en la agenda política de cambio de los movimientos sociales tanto de la discapacidad como de la infancia, sectores que han de cooperar estrechamente desarrollando estrategias compartidas de mutuo refuerzo.

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La confianza como pilar del Liderazgo

Ya se han llevado a cabo la mitad de los Talleres formativos: liderazgo y diversidad de talento en las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla, con gran acogida por parte de las personas representantes de las entidades pertenecientes a EAPN Andalucía.
Aunque las palabras que más relevancia tienen a lo largo del programa son Liderazgo, Diversidad e Inclusión, el pilar de todas ellas es la Confianza y por eso comenzamos con diferentes dinámicas que tienen por objetivo no solo romper el hielo entre los asistentes, sino tomar consciencia de la importancia para lograr cualquier objetivo en una organización, el poder crear un espacio donde todos sus miembros se puedan mirar a los ojos y mostrarse tal y como son.
Una vez logrado ese reto, la función del líder será apostar por una estructura más horizontal que vertical, dando cabida a la amplia diversidad de personas y pensamientos que coexisten en la entidad, haciéndolos sentir valorados y escuchados, y fomentando así su necesidad básica de pertenencia y contribución social.
Invitamos a las entidades pertenecientes a las redes de Granada, Huelva, Almería y Jaén a participar en los próximos talleres.
Os dejamos las fechas:

 

Nuestro proyecto DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN EN LAS ENTIDADES SOCIALES está financiado por la Consejería de Igualdad Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

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